El juez que investiga a Carlos Fabra requiere a la Diputación todos los contratos con un empresario condenado por financiar al PP

El juez Jacobo Pin, instructor de la investigación que sigue el rastro del presunto “enmascaramiento” del patrimonio de Carlos Fabra y de su entorno familiar, ha solicitado a la Diputación de Castellón la documentación sobre las adjudicaciones de la institución provincial a la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), según ha podido saber elDiario.es. El magistrado, en su contundente auto, ya anunció que iba a requerir a la Diputación la relación de contratos con Facsa, “desde el primero hasta el último”. Los técnicos de la institución provincial, en manos de la izquierda desde hace un año y medio, ya preparan el cargamento de papeles para el juez.

El requerimiento no se circunscribe al periodo en que Carlos Fabra presidió la Diputación (1995-2011) sino que pide todos los contratos a lo largo de la historia de la institución provincial. Facsa, cuyo presidente, Enrique Gimeno, es uno de los empresarios investigados en el caso, fue fundada en Castelló en 1873 y ha obtenido la mitad de los concursos de análisis hídricos de España. Gimeno es uno de los empresarios que reconocieron ante la Audiencia Nacional haber financiado al PP.

En sus 147 años de historia, la sociedad de los Gimeno se ha convertido en uno de los actores fundamentales del sector de la gestión del agua en paralelo al poder que han acumulado varias generaciones de la familia Fabra en la Diputación de Castelló (el tío-tatarabuelo de Carlos Fabra, conocido como el abuelo Pantorrillas, fue presidente de la institución provincial entre 1874 y 1892). La firma de los Gimeno controla la gestión del agua en Castelló.

La investigación del juez se centra en los “fondos con sospecha razonable de procedencia ilícita” sin justificación aparente que el expolítico del Partido Popular ingresó de empresarios de primera línea de Castelló. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha detectado que Facsa fue garante de Fabra y de su exmujer en cuatro pólizas de contrato mercantil para la prestación de garantías bancarias y elevación de fianza, formalizadas en el Banco Sabadell.

Las pólizas estaban garantizadas por un contrato de pignoración de fondos en la misma entidad bancaria, firmado por la empresa Facsa el 31 de julio del 2007 por 1,2 millones de euros, de los que se ordenó la cancelación parcial de 801.942,17 euros para afrontar la ejecución de una parte de los avales. En su declaración, en la que sólo respondió a las preguntas de su defensa, Fabra aseguró que, debido a su supuesta precaria situación económica, por sus deudas con Hacienda, pidió a su amigo Enrique Gimeno, presidente del consejo de administración de Facsa desde 1991, que le ayudase económicamente.

Fabra atribuyó al empresario castellonense la “entera responsabilidad” de articular el préstamo a través de la mercantil y no a título individual. La mercantil, en respuesta al juez, defiende que las pólizas con el expolítico del PP y su exesposa “se perfeccionaron como consecuencia de la relación de amistad familiar existente desde hace varias generaciones entre las familias Fabra y Fernández Blanes [su exmujer] y la familia Gimeno”.

Los asesores jurídicos de la firma, según el escrito enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, estudian el ejercicio de acciones legales y las posibilidades de “cobro efectivo” de los fondos que fueron a parar al bolsillo de Carlos Fabra. El juez, por su parte, considera que el dinero destinado a Fabra habría causado un perjuicio económico no repuesto a Facsa y recuerda en el auto que la sociedad controla la gestión del agua en la zona. Así, enumera las localidades en las que Facsa gestiona el servicio de aguas: Castelló de la Plana, Borriana, Vinaròs, Peníscola, Oropesa, Onda y la Vall d'Uixó. 

Carlos Fabra alegó durante su declaración que la sociedad de Gimeno ya era adjudicataria de la Diputación antes y lo siguió siendo después de su periodo como presidente de la institución provincial.