Calp sigue sin indemnizar a los trabajadores despedidos ilegalmente pese a concluir el plazo del Supremo
El gobierno local de Calp, integrado por PP e independientes, aún no ha acatado la sentencia que el Tribunal Supremo emitió el pasado mes de enero y que le obligaba a devolver a los trabajadores que despidió de forma ilegal en 2012 todos los sueldos que deberían haber cobrado desde entonces durante estos cinco años. El ejecutivo calpino sigue sin abonar el dinero a 13 personas –la sentencia afectaba a 14, pero uno ya ha fallecido mientras tanto– a pesar de conocer la decisión del Supremo desde principios de este año y de que el plazo que le dio el alto tribunal para pagar finalizaba, según fuentes sindicales, el pasado 22 de abril.
Y esa actitud del ayuntamiento tiene dos efectos perjudiciales. En primer lugar, para las arcas municipales, es decir para todos los ciudadanos de Calp. Y es que desde el día que venció el plazo del Supremo se incrementa automáticamente el dinero que debe pagar el consistorio en concepto de intereses de demora, un 10% anual de toda la masa salarial adeudada. Es decir, que la controvertida decisión de despedir a aquellos trabajadores que tomó entonces el gobierno del popular César Sánchez, que sigue siendo el alcalde actual, todavía va a perjudicar más al municipio ahora.
Y en segundo lugar, esta situación está siendo nociva para los propios trabajadores, sobre todo para los que de nuevo están en la calle después de que el ayuntamiento los readmitiera, como también le ordenó el Supremo, pero los volviera a despedir casi inmediatamente: mientras no cobren esa indemnización no tienen tampoco derecho a cobrar el paro. «Y algunas personas dependen de eso para poder subsistir y ahora mismo deben pedir ayudas a sus familiares», agregaron las mismas fuentes.
La cantidad total que el Ayuntamiento de Calp debe devolver, es decir los sueldos de los 13 trabajadores a lo largo de estos cinco años, es importante: sin contar con los intereses de demora han empezado a computar, ascendería a casi 780.000 euros. Al menos, esa es la consignación prevista en el borrador de los presupuestos municipales, donde el dinero figura bajo el epígrafe Contingencias de personal.
