Un complot contra Zaplana, doctor en conspiraciones

Como hombre de negocios, Eduardo Zaplana siempre supo que para triunfar en el contrabando de tarjetas de visita y entre quienes visten traje a medida convenía pasar por liberal. Primero se lanzó al asalto de la Generalitat con su libro hagiográfico Un liberal para el cambio. Y al dejar la política presidió el Club Siglo XXI, que viene a ser al espíritu de la Transición lo que la iglesia del Santo Sepulcro al cristianismo. Fontán, Muñoz Peirats, Garrigues o Broseta, son apóstoles muy citados por quien dice comulgar con el liberalismo. Y, claro, le han pasado factura. ¿Quién? La policía franquista. No exactamente los grises, pero primos hermanos. La policía judicial, en este caso la UCO de la Guardia Civil, según el abogado defensor del ex presidente, Daniel Campos. Acusó a estos agentes de actuar como una policía “antigua, propia del régimen anterior al del 78”. “No es ejemplo de nada”, soltó como respuesta a los elogios del fiscal Pablo Ponce a la labor “ejemplar” de los agentes. 

Campos confesó que no es partidario de las “teorías conspiratorias”, pero “visto lo visto, tengo la convicción de que todo es un montaje desde el primer minuto para crear una verdad artificial”. “Aquí no se ha buscado la verdad, sólo apuntalar la versión de la Guardia Civil”, pregonó al exponer su informe de conclusiones. Es cierto que los grandes avalistas del complot del CNI, la UCO, Rajoy, el PSOE y Cotino contra el ex presidente son el ex comisario Villarejo y el ex yonqui del dinero, Marcos Benavent. Pero hay que hacerles caso. Campos explicó lo que su cliente le trasladaba cuando iba a visitarlo a la cárcel de Picassent. “Eduardo me decía: es que todo esto lo han montado”. Y de conspiraciones Zaplana sabe un rato. Se doctoró, con Aznar como director, con la tesis “El 11M, autores que no viven en desiertos remotos ni en montañas lejanas”.

Registro, huellas y ADN

En la fase de instrucción, denunció, “se han vulnerado de forma flagrante los derechos fundamentales de los investigados”. El abogado defensor acusó a la UCO de “haberse excedido ampliamente” al llevarse más material del que autorizaba la orden de registro (limitada a documentos relacionados con Imelsa) del despacho de Ramiro Blasco, entonces letrado de Benavent. Entre los documentos estaban los papeles del sirio. Varios agentes explicaron que en un somero repaso sobre el terreno vieron que hablaban de dos procesos de contratación y sociedades en Luxemburgo, por lo que no eran descartables en el marco de la investigación Taula. Era una primera impresión, fruto de años de oficio. Claro, “el olfato de la Guardia Civil, se ve que ese día estaban constipados”, se burló el letrado.

El presidente del tribunal, Pedro Castellano, no paraba de tomar apuntes, mientras el fiscal Pablo Ponce observaba impertérrito a su colega, ahora metido en labores de defensor del ciudadano Zaplana. 

La estrategia de defensa del ex presidente pivota sobre el intento de anular la instrucción invalidando la llamada hoja de ruta. La Sección Quinta de la Audiencia ha tumbado dos veces esa pretensión. En esta sesión del 22 de mayo, en el sexto aniversario de las detenciones Erial, Campos subrayó que en los papeles no hay ni ADN ni huellas del ex ministro. 

Guerra entre las defensas

No es fácil defender al cliente cuando el pagador de las comisiones (los Cotino) y los testaferros Joaquín Barceló, Pachano, y Juan Francisco García han confesado. Y cuando el fiduciario Fernando Belhot ha declarado que el dinero que gestionaba era del ex ministro. Así que Campos optó por desacreditar a los que pactaron con el fiscal a cambio de reducir condena. Y se desató una guerra con los abogados de Pachano y de Juan Francisco García. En especial con el primero, todo un síntoma de como de rotas están las relaciones entre los amigos de la infancia.

El letrado de Zaplana acusó al fiscal Pablo Ponce de haber actuado con “falta de transparencia” en las negociaciones. El día anterior, el acusador público afeó a Zaplana que había sido poco valiente por no admitir su responsabilidad. “La valentía no es conformarse”, dijo Campos, sino hacer como el contable Francisco Grau. Un tipo “noble, honesto y dispuesto a volver a prisión porque cree en la justicia”. Una suerte de Nelson Mandela. Grau dijo que no estaba dispuesto a mentir. No como los que han pactado, cuyas declaraciones “no eran coherentes entre sí”, espetó Campos. El abogado de Pachano, Amadeo Pérez, reprendió al defensor de Zaplana, al aseverar que él no ocultó nada del acuerdo con el fiscal y que su cliente se autoinculpó “contando la verdad”. Y que, en todo caso, le asiste el derecho constitucional a mentir para no perjudicarse. El letrado de Juan Francisco García, David González Wonham, elogió a su defendido: “Se equivocó aceptando amañar las concesiones de las ITV y dinero”. “Lo correcto y honorable es admitirlo y lo hizo”, zanjó.

