CGT denuncia la “privatización encubierta” de la gestión cinegética

El sindicato CGT ha instado al Ejecutivo autonómico y al Gobierno central a convocar la Comisión Bilateral Generalitat Valenciana -Estado para rectificar la modificación de los cambios en la Ley de Caza Valenciana aprobados mediante la Ley de Medidas Fiscales. El sindicato denuncia que tres modificaciones “de tapadillo” de esta ley permiten la caza en los cotos sin tener aprobadas sus normas de gestión, simplemente con tener presentados el Plan Técnico de Ordenación Cinegética, la memoria anual y el Plan Anual de Gestión.

Este “matiz”, según los agentes medioambientales de CGT, supone una “privatización encubierta de la gestión cinegética” por parte de la Generalitat Valenciana “dejándola en manos de la Federación de Caza, una entidad privada”. El sindicato considera que la federación se convierte así en una “administración paralela” al ser la encargada de presentar los documentos de los clubs de caza.

La modificación de la ley impide a los agentes medioambientales ejercer el control administrativo de la actividad cinegética, arguye el sindicato, que la tilda de inconstitucional.

“La Conselleria de Agricultura no puede seguir ignorando su obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes de su competencia a través de su personal, tanto técnicos como agentes medioambientales”, sostiene el sindicato. CGT también critica el “abandono” de los agentes medioambientales: “Es imposible cumplir el trabajo con más de un 30% de vacantes en algunas comarcas, sin formación ni medios”, asegura en un comunicado.

Acció Ecologista Agró se ha sumado a la denuncia del sindicato y considera que la modificación de la Ley de Caza “choca de frente” con la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y las competencias del Estado en la materia. La ley, precisa la organización ecologista, prevé que en caso de silencio administrativo, la regla general será el silencio positivo a excepción de actividades que puedan dar el medio ambiente.

“La modificación de la Ley de Caza establece el silencio positivo y se puede dar el caso de planes técnicos de ordenación cinegética totalmente ilegales y lesivos para la fauna y el medio ambiente que se aprueben por falta de resolución de la Administración”, añade Agró.