Entrevista

Miguel Mínguez: “En un Estado social justo no debe permitirse que la sanidad sea un negocio”

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez.

Médico especialista en digestivo, profesor de la Universitat de València e investigador en el Incliva, Miguel Mínguez fue nombrado conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana el pasado mayo, en la última remodelación del Gobierno del Pacto del Botánico. El ahora titular de Sanidad Universal y Salud Pública recibió el encargo del presidente, Ximo Puig, de acometer la reforma del sistema público sanitario tras la pandemia, con varios planes de refuerzo en marcha. Mínguez responde a elDiario.es sobre el contexto sanitario y los planes para su departamento a medio plazo.

¿Cómo está la situación asistencial? ¿Qué se espera para estas semanas de Navidad? Algunos departamentos de salud están algo saturados.

El tema de las urgencias en los hospitales se encuentra con un incremento de la demanda debido a un adelanto epidemiológico, fundamentalmente del virus sincitial [el causante de la bronquiolitis] que afectó a población muy joven e hizo que tuviéramos que tomar medidas importantes en hospitalización de pediatría.

¿Qué medidas?

Un incremento del número de plazas, que se ocuparon al 100%. Tuvimos que hacer desplazamientos a hospitales con UVI pediátrica, que no todos tienen. Los virus respiratorios pueden producir síntomas banales, síntomas que hacen que el paciente guarde reposo y síntomas que requieren hospitalización, que en niños no es frecuente.

¿A qué se deben esos picos de bronquiolitis? Hay algunos expertos que apuntan a que dos años de uso de la mascarilla han afectado a su sistema inmune.

El virus afectó especialmente a niños de hasta cuatro años. Esos niños estuvieron durante dos años protegidos, ellos y su ambiente, sus familiares, con mascarillas y otras medidas. Este año, por primera vez se encuentran con el virus y, al no tener el sistema inmunológico adaptado, deriva en una bronquiolitis. Este virus se ha adelantado, quizá por variaciones climatológicas, y en los mayores de edad también produjo algunas hospitalizaciones. Esto se suma al Covid y a la gripe, que en adultos también nos ha ocasionado muchos picos de atención en primaria y en urgencias hospitalarias. Se ha incrementado una demanda ya aumentada en la fase pospandemia.

Hemos hecho un esfuerzo tremendo por aumentar el número de profesionales en primaria, hemos conseguido unos ratios únicos de menos de 1.300 SIP por médico de familia, y aun con esos ratios, en fase pospandémica, la demanda de atención se ha incrementado. El ciudadano no ha percibido una mejoría. Aumentamos las plazas en mayo, de forma progresiva en los periodos vacacionales, y es en noviembre cuando se ha tomado posesión de las plazas. Este es el mes para testar el refuerzo.

¿Cuántas plazas nuevas se han creado?

Son 6.007 plazas estructurales que se incorporaron en dos fases. La primera cubrió fundamentalmente atención primaria; la segunda, hospitalaria. Pensamos que las ratios son suficientes para poner en marcha el plan en el que trabajamos. Hay 15 grupos de trabajo entre profesionales, asociaciones de pacientes y expertos para estructurar la gobernanza y transformar la atención primaria el año que viene. Hemos ido departamento de salud por departamento para ver si hay heterogeneidad, y hemos encontrado variables demográficas diferentes en cada uno. Son cuestiones interesantes para adaptarse al modelo.

¿Tienen cifrado el aumento de la demanda asistencial?

En inicio, de cerca del 25%. Ahora tenemos varios picos de infección respiratoria que prevemos que se estabilizarán en torno al 20%. Ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo, el ciudadano solicita la atención ya y en algunos centros de salud ha habido problemas para contactar por teléfono. Ha habido un cambio de imagen en lo que era la atención primaria, que parece más deteriorada desde la pandemia. Para nosotros ha sido importante tomar medidas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un sistema para que el personal que atiende al público aprenda a comunicarse, fundamentalmente en citación y atención presencial y telefónica. El personal administrativo no tiene conocimiento del sistema de salud y con este programa enseñamos sus funciones y cómo explicarlas al ciudadano, realizar una atención personalizada y humanizada. Vimos que era absolutamente imprescindible porque la imagen se estaba deteriorando.

¿Pero es una percepción ciudadana o la calidad ha bajado? Porque los profesionales están, en muchos casos, quemados desde la pandemia.

