Añoranza del bipartidismo perdido

Hace unos meses, los socialistas valencianos conmemoraban, en un acto público, el 40 aniversario de su acceso al gobierno de la Generalitat, con Joan Lerma como presidente. Un puñado de protagonistas de aquel momento fundacional del autogobierno fueron invitados a subir al escenario y hablar de su experiencia en un periodo de mayorías del PSPV-PSOE, que se extendió desde 1982 hasta 1995, cuando el PP llegó al poder. El orgullo por haber protagonizado la construcción de la autonomía, que coincidió con las victorias del PSOE en España, se complementaba en sus reflexiones con la satisfacción por el regreso de su partido a la presidencia del Consell en 2015 de la mano de Ximo Puig, pero pronto las intervenciones derivaron hacia apelaciones a la conveniencia de conseguir que esta nueva etapa culmine en un gobierno en solitario, en una nueva mayoría absoluta. Nadie hizo alusión al hecho evidente de que el PSPV volvió al Palau de la Generalitat Valenciana gracias a la irrupción de nuevos actores políticos, como Compromís y Podemos, dado que Puig llegó a ser presidente de la mano del Pacto del Botánico, con los peores resultados de los socialistas en cuatro décadas. La actitud no dejaba de resultar llamativa.

Una buena parte de los que fueron dirigentes en la Transición y de sus herederos tiende a expresar esa incomodidad, como si el devenir democrático les estuviera hurtando una razón política que, en buena medida, se concreta en un bipartidismo, más o menos incompleto (los nacionalismos vasco y catalán estuvieron presentes desde el principio), consubstancial al propio régimen democrático diseñado entonces. No es de extrañar que en el borrador del discurso que Ramón Tamames, destacado dirigente del PCE en aquella época, ha preparado para la moción de censura que defenderá por encargo de la ultraderecha de Vox supure la añoranza de tal característica del sistema, con argumentos que se sustentan en una razón de Estado reticente ante lo que el desarrollo del Estado de derecho en la práctica ha convertido en una realidad. Resulta que no caben las Españas en el vestido que se confeccionó en la Transición y propone Tamames en el documento, plagado de naftalina, que ha publicado en exclusiva elDiario.es, una reforma de la Ley Electoral para apretar el corsé y que los partidos nacionalistas y autonomistas no logren “la sobrerrepresentación” que, en su opinión, tienen ahora. ¿Sobrerrepresentación?

El sistema electoral vigente corrige sustancialmente la proporcionalidad en la asignación de escaños mediante la ley D'Hont, gracias a la cual se obtienen mayorías absolutas con porcentajes incluso inferiores al 40% de los votos, dado que potencia sus efectos en las circunscripciones pequeñas, pero además establece diversas barreras, del 3% en cada provincia y en la representación para los parlamentos autonómicos según la ley electoral correspondiente. Una de las barreras electorales más duras es el 5% en toda la comunidad (no sirve superar ese límite en una de las circunscripciones) que existe para obtener diputados en las Corts Valencianes. Diseñada para frenar a las minorías, la pluralidad existente en la sociedad valenciana acabó por sobrepasar el efecto de contención de esa barrera y liquidó los periodos de gobiernos monocolores anteriores, primero del PSPV y después del PP (aunque, en la única excepción a la regla, los populares ya tuvieron que pactar con los regionalistas de derechas de Unión Valenciana en 1995).

En estas dos legislaturas del gobierno progresista de coalición, ha propuesto la izquierda valenciana varias veces rebajar la barrera electoral al 3%, una iniciativa que se ha visto frustrada por las incoherencias de Ciudadanos, que ha amagado con aportar sus votos a la necesaria mayoría cualificada en el parlamento autonómico, no lo ha hecho y con toda probabilidad será el 28 de mayo su próxima víctima.

Frente a la evolución real de la política en España, que ha desbordado el bipartidismo con el que se diseñó el sistema, se ha propuesto recurrentemente desde el PP implantar la norma de otorgar gobiernos (estatales, municipales o autonómicos, según la conveniencia) a la lista más votada, siempre en nombre de la gobernabilidad, palabra con la que se disfraza la oscura razón de Estado cuya invocación llevó al PSOE con su abstención a permitir en 2016 que pudiera volver a gobernar Mariano Rajoy, en una maniobra que provocó una rebelión de las bases socialistas, acabó con el dominio del aparato orgánico aferrado al bipartidismo y encumbró a Pedro Sánchez, presidente al final del primer Gobierno de coalición en España de esta etapa democrática. Es bastante probable que el PP, con el apoyo de las fuerzas fácticas, por llamarlas de algún modo, vuelva a plantear esa operación, la de que le deje gobernar el PSOE, si consigue ser el partido más votado en las próximas elecciones generales.

Parafraseando a Václav Havel, podríamos decir que “el poder de los sin poder”, la variedad de coloridos y el carácter plurinacional de la realidad de España, acabó por romper las costuras de un modelo diseñado en la Transición que Tamames, erigido en portavoz de la derecha reaccionaria e involucionista, pretende forzar mientras acusa de forma inverosímil al pluripartidismo de propiciar “una autocracia absorbente”. Todo menos preguntarse si los déficits en el desarrollo (la estructura federal incompleta, por ejemplo) y los abusos de poder en la gestión que ese sistema ha amparado (corrupción política incluida), con la disidencia que han provocado, no han sido precisamente los que han desbaratado su eficacia.