Sin rastro del hematólogo

El defensor de Zaplana descalificó también al testaferro uruguayo, Fernando Belhot, y al fiscal por el pacto según el cual este gestor fiduciario pasó de investigado a testigo. El acuerdo, de entrada, sirvió para que el erario público ingresara los 6,7 millones que transfirió de la cuenta del suizo Julius Baer a la del juzgado. Dinero que Belhot atribuye a Zaplana. “El dinero era suyo”, sostuvo el letrado del ex presidente. 

Campos acusó a Ponce de ir a pactar en las Navidades de 2018, cuando “Zaplana estaba ingresado en la Fe con 61 kilos de peso”. En este punto, citó un informe forense de marzo de 2019 encargado por el juzgado donde se hablaba del riesgo para su salud si volvía a prisión. No comentó el informe del jefe de Hematología de la Fe, Guillermo Sanz, quien, justo en días navideños, cifró en un 100% las opciones de que Zaplana falleciera si volvía a Picassent. Los favores se devuelven.

Versión libre de la confesión de Juanfran

Zaplana es inocente, según su abogado. No puede haber delito de cohecho, dice, que es la “piedra angular del procedimiento”. Si no hay cohecho, no cabe el blanqueo de capitales, ni la pertenencia a un grupo criminal. “No hay la más mínima prueba de que aceptara un acto delictivo en el ejercicio del cargo”, sentenció Campos. 

El ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, presidente de la mesa de las ITV, confesó que en enero de 1997, en una reunión con Zaplana y Juan Cotino, se predeterminó por acuerdo verbal que Sedesa sería adjudicataria. Pero el letrado de Zaplana hizo una versión muy libre de la “confesión” de Juanfran. “Cotino dijo que tenía interés en presentarse. ¿Es delito mostrar interés?”. Después de 2004, una vez logrados los 86,5 millones de plusvalía, “el tío Juan” Cotino envió a su sobrino Vicente a hablar con quien presidió la mesa para concretar el pago de las mordidas. Lo confesó el propio empresario. Acuerdo para el amaño y pago del favor. Dos ingredientes que son al cohecho lo que el pollo y el conejo a la auténtica paella valenciana.

Las operaciones con Pachano, con la secretaria Mitsouko Henríquez, con el contable Grau, o con Francisco Pérez, El Gasofa, no tienen que ver con el blanqueo, según la defensa de Zaplana. No son un “grupo criminal”, sino “amigos de toda la vida”. “¿Dónde constituyeron el grupo criminal, cuando eran jóvenes en Benidorm?”, ironizó. En el caso de Pachano, sí. 

El imperio inmobiliario de Pachano

Las acciones de Imison Internacional en Luxemburgo, los solares de la Vila Joiosa, los áticos de Altea, la parcela de la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, o el madrileño piso de la Calle Núñez de Balboa… Todo era de Pachano, según Campos, quien negó que este fuera testaferro del ex ministro, como confesó. Contrariamente al perfil que aparenta, es un tipo con una “actividad comercial y profesional” notable en el “sector inmobiliario”. ¿Por qué el vendedor de los áticos de Altea puso “áticos señor Zaplana” si eran de Barceló? “Porque conocía a Zaplana. Si hubiera ido Sergio Ramos, habría puesto Sergio Ramos”. ¿Y por qué Zaplana estuvo tan encima de la operación? Por “amistad”. Conocía gente en el Banco Santander y echó una mano, explicó el abogado.

En el caso de La Finca, el pelotazo no lo dio Zaplana, sino también Barceló. Pachano compró a nombre de su sociedad Costera del Glorio y con un crédito de la CAM, en el que influyó Zaplana. Lo normal. Porque eran una pandilla de amigos. Cuando el ex presidente montó Decuria Consulting no pensaba en clave monetaria. Reinventaba el falansterio del socialismo utópico, la cadena de favores como motor social. No era Mordidas Sin Fronteras, sino una ONG para ayudar a amigos de toda la vida. Que eran muy agradecidos. 

Vivir como un chabolista

Por eso, cuando Pachano adquirió el piso del barrio de Salamanca (1,15 millones) invitó a Zaplana a instalarse. Gratis. Porque, al contrario de lo que sostiene Pablo Ponce, la vivienda era de Barceló y no de Zaplana. Por mucho que Mitsouko Henríquez, o Gregorio Fideo amoblaran, gestionaran mudanzas y contrataran a la empleada de la limpieza. El ex presidente vivía allí “técnicamente en precario”, según su letrado. Con dos teles Bang & Olufsen de 21.000 euros, pero en precario. A los cuatro años, firmó un contrato de alquiler con Pachano.

Las apariencias engañan. Hay empresarios podridos de dinero, pero discretos y austeros. Mira Amancio Ortega. No es descartable que Zaplana actuara, en realidad, como testaferro de Pachano y de Paco El Gasofa.