“Sin estudios jurídicos”, ha remarcado la letrada del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con número 105.601, responsable de los informes del 'caso Alquería' ha comparecido este jueves en calidad de testigo perito en el juicio a Rodríguez y otros 13 acusados por las presuntas irregularidades en la contratación de cargos de alta dirección en la empresa pública Divalterra. Las defensas han aprovechado la ocasión para sembrar dudas sobre los informes de la UDEF que figuran en el sumario y que mantienen la tesis de que los acusados tramitaron los contratos de alta dirección pese a saber que no era la vía idónea para su contratación.
Ángela Coquillat, la letrada de Jorge Rodríguez, le ha preguntado al inspector si tenía formación jurídica. El testigo ha defendido su trayectoria de 15 años en la UDEF y ha detallado sus estudios superiores: una licenciatura en Biología, un máster en Ciencias Policiales y un doctorado en Geografía. La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia le ha preguntado si tenía conocimiento de que la opción de los contratos de alta dirección “es un tema polémico en la jurisprudencia” a lo que el policía ha respondido que “no”.
La abogada, en un largo interrogatorio, también le ha arrancado otra declaración clave al responsable de la investigación: se reunió con Jose Luis Vera, responsable jurídico de Divalterra y una suerte de agente doble en el seno de la empresa pública. “Vera no es denunciante”, ha recordado Ángela Coquillat.
A preguntas del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, el agente ha ratificado ante el tribunal los informes que corroboran que los acusados sabían que los contratos de alta dirección cuestionados eran ilegales.
“Absoluto conocimiento”
El testigo ha declarado que Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, tenía “absoluto conocimiento” de la “arbitrariedad” en estos contratos y se ha referido a los avisos del cogerente de Divalterra Víctor Sahuquillo en los que le avisaba precisamente de eso. “Sahuquillo deja bastante claro en alrededor de 13 correos [electrónicos] que es una ilegalidad y que es un riesgo”, ha dicho el agente.
Además, en un chat que mantiene Rodríguez con otra persona, se puede leer también, según ha reproducido el perito, que éste comenta textualmente: “Compromís se queda de nuevo Turismo y ahora suma Promoción Económica. Ese era nuestro perfil que hemos buscado nosotros”. “Se intuye el reparto político de direcciones de área entre los miembros del partido”, ha concluido.
Preguntado por el fiscal si había algún tipo de vinculación entre Rodríguez y los contratos de alta dirección de 2018, el testigo ha manifestado que “sí”, puesto que uno de ellos (Víctor Jiménez) era amigo suyo y comenzaron a militar juntos en Juventudes Socialistas. El policía ha reconocido a preguntas de la letrada de Jorge Rodríguez que la fuente de esa vinculación es el digital OkDiario, lo cual ha causado hilaridad entre las defensas.
El agente de la UDEF ha afirmado que Agustina Brines, una de las cogerentes de Divalterra, conocía las contrataciones de alta dirección “exactamente igual o más que Rodríguez”, ha dicho. El testigo ha insistido en que los acusados en Divalterra conocían “fehacientemente” los informes elaborados por abogados y catedráticos que aludían a la presunta ilegalidad de los contratos de alta dirección.
Sobre estos informes ha aseverado que concluían “sin ningún género de duda” que la fórmula de los contratos de alta dirección no era correcta. En relación con el número de contratos efectuados, el agente ha manifestado que les llamó “poderosamente” la atención que mientras que en Divalterra, con un volumen de negocio de 25 millones en 2015, se contrataron a 10 altos directivos; en Egevasa, con un volumen de 35 millones, no existía ningún alto directivo; y en el Consorcio de Bomberos, con 46 millones, solo hubiera un alto directivo. “Esto nos lleva a sospechar que hay algo raro”, ha aseverado.