La Comunitat Valenciana tiene menos de la mitad de juzgados de violencia de género de los que corresponden por ley

La Comunitat Valenciana sólo dispone de 16 de los 36 juzgados de violencia contra la mujer que marca la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta norma, aprobada en diciembre de 2004, indica en su artículo 43 que “en cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial”, aunque prevé que puedan atender estos casos los juzgados de instrucción, según la carga de trabajo.

15 años después de la aprobación de la ley, este artículo solo se cumple al 25%. En el Estado español hay provincias que no tienen ni un juzgado específico para la violencia de género -como Huesca, Ávila o Toledo- y, salvo Madrid, todos los territorios están por debajo de lo que les corresponde. En la Comunitat Valenciana hay 7 juzgados de violencia contra la mujer en Valencia, provincia con 18 partidos judiciales; otros 7 en Alicante, por 13 partidos judiciales y 2 en Castellón, con 5 partidos judiciales.

Quince años después de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en España sólo existe un 25% de los juzgados especializados que debería haber según la norma; por más de 400 partidos judiciales, solo hay un centenar de juzgados especializados.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, pidió el pasado año al Ministerio de Justicia que la violencia machista se configure como una jurisdicción especializada. En una carta dirigida a la ministra, solicitó que la violencia de género “se aborde mediante recursos exclusivos” en los juzgados, lo que “incrementará necesariamente” el número de juzgados de violencia contra la mujer. El escrito solicitaba al ministerio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizara un estudio de la carga de trabajo de los juzgados y los partidos judiciales y que incrementara en dos los juzgados de lo penal para asuntos de violencia de género.

Los nuevos recursos de Justicia

La conselleria de Justicia en marcha hace cinco meses las Unidades de Valoración Forense Integral. Una fórmula pionera que han empezado a importar otras comunidades autónomas de refuerzo en la instrucción de las causas. El personal que los compone da soporte a los juzgados para realizar una valoración de la víctima, del agresor y se establece el grado de riesgo que corre. 

Este departamento también puso en marcha una oficina de denuncias para delitos relacionados con la violencia machista en la Ciudad de la Justicia de Valencia, un espacio en el que las víctimas pueden acceder a todos los trámites, asesoramiento judicial y ayuda psicológica. El año pasado se recuperaron las Oficinas de Atención a las Víctimas del delito, repartidas por todo el territorio para prestar asesoramiento judicial y garantizar que las denunciantes entienden todo el proceso.

La conselleria defiende que la creación de nuevos órganos es competencia del ministerio y del CGPJ, aunque es este departamento el que debe dotarlos de medios. También alega que prefieren optar por la especialización de los organismos judiciales y de la comarcalización de los recursos para las víctimas. La consellera Bravo ya solicitó en su día una reordenación de la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia de género que asegure la extensión de su jurisdicción a todo el territorio valenciano.

“Con la violencia de género no se puede hablar sólo de números”

La falta de recursos genera una carga de trabajo que hace que los jueces de violencia de género se vean sobrepasados. La juez de Instrucción número 3 de Carlet, Lara Esteve, especializada en violencia machista, critica que los recursos no se notan más allá de la capital. “Hay una justicia de primera y una de segunda”, considera la magistrada, si son los ciudadanos de Valencia los que pueden acceder a unos recursos que no tienen en los pueblos de interior.

“Con la violencia de género no se puede hablar sólo de números”, señala Esteve, que explica que estos delitos requieren de una instrucción más compleja que el resto: hay que atender a la víctima, a los menores -si tiene hijos-, valorar el riesgo para ambos, realizar numerosas pruebas... “Un asunto de violencia de género genera más trabajo que otros casos, por ejemplo que un robo. Requiere una instrucción más complicada”, con profesionales especializados en estos delitos, añade.

Sin embargo, en los juzgados mixtos el mismo juez que atiende a una víctima de violencia machista lleva también un caso de un robo, de drogas... y la carga de trabajo se acumula. “Hay un problema cuando no se nos convoca a los que estamos en el día a día. No nos ayudan a poner soluciones”, reivindica. Para Esteve, los recursos que ha dispuesto la conselleria son destacables, pero sigue existiendo una brecha entre las capitales y los pueblos en el acceso a una justicia digna. Salvo en los partidos judiciales muy pequeños, el resto deberían tener un juzgado especializado, sentencia.