La pandemia nos enseñó muchas cosas. Este Gobierno entendió que había que hacer un esfuerzo en contratación de personal sanitario. Estas 6.000 plazas vienen acompañadas de otras 1.000 para 2023, y probablemente más. Es absolutamente necesario tener los recursos humanos suficientes para afrontar lo que venga. También ha habido un cambio conductual del personal sanitario: durante la pandemia se encontró con una asistencia diferente, con atención telefónica y telemática, atención presencial con medidas excepcionales y además tenía que asumir toda la burocracia del control de la pandemia. Eso distanció el contacto humano presencial. Luego la vacunación fue brutal, la Comunitat Valenciana fue modélica y eso fue un sobreesfuerzo del personal. Cuando la pandemia se estabiliza, los ciudadanos se estabilizan, pero el personal sanitario mantiene las medidas excepcionales. En España esto ha generado un incremento de la demora en la atención inmediata, el ciudadano no volvió al sistema de salud de forma inmediata y cuando llegó lo hizo con una patología que no había sido vista.

Pese al esfuerzo en contratación está habiendo tensiones en algunos departamentos. Hay amenaza de huelga. ¿Se va a tomar alguna medida?

La huelga no se debe a un déficit de personal. La solicitud, que solo ha hecho un sindicato de seis, está justificada en otros aspectos. He intentado dialogar para buscar un acuerdo, estamos en negociaciones con los seis sindicatos. La huelga no ha estado motivada por los picos que ha habido. Ha habido protestas, como la de La Fe, que se ha desconvocado. La demanda fundamental respondía a la situación durante el pico de urgencias... Si se incrementa el número de intervenciones quirúrgicas programadas [para reducir las listas de espera], se incrementa la necesidad de camas hospitalarias. Esto, sumado a los virus respiratorios, con pacientes que precisan camas, hace que debas reducir las intervenciones programadas y eso lleva a que la lista de espera se incremente otra vez. Son mecanismos de adaptación de los hospitales, tenemos respuestas por departamentos de salud.

Pero, además de estos planes de adaptación de personal, dentro de unos cinco años, por edad, se van a jubilar casi una cuarta parte de los facultativos. ¿No hacen falta más recursos?

Si tenemos alguna vacante es porque no hay personal dispuesto a cubrirla. Tenemos problemas para las plazas de difícil cobertura, especialmente en Vinaròs, Requena, Ontinyent y Torrevieja. Habiendo profesionales, no desean ir, es un fenómeno que ocurre en toda España. Ahora sacaremos un decreto que estimula a cubrir esas plazas con incentivos económicos y de carrera profesional. Además, si no se cubren así, hay un plan de alianzas que consiste en que una persona pueda cubrir una plaza menos atractiva de forma simultánea con otra que prefiera, compartir recursos humanos para esas plazas.

¿Y estas alianzas sirven para los periodos vacacionales, o en los lugares de afluencia turística?

Hacemos refuerzos. Este verano hicimos un plan de refuerzo en zonas costeras, el problema fue que no había personal para cubrirlos.

Entonces, hay falta de personal.

Hay falta de especialistas. Tenemos carencia en médicos de familia, psiquiatras, radiólogos y médicos de trabajo. Lo que más nos preocupa es la medicina familiar. Cuando se crea la especialidad hay un boom, y estos médicos se van a ir jubilando. El plan estratégico que debió hacerse en 2015 -un médico necesita 6 años de carrera y 4 de residencia (MIR)- tenía que haber previsto esto, la cobertura progresiva de plazas, pero hasta 2019 no se hicieron previsiones. Desde entonces se hace un esfuerzo para aumentar las plazas MIR en estas especialidades. Aún así, en números absolutos, no será suficiente para cubrir la demanda. Vamos a tener que disminuir el número de médicos que se jubilen. Aprobamos una norma para que no sea necesaria una autorización de prórroga [de vida laboral] hasta los 67 años y vamos a solicitar que sea hasta los 70. Además, vamos a solicitar la jubilación activa, que uno tenga la posibilidad de trabajar, total o parcialmente, cobrando una parte de la jubilación. Solo lo solicitaremos en medicina de familia y pediatría de atención primaria, es una propuesta en elaboración.

¿Hay un trasfondo político en comparar la situación en Madrid y Valencia?

