El atasco en las renovables: la Comunitat Valenciana tiene pendientes de evaluar 350 expedientes

Que la Comunitat Valenciana está a años luz de cumplir con sus objetivos en instalación de renovables no es ningún secreto. Hace escasas dos semanas, la patronal de las fotovoltaicas denunció que la autonomía apenas cuenta con un 8% de la potencia fotovoltaica que necesita según los objetivos asumidos, que se establecen en 6.000 megavatios de energía solar y otros 4.000 de eólica, y vaticinó que necesitaría 150 años para cumplir su compromiso. Poco antes, colectivos ecologistas aseguraron que con el volumen de expedientes que hay en tramitación se cumplían sobradamente los objetivos.

La previsión de la patronal concuerda con los datos de la Generalitat Valenciana en lo relativo a la lentitud burocrática. El atasco en la tramitación de expedientes, que el sector lleva denunciando desde hace cuatro años, cuando comenzó a desatarse el interés por los proyectos, no tiene visos de disolverse. La consellera de Industria, Nuria Montes, anunció hace meses un reglamento para flexibilizar los trámites, algo que ven con escepticismo y temor los sectores ecologistas, alertados por la posibilidad de un descontrol en los proyectos y una rebaja en los requisitos ambientales.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, la Comunitat Valenciana aún tiene pendientes de evaluar 345 expedientes de competencia exclusivamente autonómica, que en su conjunto suponen 3.847 megavatios. En septiembre del año pasado había 415 expedientes en tramitación, con una potencia de 5.547 megavatios. Respecto a los expedientes finalizados, en septiembre había 231 -desde el año 2018, cuando empieza el recuento-, mientras que en marzo de este año son 321. Es decir, que en lo que va de curso político se han evaluado -favorablemente o no- 90 proyectos de renovables de gestión autonómica.

A la lentitud en la tramitación, que requiere de un refuerzo de personal y gran complejidad en las evaluaciones, se suma el desestimiento o la caducidad de los procesos. Desde 2018, contando este último año, se han finalizado 321 expedientes, de los que 74 están autorizados y pendientes de construcción, 25 puestos en explotación, 98 denegados, 7 en el trámite de consulta y 117 han desistido, renunciado o caducado los permisos de acceso y conexión: un tercio de los expedientes. En los últimos seis años, casi la mitad de los expedientes autorizados ha caído, con una potencia de 2.400 megavatios que se deja de incorporar a la red.

Respecto a los procesos finalizados, los expedientes ya aprobados y en fase de construcción supondrán la incorporación de 761 megavatios a la red. Desde 2020 solo se han puesto en explotación 22 plantas con 166 megavatios.

Al Ejecutivo del Pacto del Botánico se le acusó de bloquear las iniciativas por conflictos entre PSPV y Compromís y en la propia coalición ecologista, acusando a esta rama de no tener un compromiso claro con las renovables. Según los datos consultados, entre 2018 y septiembre de 2023, etapa que se atribuye al anterior Consell, se denegaron 82 expedientes por 869 megavatios; desistieron 69, por 1.022 megavatios y se autorizaron 55 proyectos, por 543 megavatios. En septiembre de 2023 había 415 expedientes por valor de 5.547 megavatios en tramitación, tanto con declaración de impacto ambiental como sin ella.

Según estos mismos datos, un tercio de los expedientes entre 2018 y 2023 de competencia autonómica no prosperaron, el 40% de la potencia solicitada. Apenas un 3% se encontraba en explotación, que implica un 2% de la potencia tramitada. De los expedientes que eran competencia del Estado, según este informe, no había ninguno en explotación en la fecha consultada: solo 52 estaban autorizados (3.200MV) y uno en construcción (74MV). Se denegaron 8 expedientes por 597 megavatios y caducaron los permisos de otros 9, por más de mil.

Seis meses después, hay con autorización administrativa, competencia del Estado, 55 expedientes por 3.364 megavatios, más dos plantas en construcción, que suponen otros 242. La puesta en marcha de los proyectos autorizados que dependen del Gobierno, con afección en la Comunitat Valenciana, ya implica más de la mitad de los objetivos comprometidos hasta 2030 en la autonomía, aunque estos proyectos también abarcan Albacete, Teruel o Murcia.

Respecto a los proyectos autonómicos, de los expedientes actualmente en tramitación competencia de la Generalitat -que aún podrían caer por otras razones-, hay 92 que ya han recibido la declaración de impacto ambiental y están pendientes de autorización previa y de construcción. Este centenar de proyectos supone una potencia de 2.032 megavatios.