Algunos técnicos de Ciegsa, la empresa pública de la Generalitat encargada de la construcción y de la reforma de los colegios valencianos, percibieron el sospechoso olor que desprendían los cotidianos sobrecostes millonarios. Uno de ellos, testigo en la causa, anotó caso por caso sus sospechas en una tabla que ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abrir nuevas vías de investigación en la pieza sobre Ciegsa que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
R.C.P., arquitecto del departamento de obras de la empresa pública, aportó “de forma voluntaria” a la UCO una tabla elaborada por él mismo sobre las irregularidades en los sobrecostes en la construcción de algunos colegios. La Guardia Civil, tras analizar los expedientes de contratación de más de una decena de colegios, otorga verosimilitud a las “posibles irregularidades en su tramitación” e incluso a la “falsedad” de las justificaciones, según apunta el informe aportado al juez al que ha tenido eldiario.es.
Los investigadores del Instituto Armado sostienen que las propuestas a la baja de las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en la construcción de colegios eran luego compensadas con modificados (sobrecostes) que permitirían un enriquecimiento de los responsables del Partido Popular investigados en la causa y la presunta financiación ilegal del PP provincial y autonómico.
Los sobrecostes supusieron, en algunos casos, más de un 100% respecto al presupuesto inicial. La UCO atribuye al exsecretario autonómico de Educación y ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, un “papel nuclear” en la “estrategia recaudatoria” que presuntamente saqueó la empresa pública, “confluyendo tanto intereses estrictamente personales como de financiación” del PP.
R.C.P. prestó declaración en calidad de testigo ante la Guardia Civil en 2016 y señaló que la jefa del Departamento de Proyectos de Ciegsa, Elena Bosque, investigada en el caso Taula, “ejercía la presión sobre los técnicos” para que se aprobaran los proyectos. El testigo aseguró a los investigadores que los trabajadores de la empresa pública “comenzaron a realizar la aprobación de los proyectos usando el término 'aparentemente', ya que debido a las presiones que recibían para aprobarlos en un plazo reducido de tiempo no podían realizar el informe técnico de forma apropiada”.
R.C.P. también declaró que Carlos Roques Mata, otro arquitecto imputado, era conocido como “el viabilizador”. El ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, “daba a este técnico las cosas que era difícil sacar adelante”, aseguró en su declaración ante la Guardia Civil. M. I. O. P., arquitecta del departamento de supervisión de obras de la empresa pública y testigo en la causa, relató que Roques “asumía todo aquello que sus subordinados no querían firmar”.
“En la época de Máximo Caturla las empresas licitaban constantemente el 16% de baja, existiendo una presión por parte de estas sociedades y por parte de Carlos Roques para compensar la baja realizada”, explica el testigo R.C.P. La mecánica del sobrecoste, como recuerda la UCO en su último informe, coincide con la declaración de Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero que confesó que “siempre se arreglaban cantidades para que las empresas adjudicatarias compensasen las pérdidas, la baja realizada además de la mordida en cada caso”.
El porcentaje recurrente del 16% sorprende a los investigadores de la UCO. En el caso del colegio público Errando Villar de Almassora (Castelló), la empresa Construcciones Arción SA obtuvo la adjudicación para la construcción del centro por 3,1 millones, importe que “supuso una baja respecto al precio de licitación del 16%”.
El testigo anotó en el documento entregado a la Guardia Civil que nada más iniciarse esta obra, la constructora presentó una solicitud con un incremento del 19,83%, “justificada en la introducción de cambios que implican una merma en la calidad”. “Parece responder a un pacto previo”, apunta el arquitecto de Ciegsa en su tabla. A juicio policial, indica la UCO, la alusión al “pacto previo” podría significar que no existió justificación del sobrecoste.
La empresa Romymar SA obtuvo la adjudicación de la construcción del nuevo instituto de educación secundaria de Benetússer (Valencia) por 6,2 millones, una cantidad que, de nuevo, supone una baja respecto al precio de licitación del 16%. Los investigadores también han constatado que el importe de adjudicación —2,3 millones— de la construcción del instituto Bernat de Sarrià de Benidorm (Alicante) supone una baja del 16% respecto al precio de licitación.
La Guardia Civil otorga verosimilitud a las anotaciones del testigo que apuntan a turbios sobrecostes “con irrealidad o carencia de justificación” en la construcción de los centros escolares valencianos.
R.C.P. fue llamado a declarar a la comisión de investigación de Ciegsa en las Corts Valencianes pero, según han confirmado a este diario fuentes parlamentarias, los servicios de la cámara autonómica no pudieron localizarlo.