Creo que no son comparables. En Madrid la conflictividad viene por incrementar la atención con la mitad de personal, que genera un problema. Esto trascendió el nivel sindical. Creo que hay un componente político importante en la solicidud de huelga [en la Comunitat Valenciana]. Yo no tengo ninguna inquietud, me da mucha tranquilidad haber sacado las 6.000 plazas, reunirme periódicamente con los sindicatos. Confío en una negociación y en la comunicación. Obviamente, si acaba en inconformidad, tienen su derecho a convocar una huelga.

Hablemos de reversiones. ¿Van a notificar a Ribera Salud la recuperación para la gestión pública del hospital de Dénia y del departamento de La Marina Alta?

Sí. Nuestra experiencia con las reversiones ha sido muy dura. La primera fue Alzira, luego vino Torrevieja y ahora viene Dénia. Además, las resonancias también están revertidas. En cuato a la recuperación de Dénia, se les comunicará ahora en enero. Nosotros desde el mes de junio ya tenemos un equipo de trabajo que está en contacto con la empresa preparando los documentos y el plan estratégico para intentar que sea una reversión amable.

La Generalitat ha recurrido recientemente el convenio colectivo que había firmado la plantilla del hospital de Dènia con Ribera Salud. ¿Por qué?

Porque el convenio tenía dos cláusulas lesivas para la administración. Nosotros cuando recibimos el texto del convenio lo remitimos a la Abogacía de la Generalitat y había dos cláusulas: una un incremento salarial a partir del año 2024 que no sabemos si necesariamente tiene que ser ese o tiene que ser otro, y la otra es que todo lo que hasta diciembre de 2024 son objetivos y es variable salarialmente se convierte en lineal y eso nos perjudica mucho porque implica que desde enero de 2025, cuando ya volverá a ser un departamento de gestión pública, se convierte en lineal.

¿No es precisamente una muestra de amabilidad por parte de la empresa aprobar unas subidas salariales a partir del momento de la reversión, no?

Bueno, si hubiera sido un convenio razonable nosotros no tendríamos nada que decir, pero la abogacía nos dice que es lesivo para el interés público y que hay que cambiar esas cláusulas, por eso lo recurrimos.

¿Con todo lo que está costando recuperar la gestión pública de los departamentos privatizados, qué piensa cuando escucha el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, decir que se plantearía volver a a este modelo concesional?

Viniendo de él lo veo razonable porque esto es un inmenso negocio. Las últimas liquidaciones de Dénia y Alzira nos salen a favor por 120 millones, es mucho dinero. A mí volver al modelo privatizador me parece una involución, la mejor sanidad que podemos tener es la pública bien gestionada, no la que sea un negocio. Cuando llega el Botánico en el año 2015, además de planificar la reversión, hizo que más de 100.000 ciudadanos volvieran a tener acceso a la sanidad pública. Además, el copago farmacéutico se eliminó para aquellos en situación precaria. En un Estado social justo no se debe de permitir que la sanidad sea cuestionada y se tenga que pagar, pero además no se puede permitir que sea un negocio para otras empresas porque nos cuesta dinero.

¿Cómo valora el acuerdo con las peñas taurinas por el que la sanidad pública debe asumir el coste de las atenciones que no cubren los seguros?

Es una medida que apenas tendrá impacto en el coste sanitario, ya que estamos hablando de que la cobertura que asume el seguro se eleva a 15.000 euros y, según nuestros datos, la factura por atención a lesiones por accidentes festivos oscila entre los 1.170 y 1.580 euros de media en los últimos seis años.

¿En cuanto a la puntuación del valenciano para consolidar plazas de interinos, cómo queda finalmente y por qué ha habido variaciones a última hora?

