Aprovechados de la discusión

Es criminal tener dos pisos y alquilar uno. Lo dice Ione Belarra. Puede que los propietarios de dos pisos no sean un colectivo a proteger, pero no son criminales ni creo que den “asco absoluto”, como dice la líder de Podemos. Reproduce el lenguaje de la derecha y el descrédito de los acuerdos en los que no entran. Una vez más, mientras la izquierda discute entre alquilar una o ninguna casa, las políticas favorecen a grandes fondos y grandes tenedores. Entre la polémica que generan distintos grados de progresismo, la gente acaba equiparando el chalé de Irene Montero con el racismo y el machismo de Santiago Abascal. Y así, el que seguro que no tiene la ayuda oficial es el que no encuentra una casa para vivir, ni el que, por ejemplo, alquila su casa pequeña para vivir en otra un poco más grande con una habitación para cada hijo. Cierto, hoy es un lujo que cada adolescente de la casa tenga un poco de intimidad, pero no es un comportamiento criminal ni es la causa de que tanta gente no encuentre techo que pagar con lo que recibe de sueldo, por mucho que se suba el salario mínimo.

Mientras se discute sobre candidaturas conjuntas que no llegan y frustran a muchos ciudadanos o se disputan las migajas ideológicas, hay quien va haciendo camino. Distraídos en cuestiones de nombres y matices, los partidos de izquierdas dejan el camino libre para que gobiernos como el de Carlos Mazón cambie la ley y las VPO como las de Alicante se puedan vender a precio de renta libre. Y se aumentan los ingresos para poder solicitarlas, así que no quede fuera ninguno de los suyos. Como ya pasó con la construcción en la costa, PP y Vox han demostrado a quien representan y se unen hasta lograr la mayoría para hacerlo. El problema es que los que no están de acuerdo con ellos no son capaces de impedirlo.

Lo ocurrido en Alicante es muy grave. Denota una sinvergonzonería evidente que hay que perseguir, denunciar y castigar. Pero sin perder de vista que los pillados con las manos en la vivienda se aprovechaban (y otros seguirán aprovechándose) de un modelo que pervierte el concepto de la ayuda a quien no puede acceder a un derecho. Quien realmente necesita una subvención pública para pagar la casa de su familia ni sueña con acceder a viviendas protegidas de promoción privada con zonas comunes, piscina y pista de pádel como las de la cooperativa en la playa de San Juan que se han adjudicado diversos cargos del Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, los hijos y sobrino de la directora general o el arquitecto municipal han aprovechado su información privilegiada para asaltar la caja que les han dejado abierta. En este caso, algunos han llevado hasta el extremo la perversión del sistema, con el agravante de las ventas y alquileres inminentes y con dinero negro. Según conocemos los detalles, nos surge la duda de quan diferentes son quienes lo han hecho de los que han legislado para hacerlo posible. De cuánto se ríen unos y otros de las miles de personas que viven en la calle en ciudades como Alicante y de los que se amontonan en una habitación o no pegan ojo, pese a tener sueldo y casa, ante el temor de perderlos.

Los impulsores del cambio legislativo nos cuentan que el pádel, el jardín y la subida hasta los 66.000 euros máximos de ingresos al año son necesarios para que los operadores privados movilicen el suelo y aumenten la construcción de vivienda protegida. Es de suponer que quienes eso argumentan saben que hay gente que no tiene donde guardar la pala ni el bañador. En el caso de Alicante, la ayuda ha ahorrado a los beneficiarios, a los honrados y a los otros, entre 150.000 y 200.000 euros, unos 163 salarios mínimos, tipo de sueldo que, obviamente, ellos no cobran.

Una vez más, se toman algunas decisiones cuando se descubren los hechos. Y, a falta de contundencia, tiene que intervenir en la política valenciana la Fiscalía Anticorrupción. Habrá que ver si hay prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o conflicto de intereses. Determinar si ha existido fraude a la administración, estafa o fraude de ley con relevancia penal. Lo que no puede enjuiciar un tribunal es el modelo, en qué se gasta el dinero público, en teoría, destinado a financiar el derecho constitucional a la vivienda. En qué se invierten nuestros impuestos en un momento de escasez de techos para tanta gente que sueña con lo mínimo, no con las promociones que se construyen y se subvencionan en los cogollos de las ciudades y que incluyen garaje, trastero, gimnasio, piscina, centro social o pistas deportivas.

Juanfran Pérez Llorca ha señalado la vivienda como una de sus prioridades. Más allá de los memes que provoca la situación, tiene ahora una oportunidad magnífica para demostrar cómo actúa ante la escasez de casas y las prácticas indecentes en el entorno de los suyos. Desde luego, no parece que la mejor manera de afrontar la crisis sea la ridícula alusión a las comisiones de servicio de uno de los pillados ni buscar qué responsable político ha acabado firmando un derecho que asiste a los funcionarios. Ojalá ese fuera el problema. Las viviendas se han asignado entre afines, se han utilizado para intentar cobrar dinero negro o alquilar a precios elevados. Ha fallado el control administrativo en todas las fases del proceso, desde que el Ayuntamiento compra y cede el terreno hasta que los pisos adjudicados se revenden o arrendan. Casualmente la publicidad y transparencia de la demanda y adjudicación solo parece llegar a la vivienda social, esa escasa construcción gestionada por la Generalitat para atender colectivos en situación de vulnerabilidad. Para jugar al pádel con iniciativa privada, alguien considera que no hace falta vigilar tanto. Más allá de las “ovejas negras” de las que ha hablado Susana Camarero en este caso, lo sucedido en “Les Naus” es la ocasión perfecta para debatir sobre el modelo. PP y Vox sabemos cuál propugnan: construir a cien metros de la costa y subvencionar el jardín y la piscina. Apartados y supervisados los aprovechados, tienen mayoría para hacerlo. La duda es para los aspirantes a lograrla y a hacer algo diferente. Si la manera de cambiar el modelo es llamar criminales al resto de la izquierda, el próximo cambio legislativo subvencionará dúplex con hoyos de golf y salida directa y privada al mar.