Tres años del Botànic: medio centenar de leyes para recuperar el Estado del bienestar

El Gobierno valenciano ha centrado sus esfuerzos durante estos tres años desde que cambió el signo político con el Pacto del Botánico entre el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, en recuperar derechos sociales y reforzar los pilares del Estado del bienestar, atendiendo a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Actualmente, según el registro de las Corts Valencianes, hay más de 60 leyes aprobadas durante esta legislatura. Bajan a 50 si restamos los decretos de derogación y las de presupuestos. De estas, la mayoría descansan en sanidad y servicios sociales, con especial atención también a las medidas de regeneración democrática y transparencia, aunque no siempre proceden de los departamentos homónimos -muchas parten de les Corts-.

En Sanidad, con Carmen Montón a la cabeza primero y Ana Barceló como recién estrenada sucesora, la labor de los tres años se centró en devolver el derecho de atención a todas las personas. Por un lado, con el decreto de Sanidad Universal, que el Gobierno central tardó poco en impugnar aunque una orden permitió aplicarlo en la práctica; por otro, con la reversión del hospital de Alzira, que ha marcado el camino para la recuperación de los hospitales privatizados. En esta línea, el Consell ha ido decretando la eliminación del copago farmacéutico para los colectivos más vulnerables y reconoce el derecho a una muerte digna de las personas.

Esta consellería ha colaborado también en iniciativas del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. La cartera de la vicepresidenta del Gobierno autonómico se ha dedicado a la reincorporación al sistema de los colectivos excluídos -o de los que estaban a punto de ser olvidados- y a desarrollar leyes contra la discriminación -la ley LGTBi o la Ley Trans, entre otras, que reconocen el derecho a la identidad y expresión de género-. Respecto al primer punto, la clave está en la nueva renta valenciana de inclusión, que unifica todas las ayudas y simplifica los trámites para las personas de los estratos más vulnerables. 

Buscando que la acción pública sea más efectiva se ha diseñado el nuevo modelo de servicios sociales,  con una estructura similar a la del servicio público de salud, con zonas básicas, áreas y departamentos que articularán sobre el territorio los recursos de la atención primaria, la atención de carácter específico y la atención secundaria o residencial.  La reformulación del sistema de valoración de dependencia fue de las primeras medidas que adoptó el departamento de Oltra. Con el aumento de evaluadores para “desatascar” el sistema colapsado, son más de 66.000 las personas incorporadas al sistema de dependencia y, según los datos de la consellería, la lista de espera se redujo a la mitad en marzo.

Siguiendo la línea de recuperación de derechos, la Conselleria de Vivienda impulsó la Ley sobre la Función Social de la Vivienda, que prohíbe los desahucios, y las Corts la iniciativa para paliar la pobreza energética. En Infraestructuras y Obras Públicas, las otras dos patas de la consellería de Maria José Salvador, no se ha avanzado demasiado, con la falta de financiación autonómica como obstáculo principal.

En Educación, con Vicent Marzà al frente, se han hecho importantes esfuerzos para fomentar el valenciano en las aulas, que han generado alarma en la oposición, llegando a los recursos judiciales. La paralización del decreto de plurilingüismo llevó al Ejecutivo a pasar el balón a las Corts, que han diseñado entre PSPV, Compromís y Podemos un modelo de programas por porcenatjes a partir de mínimos de valenciano, castellano e inglés.

La eliminación de los barracones y de Ciegsa, la empresa pública que los gestiona, cuesta más de lo previsto, como ha reconocido el Ejecutivo en varias ocasiones. No obstante, se ha puesto en marcha el Pla Edificant que prevé la implicación de los ayuntamientos y las diputaciones en la construcción de centros escolares, se ha extendido la gratuidad de las escuelas infantiles de 2 a 3 años y se puso en marcha Xarxa Llibres, para hacer gratuitos los libros de texto en las escuelas. 

Entre las normas más esperadas estaba la de recuperación del servicio público de radiotelevisión que, si bien tardó lo suyo, dio origen a la creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y al inicio de las emisiones de À Punt Media.

Transparencia, sin hacer demasiado ruido, ha creado una serie de normativas en favor de lo que lleva en su nomenclatura. La ley de cuentas abiertas permite acceder a los movimientos del Ejecutivo autonómico, mientras que la de Responsabilidad Social exige una serie de compromisos -medioambientales y para con los derechos de los trabajadores- a la hora de acceder a contratos públicos. 

Sobre transparencia y regeneración democrática, aunque no partiendo de la conselleria, se ha elaborado vía parlamentaria la ley de incompatibilidades de cargos públicos y la de publicidad institucional, que prohíbe subvencionar a los medios de comunicación con anuncios de prostitución. El departamento de Manuel Alcaraz también ha reformulado el mapa de la cooperación, dañado tras el caso Blasco, que incluye también los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Sobre regeneración democrática y recuperación de la memoria histórica, el departamento de Justicia aprobó la ley de Memoria Democrática, que busca la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista.