Lo primero que hay que dejar claro es que no es un requisito, sino un mérito porque estamos en una comunidad con un porcentaje importante de población que habla en valenciano y entenderlo es necesario, y hablarlo mucho mejor. No lo vemos como un requisito porque además de tener un déficit de médicos, todavía no estamos con un porcentaje de población valencianohablante lo suficientemente alta para que sea un requisito. Entonces, para hacer el baremo de estabilización lo que persigue es que por un concurso de méritos sin oposición, es decir, cogiendo por una parte la carrera profesional y por otra los méritos profesionales, se cuantifica y la gente elige plazas. Desde el punto de vista de méritos profesionales se incentiva el trabajo en la Comunitat Valenciana. Son 70 puntos y puntúa más si has trabajado en la Comunitat que si no. Los otros 30 puntos se dividen en tres clasificaciones que es lo que valora los méritos no profesionales. El valenciano lo máximo son 15 puntos, el haber aprobado un concurso de oposición y no tener plaza son 5 y luego vienen muchos más, como cursos y otras cuestiones. En cuanto a la tesis, es lo único que valora la actividad investigadora de un profesional y se valora igual que el valenciano con 15 puntos. Entonces la investigación se ha pasado de cinco puntos que era el primer borrador a 15 y esta es toda la polémica. Se ha buscado un baremo objetivo y sencillo. Se cualifica el que ha hecho un gran esfuerzo en estudiar y dominar el valenciano y lo mismo para el que ha hecho una tesis doctoral.

Salieron esta semana los datos de suicidios del año y la semana pasada se presentó el plan de salud mental. ¿Qué impacto esperan que tenga?

Desgraciadamente, a pesar de que en el año 2013 ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la necesidad de un plan para reducir el incremento de suicidios que se veía, nadie lo ha conseguido, algo ocurre en la sociedad. En España y en la Comunitat Valenciana se creó un plan, se puso a nivel nacional el teléfono 024, pero aunque se ha conseguido atender a mucha gente no se han reducido las cifras. Lo que sí se ha objetivado en la fase pospandémica en los centros de salud mental infantil y de adolescentes es un incremento de síndromes depresivos, de ansiedad, de impulsividad, además de adicciones, no a sustancias, sino a los videojuegos y a las apuestas online, también han subido las autolesiones y las ideas de suicidio. Este año se hizo una convención ciudadana que sacó 27 ítems de reivindicaciones que son de un sentido común aplastante.

¿Cuál ha sido su postura en ese proceso?

Lo primero que hicimos cuando aprobamos las 6.006 nuevas plazas estrucurales fue aumentar las plazas de psiquiatras hasta en un centenar y también de psicólogos, y se aumentaron las plazas de enfermería de salud mental, de trabajadores de asistentes sociales y de terapeutas ocupacionales. La idea es afrontar este tema desde un punto de vista comunitario, de manera que no necesariamente a un niño lo tiene que ver un psiquiatra, lo puede ver un psicólogo, y aunque no necesariamente el psiquiatra da siempre fármacos, significa que nos aseguramos de que una parte de ellos van a ser tratados sin medicamentos y que este equipo de trabajo va a colaborar a que, al implicarse asistencia social, trabajador social y terapeuta, vamos a ver dónde está el problema: si es de adaptabilidad familiar, de expectativa laboral, o de discriminación. Esto requiere de un trabajo comunitario en coordinación con los colegios, que son los primeros que van a detectar el problema. Va a significar implementar tres medidas importantes: potenciar los centro de salud infanto-juveniles, habilitar tres hospitales de día infanto-juveniles, que hasta ahora no existía ninguno, en Picanya, Alicante y Benicàssim, que ya los tenemos localizados y son como chalets a los que los jóvenes con problemas van a ir por las mañanas. Allí harán actividades juegos y terapia. Luego habrá lo que llamamos equipos móviles que atienden a niños o jóvenes en sus hogares o en sus colegios sin que se tengan que desplazar. Luego están las residencias que son para ingresos, pero en centros que no tienen nada que ver con un hospital. En 2023 hay 40 millones para todos estos recursos. El plan de salud mental es una de las medidas que más está reivindicando la sociedad.

¿Si se reeditara el Pacto del Botánico le gustaría volver a ser conseller de Sanidad?

Le voy a ser sincero, si todas las medidas que estamos llevando a cabo repercuten positivamente en la ciudadanía, que esperamos que así sea, sí. Es decir, que veamos que las listas de espera van a la baja, que el ciudadano va cambiando de actitud y se siente mejor atendido, el personal sanitario también, evidentemente estaré encantado.

Es el único representante del Ejecutivo autonómico que lleva mascarilla en público. ¿Por qué?

Además de por edad, creo que el uso de la mascarilla era muy importante. Vengo de la asistencia sanitaria pura y dura, no me supone un problema. Creo que la imagen que debe dar el máximo responsable de la Sanidad Pública es, como mínimo, de uso responsable.

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