“Ciutat de serps i rates coentes i terribles,
per tu passeja lliure la ignomínia més fonda
i rep la traició homenatge cada dia
dins els cors bondadosos dels teus fills estimats“
Marc Granell. València- “Corrent de fons”,1999.
Suele haber gran distancia entre lo que es y lo que debería ser. En 2011 las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación cumplieron en España 125 años desde su fundación en abril de 1886. Cuando en 2010 Javier Gómez-Navarro, ex ministro de Comercio y Turismo y último presidente digno y efectivo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, me encargó escribir la historia de estas corporaciones centenarias sólo me pidió: “ quiero una historia de verdad, no un panegírico complaciente”. Es decir al pan, pan y al vino, vino. Acepté el reto por la mediación de dos personas relevantes en el mundo cameral: Gonzalo Solana, del Consejo y Fernando Zárraga, ex director general de la Cámara de València. Me comprometí a no defraudarles. En abril de 2011, Gómez Navarro –empresario y socialista– dimitía, como dirigente digno y consecuente ante el desmantelamiento de las Cámaras, de la presidencia del Consejo. Poco después lo hacía Gonzalo Solana –no sin asegurar que mi trabajo llegaba a buen fin– y Fernando Zárraga dejaba la Cámara valenciana donde había trabajado varias décadas.
Ajenas a la política
Recientemente he publicado en elDiario.es dos artículos sobre las Cámaras y los lectores me han pedido que complete la última serie con una reflexión acerca de cómo se ha cercenado el cometido de las Cámaras de Comercio, qué misión deberían cumplir y cómo repercute el vacío que dejan para los intereses generales de la economía y la sociedad de la Comunidad Valenciana y en el contexto español. Los lectores han de comprender que es perverso suprimir de un plumazo la carta de naturaleza de instituciones que cuentan con 137 años de existencia en España, con un denso historial desde que el decreto fundacional de la Reina María Cristina propuesto en 1886 por el ministro de Fomento, Eugenio Montero de los Ríos dejó bien claro: “Alejada de estas Cámaras la política y dedicadas pura y exclusivamente a velar por los intereses locales y generales del comercio, la industria y la navegación…” en una larga exposición de motivos que deberían conocer los políticos y mandamases que tienen responsabilidad y competencias en estas corporaciones de derecho público. Pero del derecho público de verdad: el que vela por la integridad y el buen fin de las entidades intermedias de la sociedad. Las que gozan de la prerrogativa de permanecer por encima de patronales, políticos, grupos de presión, gobiernos, coaliciones y otros contubernios que menosprecian la trayectoria histórica y cualquier otro valor que vaya más allá de su interés particular a corto plazo: el que va desde su irresponsabilidad hasta la parodia electoral por la que han accedido al cargo.
Universales
La misión fundamental de las Cámaras es ejercer a modo de ente consultivo de los intereses empresariales con las administraciones. Hay dos modelos de Cámaras: el anglosajón, de libre afiliación y comportamiento patronal y el continental, al que están adscritas las españolas aunque desvirtuadas, de pertenencia necesaria y de naturaleza oficial como corporaciones de derecho público que son. Las Cámaras de Comercio en España durante gran parte de su dilatada vida, por Ley debían de ser obligatoriamente consultadas por las administraciones a la hora de legislar o de tomar decisiones en materia económica o que pudieran repercutir en su cometido. Actualmente la Generalitat Valenciana adeuda el pago de varios meses a sus proveedores de la sanidad (ortopedias, residencias, copago establecido, productos de farmacia, mantenimiento, etc.) y las Cámaras de Comercio, podrían y deberían reclamar, por autoridad y derecho, a las administraciones concernidas el cumplimiento que obliga al sector público a cumplir con unos plazos legalmente establecidos, para evitar el colapso financiero de las empresas y que los efectos negativos de los retrasos perjudiquen a la sociedad y a los ciudadanos.
Responsabilidad ferial
La Feria Muestrario Internacional de València ha sufrido un irrecuperable deterioro en los últimos 30 años. Primero por ineficiencia, corruptelas y gestión perversa en sus certámenes a lo largo del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa Rita Barberá, que ocupaba la presidencia del patronato de Feria Valencia. Después por la irresponsabilidad y por los desencuentros ocurridos desde 2015 para reconducir el panorama ferial , notablemente beneficioso y necesario para la economía y para la ciudad de València desde la fundación de la institución ferial valenciana en 1917. Es falso que las entidades feriales hayan perdido su razón de ser, cuando se puede ver como funcionan en otros países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido y sin ir más lejos en Madrid (Ifema) o en la Fira de Barcelona, –que no se beneficia de la capitalidad de España– y cuenta con más de cien certámenes y eventos comerciales con alta rentabilidad. La Cámara de Comercio de València, como entidad fundadora junto con Unión Gremial, ha tenido el privilegio y la prerrogativa de ostentar la vicepresidencia nata de Feria València y no ha movido un dedo (José Vicente Morata) con eficacia para conseguir evitar el declive de otra institución centenaria (1917-2023) y lograr la recuperación de una actividad comercial vital para la economía valenciana con el segundo recinto ferial en extensión de toda Europa.
