Justicia para Berta, la guardiana del río

Creo que Berta Cáceres ha muerto con la misma generosidad con la que vivió. Y digo esto porque intuyo que su asesinato tendrá importantes efectos en beneficio de la lucha ambientalista global. Es evidente que ha permitido sacar a la luz, que no a las portadas, en nuestra sociedad durmiente, la situación en la que se encuentran los y las activistas ambientales y de la tierra en el mundo, especialmente en Sudamérica y Asia-Pacífico. Absolutamente lamentable que alguien tan valioso como Berta deba morir para que los acomodados ciudadanos del occidente nos sintamos zarandeados en nuestra conciencia. Máxime cuando, usando las palabras de la autora Naomi Klein, las personas que están siendo asesinadas en estas luchas “no sólo están protegiendo sus tierras y aguas locales. Al mantener el carbono en el suelo y mediante la defensa de las prácticas agrícolas ecológicas, están mostrando al resto del mundo cómo evitar un cambio climático catastrófico”, es decir, con una mirada global, “herramienta” holística imprescindible para la defensa del clima, es sencillo concluir que su lucha nos compete como beneficiarios y beneficiarias planetarias y, especialmente, por responsabilidad, como sujetos activos miembros de una sociedad consumista y contaminante.

Según Global Witness, organización no gubernamental con sede en Londres, un total de 908 personas que participaban en acciones de defensa del medio ambiente murieron violentamente entre 2002 y 2013 en todo el mundo. La cifra más alta en las últimas décadas, según denunciaba el informe Deadly Environment (Medio Ambiente Mortal) elaborado por dicha organización. Cifra, por otro lado, meramente indicativa, pues es muy complicado computar y documentar todos los crímenes de ambientalistas ocurridos, tanto por la escasa colaboración de las autoridades como por las dificultades para controlar territorios extensos y muchas veces alejados. Las principales causas de esta violencia fueron las disputas por la tala de zonas forestales, la minería y los derechos sobre la tierra, no reconocidos en la mayoría de los casos a las comunidades indígenas, ni en la legislación ni en la práctica.

Es, precisamente, la comunidad indígena la más afectada. Sus formas de vida ancestrales y sus sistemas económicos de autosubsistencia son menospreciados por los intereses de las grandes compañías multinacionales en connivencia con los poderes políticos locales y son tachados de “contrarios al desarrollo”. A un desarrollo que no pidieron y que está alejado de su propia cosmovisión, en la que el respeto por la vida y la naturaleza son centrales y ésta es un sujeto más de la comunidad, con la que se mantienen relaciones de interdependencia. En esta visión del mundo, los valores de la vida no se reducen a meros beneficios económicos, en realidad pesan más otros principios y otras formas de valorizar y darles sentido y a esto se le ha llamado el Buen Vivir, Sumak Kawsay, en lengua kichua, concepto también presente entre las étnias aymará y guaraníes que representa una fórmula alternativa de desarrollo.

Berta Cáceres, la activista que le torció el brazo al Banco Mundial y a la estatal china, Sinohydro, al impedir que se construyera una represa eléctrica en el río Gualcarque, río crucial para los lencas, comunidad indígena a la que pertenecía, cumplía con todos los requisitos para ser víctima de la violencia en Honduras, el país más peligroso del mundo para los ambientalistas: mujer, defensora indígena, activista de los derechos humanos, ambientalista y opositora gubernamental.

En mi última colaboración con este diario, Visibilizar y pagar cuidados, hablaba, precisamente, de la vinculación entre mayor presión sobre los recursos, síntoma evidente de la crisis medioambiental global, cambio climático y empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en los llamados países en vías de desarrollo, deterioro en el que debemos incluir el aumento de la violencia.

