Plataforma por la Llengua ha denunciado un nuevo caso de discriminación lingüística del valenciano en un caso en el que una funcionaria de la Diputación de Alicante se ha negado a atender en esta lengua a otra trabajadora pública de un consistorio de la Marina Alta no identificado por este colectivo. Entre las contestaciones manifestadas por la funcionaria de la diputación afirma que “o me hablas en castellano o no te atiendo” o que “yo soy de Madrid y no conozco el valenciano”.
La plataforma ha hecho pública la grabación realizada por la misma funcionaria municipal, una grabación de una conversación telefónica con una funcionaria de la Oficina de Fondos Europeos de la Diputación de Alicante para realizar una gestión sobre unas subvenciones. En esta al empezar a hablar en valenciano la trabajadora municipal su interlocutora le pide que le hable en castellano porque no entiende la lengua, a lo que le contesta “¿y no me puede atender nadie en valenciano?¿Estoy llamando a la Diputación?”, y recibe como réplica “en la Diputación no es obligatorio hablar valenciano”, a lo que le replica “pero que me entiendas sí que es obligatorio”.
Ante esta situación la funcionaria de la diputación le manifiesta “bueno, vamos a ver... ¿es para el tema de bomberos, no? Soy la única persona que lo llevo, lo cual , o me hablas en castellano o no podemos hablar. Así de claro”. Dada la respuesta la trabajadora municipal le dice “ya me buscaré la vida”. Entonces la interlocutora de la corporación provincial le pregunta “pero, vamos a ver ¿no sabes hablar en castellano?”, pero la respuesta que recibe es insistir en que “yo tengo derecho a que me atiendas en valenciano”.
Tras esta reclamación la funcionaria de la diputación sube un poco el tono y le replica “¿que tu tienes que hablar valenciano, por narices?”, y la contestación es “yo tengo derecho, sí”, y añade “te estoy diciendo que no es obligatorio que tu me hables en valenciano, por desgracia. Pero sí que es obligatorio que tu me entiendas en valenciano”. Para defenderse el argumento que utiliza la funcionaria provincial es “yo soy de Madrid, yo no conozco el valenciano. Entonces, si no lo sé ¿qué quieres que haga?” y remata afirmando que “es lógico que te pases al castellano. Pero ¿por narices no? Pues oye, mira, te he querido atender, pero a la próxima vez no te podremos atender”, punto en el que se despide i corta la conversación la trabajadora del ayuntamiento.
Plataforma per la Llengua afirma que no era la primera vez que se comunicaba por teléfono con la Diputación de Alicante, y que en otras ocasiones ya la habían discriminado para dirigirse en valenciano, pero finalmente habían accedido a la posibilidad que se pudiera expresar en su lengua materna, según asegura la trabajadora. Pero en esta conversación concreta “cansada de las continuadas discriminaciones”, decidió grabar la conversación.
“Una situación propia de tiempos pasados”
El alcalde de la localidad de la Marina Alta califica los hechos como “una situación propia de tiempos pasados” en una queja formal que ha elevado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, presidente también del PP de la Comunitat Valenciana. Plataforma per la Llengua ha criticado la política lingüística del dirigente popular afirmando que “Mazón ha demostrado en contadas ocasiones sus posturas políticas contrarias a la normalización del valenciano y partidarias del terraplanismo lingüístico, considerando valenciano y catalán dos lenguas diferentes”.
En el mismo escrito, el primer edil solicita a la Presidencia de la Diputación que se aborde “de forma inmediata la dotación de los medios que sean necesarios para el efectivo desempeño de la legalidad vigente en materia lingüística”, citando la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), vigente desde 1983.
Advierten que “con la ley en la mano, la empleada discriminada tenía derecho a ser atendida en valenciano. Por un lado, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano proclama el valenciano como 'lengua propia de la administración valenciana' y, por lo tanto, también de la Diputación de Alicante”. Por otro lado señalan que es de aplicación la Ley de la Función Pública Valenciana, en la cual se establece que el personal empleado público tiene derecho a no ser discriminado por razón de lengua. El “respecto a los derechos fundamentales” y evitar “cualquier actuación que pueda producir una discriminación lingüística” son principios rectores de la conducta del funcionariado.
Además también manifiestan desde la Plataforma per la Llengua que “a pesar de que no se obliga los funcionarios individualmente a saber valenciano, sí que existe a la administración un deber de organizarse, de tal manera, que la atención en las lenguas oficiales estén disponibles. En todo caso, un trabajador público no tiene el derecho de privar la atención de un servicio para usar el valenciano”.