Sapere aude
El Centro de Formación Lluís Vives que construyó la Cámara de Comercio (1991) en el Parque Tecnológico de Paterna, se concibió –con denominación que compromete– e instaló con el objetivo de que la Comunidad Valenciana tuviera una Escuela de Negocios de alto nivel como los que tenían y tienen otros centros neurálgicos del mundo empresarial en España: Bilbao, Barcelona, Madrid. Se trataba de que en Valencia se pudieran formar los cuadros directivos y altos ejecutivos de las compañías autóctonas sin tener que necesariamente desplazarse dentro de España o al extranjero para adquirir los conocimientos que precisan, con la consiguiente ventaja de la proximidad y de la reducción de costes. Hoy la Comunidad Valenciana carece de un centro de formación de directivos de alto nivel equiparable a los Icade, Esade, Iese, Deusto, IE, Cunef, Eada. Los sucedáneos existentes ni son lo que necesita la empresa valenciana ni llegan a ser más que un capricho egocéntrico insuficiente. Las Cámaras de Comercio están y deberían actuar para hacer posible lo que la iniciativa privada no es capaz de lograr. Si se hubiera consolidado el funcionamiento y la viabilidad del Centro Lluís Vives en la década de los 90, la Comunidad Valenciana contaría con un foco modélico de irradiación de conocimiento y preparación para los cuadros técnicos y profesionales que las empresas valencianas necesitan para su relanzamiento en competitividad y productividad. Tanto los gobiernos –de entonces y posteriores– como los partidos políticos, los grupos de presión empresarial, los gurús ideológicos y las patronales, lejos de colaborar y alentar el funcionamiento de esta Escuela de directivos y masters (MBa) especializados, hicieron cuanto pudieron para hundir el proyecto que no era suyo ni eran capaces de liderar. Desde hace treinta años la Escuela de formación de la Cámara de Comercio no se dedica a impartir los cursos que necesitan los intereses de empresarios y empresas valencianas, sino a dar la formación que le es “rentable”, porque recibe subvenciones o les resulta factible por la ley del mínimo esfuerzo. En ocasiones entran en competencia desleal con otros centros privados que imparten las mismas materias, con el agravante de que teóricamente son empresas que pertenecen a la Cámara de Comercio de su circunscripción.
Codiciadas
En esta época de descrédito de los partidos políticos, sumidos en la inconsistencia, las contradicciones y el profundo surco de la corrupción compartida, los entes intermedios de la sociedad evidencian la necesidad de su existencia. Los cubículos del poder–gobiernos, coaliciones, confesiones, grupos de presión, patronales– no entienden más lenguaje ni más interlocutores que los que responden a sus rancias reglas de juego. Las Cámaras de Comercio instituidas en su día por un gobierno regeneracionista de finales del siglo XIX, han tenido que sufrir las asechanzas y la amenaza constante de los gobiernos de turno, que quieren Cámaras débiles y sumisas para controlarlas. Justo el engendro cameral actual. El PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero, contra el criterio del también exministro socialista Javier Gómez-Navarro –entonces presidente de las Cámaras españolas– les dio el golpe de gracia con el empeño de su ministro de Comercio e Industria, Miguel Sebastián, para complacer a las patronales españolas –siempre celosas del prestigio de las Cámaras– y a las grandes empresas encuadradas en el Ibex, que no querían contribuir a las Cámaras si no las controlan. Zapatero cedió ante el poder del dinero y Rajoy entregó la cabeza de las Cámaras a sus patrocinadores. Martín Sevilla, conseller de Industria y Comercio con Joan Lerma, en 1995 cuando se vio diáfana la operación de la patronal CEV para apoderarse de la Cámara de València, nos decía en su despacho de la calle Colón: “es que tenéis a las zorras dentro del gallinero”. Ni Lerma ni él como conseller, con responsabilidad tutelante, ambos en declive, hicieron nada por evitar el asalto a las Cámaras ante el desembarco del PP del trilero Eduardo Zaplana en la Generalitat, para allanar el terreno.
