Dos nuevos problemas judiciales para Arturo Torró
Los asuntos judiciales se han vuelto a cruzar en el camino de Arturo Torró. Y está vez, en plena campaña electoral. Al rocambolesco episodio de su no imputación en el caso de las Escoletes, a la investigación de los contratos con la Púnica y a los continuos varapalos recibidos por negar información a la oposición, se le suman ahora dos problemas no menores.
El primero, es la petición de imputación por parte de los socialistas por la adjudicación de Tele 7. Pese a que no proviene motu proprio de los tribunales, los hechos denunciados tienen suficiente gravedad para que Torró pueda transgredir la zigzagueante línea roja del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
A los datos anteriormente aportados, en el nuevo escrito presentado por los socialistas se incluyen los informes publicados que elaboró Bankia sobre las operaciones financieras que realizó la entidad con el actual alcalde de Gandía. De ellos, y según el PSPV-PSOE, se extrae que Torró es el dueño de la mercantil Inversiones Especiales del Mediterráneo, S. L.
Da la casualidad que esta empresa fue una de las dos empresas que se hicieron con la adjudicación del contrato de prestación de servicios televisivos, tras el cierre realizado por el alcalde de la antigua televisión pública. En opinión de los socialistas, estos informes demostrarían su tesis de que José Codina, dueño formal de la empresa, actuaba como presunto testaferro del verdadero propietario de la empresa que sería Torró. Conviene señalar que Codina fue gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando el dirigente popular era presidente de esta, y que este había compartido domicilio fiscal con el alcalde.
Los datos, según el grupo socialista, indicarían que Torró se adjudicó a si mismo sin publicidad ni concurrencia un contrato de cerca de 1,7 millones de euros, por lo que piden su imputación por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude a la administración. La otra empresa adjudicataria, según público El País, estaba vinculada con el ahora defenestrado presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.
IPG, bajo sospecha
El otro asunto judicial que puede afectar al mandatario local del PP, es la investigación que realiza la Fiscalía sobre la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandía (IPG). Unas pesquisas que se centrarían en la destrucción de documentación contable que sufrió la empresa a causa de un virus informático solo unos días después de que los tribunales obligaran a la corporación municipal a facilitar la información de la sociedad a la oposición.
IPG es actualmente una empresa en proceso de liquidación, que siempre ha estado bajo polémica. Precisamente, los socialistas ya denunciaron a Torró por malversación y prevaricación al detectar unas supuestas irregularidades en los créditos concedidos por el consistorio a la mercantil pública. Operación que contó con el criterio negativo de los técnicos.
Una mercantil, de la cual se desconoce la cifra de trabajadores que ostenta, y que tenía como gerente a Gonzalo Morant, tesorero del PP de Gandía y “antiguo socio de negocios con Torró”, según denunció la oposición. Dos problemas judiciales más que se suman a la lista.
