Compromís pide reforzar las prestaciones sanitarias para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública

La coalición Compromís reclama a la Conselleria de Sanidad que refuerce los recursos del sistema público para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo conforme a la ley estatal. La coalición ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento autonómico después de conocer las estadísticas sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, que siguen reflejando un claro predominio de la sanidad privada en las intervenciones.

Según los datos facilitados por Sanidad a la formación valencianista, solo uno de cada diez abortos se realizan en la sanidad pública. El porcentaje se mantiene en los últimos tres años, según las estadísticas recopiladas. En 2022, las intervenciones financiadas por salud pública fueron un 70% del total, pero el 86% se realizaron en centros privados concertados.

La reforma de la ley del aborto aprobada a principios de 2023 subraya que la red privada debe emplearse con excepcionalidad, e indica que las comunidades autónomas deben garantizar a las mujeres la prestación en condiciones de igualdad. También incluye modificaciones para hacer compatible el derecho de los sanitarios ala objeción de conciencia con el de las mujeres a decidir si continuar o no su embarazo a través de un registro de objetores, que aún no se ha planteado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En algunos departamentos de salud de las comarcas alicantinas todos los médicos se declaran objetores, pese a que solo el 15% de los profesionales valencianos lo afirman.

La capital alicantina está a punto de aprobar sus presupuestos municipales, que incluyen un servicio denominado “cría”, dirigido a madres embarazadas o con hijos de entre 0 y 3 años “de apoyo a nivel sociosanitario y preventivo . Vox, socio de gobierno del PP en la ciudad, pidió la creación de una oficina específica, pero los técnicos del Ayuntamiento echaron atrás esta propuesta por tener el mismo fin que el servicio municipal. La coalición considera que la oficina es ilegal y presenta la enmienda para blindar las prestaciones públicas en Alicante.

En concreto, el texto presentado por la parlamentaria Mónica Àlvaro pide a Sanidad reforzar los centros sanitarios público con los medios y personal necesarios para asegurar la igualdad y la calidad asistencial y garantizar en los centros las mismas condiciones sanitarias y estándares de calidad. En el ámbito local de Alicante, reclama que se garantice que los centros de salud de Alicante puedan ofrecer información y asesoramiento sanitario sobre anticonceptivos y sexo seguro, con especial atención a las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados como determina la normativa estatal.