El Botànic también se ha puesto las pilas con el feminismo, aprobando una ley para la paridad en todos los organismos estatutarios y, sobre todo, con el pacto valenciano contra la violencia machista, que equipara a las víctimas con las del terrorismo. Además, los menores serán considerados víctimas directas de la violencia y se provocará que el agresor abandone el hogar, no las agredidas.

Los encontronazos del Gobierno central

Gobernar con colores distintos a los del un Gobierno central monocromo iba a tener una serie de dificultades que quizá en el Palau de la Generalitat no se esperaban. Por un lado, siendo la más importante por volumen de recursos, la reforma del sistema de financiación. Tres años peleando por un modelo, buscando acuerdos con otras comunidades autónomas, creando comisiones de expertos que analizaran el déficit financiero valenciano, para que en los últimos días de Mariano Rajoy en la Moncloa se diera carpetazo al asunto apelando a un acuerdo entre PP y PSOE.

Con la reclamación de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado -claramente insuficientes para lo que corresponde a los valencianos- ocurrió algo similar: Hacienda -entonces era ministro Cristóbal Montoro- hizo oídos sordos, igual que Fomento -Íñigo de la Serna- que olvidó pelear por el Corredor Mediterráneo ante Bruselas. Pedro Sánchez sigue la línea de Rajoy en estos puntos; ni financiación nueva, ni presupuestos nuevos.

Pero quizá el encontronazo más repetido entre administraciones ha sido en el Tribunal Constitucional, una instancia a la que acudía periódicamente el Ejecutivo central presidido por Mariano Rajoy cuando el valenciano aprobaba alguna ley social -sanidad universal, vivienda digna, pobreza energética- con la excusa de la invasión de competencias. Anuló también las tres normas que dejaban algún rastro de derecho civil propio.

Las patas que cojean

El Consell ha dejado de lado o se ha atragantado con una serie de cuestiones, entre las que destacan la reforma de algunas estructuras culturales y la búsqueda de un nuevo sistema productivo y modelo económico. El contexto no ayudaba demasiado, con un Ejecutivo central gravando el IVA cultural, con escaso interés en fomentar nada relacionado con la lectura y con un modelo ideológico -también en lo económico- totalmente contrario al del Botànic.

En Cultura, la ley de mecenazgo está pendiente de aprobación y el Palau de les Arts ha sido encarrilado hacia un nuevo modelo de funcionamiento no sin superar una crisis creada por la dimisión del intendente heredado del PP, Davide Livermore. La creación de un director económico y otro artístico, mediante la convocatoria de un concurso, es  la vía elegida.

Por otro lado, el vaciado de las Diputaciones, pretensión de los tres partidos del Botànic, tampoco lleva el ritmo deseado. Según avanzó el president en el último pleno, intentará resucitar la ley de coordinación de administraciones, para que después del segundo escándalo de Divalterra -antigua Imelsa- quede la mínima oportunidad para meter la mano. Otras que llegarás tarde serán la ley de comarcalización y la electoral, aplazadas de momento, y que cuatro formaciones llevan en su programa. De la Auditoría Ciudadana poco se ha sabido desde que se plasmara en el Pacto del Botánic.

Al Gobierno de progreso también se le ha hecho bola tocar algunos 'lobbies', como el de los envases y la gestión de residuos. Las disputas sobre el SDDR (El sistema de devolución y retorno de envases) dentro de la consellería de Medio Ambiente y con los gestores de grandes superficies comerciales -que no querían asumir el coste e implementarlo- terminaron con la salida del secretario autonómico Julià Álvaro y, con él, se dejó de hablar de estas siglas.

Otra piedra fue la tasa turística, una propuesta de Podemos que Compromís apoyaba y cuya negociación hizo tambalear el acuerdo de legislatura. Finalmente, tampoco se implantó este impuesto para foráneos que pretendía reducir las externalidades negativas del turismo, que asumen los vecinos. En esta materia, el departamento de Francesc Colomer ha optado por pelear contra los alquileres irregulares y el intrusismo, alentado por la patronal. La protección de los derechos de los trabajadores -como las Kellys- ha venido por iniciativas parlamentarias de Podemos.

Creación de agencias

En estos tres años de Gobierno del Botánico se han creado tres agencias dependientes de Presieencia y otra  surgida directamente de las Corts. Las primeras son la de Emergencias, que coordina el 112 y la policía autonómica; la de Turismo, que ha buscado un modelo más “hospitalario” para los visitantes, y la de Innovación. Por su parte, la Agencia Antifraude, que tiene capacidad de prevenir y detectar las malas prácticas ha empezado a funcioanr tras algún conflicto con la Conselleria de Transparencia, para delimitar protocolos similares.

A propuesta de Podemos, se aprobó la creación de una agencia contra el cambio climático, que aún no ha arrancado.