El deterioro de la calidad de vida de las mujeres y su empobrecimiento ha facilitado que estas lideren movimientos contra proyectos que atacan su entorno natural y, por lo tanto amenazan, su modo de vida. El movimiento por la soberanía alimentaria de Vandana Shiva - en el que las mujeres como “guardianas de semillas” tienen un papel fundamental reivindicando la propiedad de la tierra frente a la gran industria agroalimentaria- o el Frente de Guardianas de la Amazonia, son solo dos ejemplos en los que las mujeres abanderan la lucha ecologista como herramienta para mejorar su condición económica y su bienestar, lo que impulsa su empoderamiento como colectivo y las empuja a cuestionar también su rol social subordinado. Berta era otro ejemplo destacado y reconocido. En 2015 había recibido el prestigioso premio Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el medio ambiente.

En este estado de cosas, la violencia organizada contra el activismo en defensa de la naturaleza y la tierra, donde el protagonismo de las mujeres es una consecuencia lógica de su propio papel de mantenedoras de la vida y de sus economías locales, es una violencia que se ejerce en mayor medida contra las mujeres. Sumemos este otro dato, según un informe de la ONU de 2007, entre aquellos que luchan por los derechos humanos, los activistas ambientales y de la tierra son el segundo grupo con más probabilidades de morir, solo superado por los y las que trabajan por los derechos de las mujeres.

En el año 2014, miles de mujeres de diversas organizaciones aglutinadas en la Red Ciudadana de Actuación de Violencia y Empoderamiento de las Mujeres de Acapulco llevaron a cabo una marcha en México para exigir el cese de las agresiones y el esclarecimiento de los asesinatos de luchadoras ambientales: Rocio Mesino, dirigente de la Organización campesina de la Sierra de Sur, Digna Ochoa, abogada de ecologistas de la Sierra de Petatlán, Eva Alarcón, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas y Juventina Villa, defensora ambientalista de la misma organización...y una larga lista de mujeres luchadoras cuya muerte y recuerdo es apenas unas líneas escondidas en un diario, si hay suerte.

Berta Cáceres era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una ONG que trabaja con las comunidades indígenas de ese país. Pocos días antes morir, diría en rueda de prensa que las amenazas de muerte, de secuestro, las agresiones se habían intensificado y que el miedo y la preocupación se abrían paso a codazos, si bien también la solidaridad, entre los miembros del Consejo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había obligado al Estado de Honduras en el año 2009 a otorgarle protección policial por estas frecuentes amenazadas contra su vida. Pero en Honduras, hay mucho en juego: inversiones en minería, silvicultura, agroindustria, presas eléctricas son una prioridad para el gobierno de Juan Orlando Hernández.

A día de hoy, sigue sin esclarecerse el asesinato de Berta. Los autores de este tipo de crímenes son en gran medida desconocidos, pero entre los casos bien documentados de Global Witness se han vinculado diez muertes con grupos paramilitares, ocho con la policía, cinco con la seguridad privada y otros tres con militares.

Es probable que nunca se sepa quien asesinó a Berta pero los que la admirábamos, sí sabemos que fue lo que la llevó a la muerte: el amor. Su amor infinito por el río, por las altas montañas y los valles profundos de su tierra, el amor por su cultura y sus costumbres, por sus gentes y su profundo desdén por las cuestiones economicistas. Ella amaba el modo como vive su pueblo, los lencas, y perdió la vida en ese combate contra la codicia humana. Para los lencas, los espíritus femeninos están en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas. Eso fue Berta Cáceres, la guardiana del río y ahora, un espíritu femenino que inspirará a otras muchas mujeres como ahora yo me siento inspirada por su vida.

Poco podemos hacer ya por Berta, pero aún continúan en la lucha muchas mujeres y hombres que debemos apoyar desde todos los rincones del planeta. Los activistas ambientales están siendo perseguidos, amenazados y criminalizados. Son urgentes medidas que los protejan, que nos hagan sentir que la muerte de Cáceres sirvió para algo. Dentro de estas medidas, considero que una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que contemple tanto medidas de prevención de la violencia como de intervención de agentes internacionales para el esclarecimiento de los asesinatos, es el primer paso de otros muchos que debemos dar juntos así como acciones de presión contra las empresas involucradas.