Golpe de gracia
Zapatero las hundió por decreto (3 de diciembre de 2010) al suprimir las cuotas necesarias de las que vivían y las dotaba de autonomía e independencia. Por sorpresa eliminó la representatividad de la totalidad de las empresas consustancial para desarrollar su misión. Ocupó el poder el Partido Popular de Mariano Rajoy y se dio cuenta de la barbaridad que suponía que España fuera el único Estado Miembro de la Unión Europea que careciera de Cámaras de Comercio y elaboró la nueva Ley de 2014 que estableció las bases para toda España. Delegó las competencias en las Comunidades Autónomas, estableció un reparto de un simulacro electoral por el que las patronales y las empresas que más pagan por ser miembros directivos de cada Cámara –que son los mismos–, dominen la mayoría del Pleno que es el principal órgano de gobierno de estas instituciones. Condenó a las Cámaras a vivir de unos servicios que no saben prestar a las empresas porque no tienen capacidad para hacerlo. La otra fuente de ingresos vendría de convenios y funciones delegadas por los gobiernos de turno. Los del espectro de la izquierda –el PSOE también– consideran que las Cámaras son entidades de obediencia empresarial cuando ni las ni entienden ni tienen ninguna confianza en ellas. Los de la derecha pretenden instrumentalizarlas como brazo ejecutivo del partido dominante –casi siempre el PP– en el mundo empresarial. Así los partidos llamados progresistas no quieren saber nada de ellas, salvo que les sirvan para hacer concesiones y negociar la paz económico-financiera con los grupos de presión empresariales. Han acabado siendo meras monedas de cambio. “Do ut des”. Sería aceptable si no se tratara de 123 instituciones y cincuenta consejos autonómicos con larga historia, de arraigada trayectoria en los territorios, con millones de empresas representadas –de ellas 7.380 en puestos directivos– y más de cinco mil empleados indefinidos que las hacen funcionar.
Volcadas al exterior
Las Cámaras de Comercio, con cuyo salvoconducto se puede viajar por todo el mundo, tienen su esencia en el comercio exterior. El Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) quiso hacer su papel y fue arrasado por los celos de la Administración Central del Estado que tiene en el ICEX (Instituto de Comercio Exterior de España) su ineficiente puente de mando para la exportación estatal, que ni conoce ni entiende. Es un resorte de poder y representación que defiende con uñas y dientes la superestructura diplomática y comercial del Estado. Para eso se crearon las Cámaras de Comercio en 1886: “para restablecer y aumentar el comercio de la Nación”, al margen de la rígida y anquilosada maquinaria estatal que permanece alejada de la realidad y de los protagonistas de la exportación, de los sectores productivos y de la peculiaridad específica de cada uno de los núcleos multiplicadores de la actividad comercial orientada a los mercados exteriores.
Iniciativas y proyectos
En los albores de la autonomía valenciana se creó Procova (Promociones Comunidad Valenciana) por iniciativa y al calor de la Cámara de Comercio de València. Entre los celos de la patronal CEV y de la camarilla gubernamental de la Generalitat, entonces incipiente, desarbolaron el proyecto, lo apartaron de sus raíces empresariales y terminaron creando el IVEX que murió por falta de voluntad política de subsistencia. Los responsables de la política, incluida la empresarial, acaban inutilizando los resortes y los instrumentos por desconfianza y desconocimiento. Así también ocurrió con el Instituto de Promoción Industrial (IPI), mérito exclusivo de la Cámara de Comercio de València –Ángel González Rivero, José María del Rivero Zardoya y Gerardo Canet– que acabó fagocitado por el IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana) exultante de pretensiones, para acabar varado en el proceloso mar de las subvenciones teledirigidas, hasta fundirse en la amalgama indefinible del IVACE, especializado en “ayudas”.¿ Para qué toda esa mezcolanza de de organismos y entidades cuando permanecen infrautilizadas las instituciones a las que corresponde desempeñar sus competencias y funciones (comercio, industria, navegación, turismo y servicios) por derecho propio?
Misión frustrada e irremplazable
Las Cámaras de Comercio heredaron y son garantes de los organismos, entidades, juntas ( Consulado de la Llotja dels Mercaders) y consejos que velan por las buenas prácticas comerciales en los negocios y transacciones, tienen encomendadas funciones irrenunciables de mediación, petición de cobertura legal al poder legislativo, constitución y reformas necesarias a los gobiernos, elaboración de informes y datos para conocer y actuar en el campo económico, promover y organizar certámenes feriales que faciliten los intercambios en las empresas, establecer y expandir las relaciones comerciales en el territorio español y en el extranjero, procurar la uniformidad y el entendimiento en las prácticas mercantiles, fomentar la formación y el conocimiento en todos los campos donde no llega la iniciativa privada, discernir y decidir en cuestiones empresariales que se sometan a su consideración y criterio, facilitar mediaciones, amigables componendas y acciones para perseguir y evitar malas prácticas que perjudican a los agentes económicos.
Adalides ante la Unión Europea
Las Cámaras de Comercio tuvieron un papel rector e insustituible en la apertura de la economía española tras la dictadura franquista, cuando las organizaciones patronales ni existían ni tenían capacidad de gestión ante las instituciones europeas. La Delegación del Consejo Superior de Cámaras, en la avenida de Tervuren de Bruselas, asumió el papel que no podía desempeñar ni la diplomacia española ni las balbuceantes patronales. Artífices en estos años decisivos de apertura y aproximación a la Comunidad Económica ,hoy Unión Europea, fueron su primer delegado(1970- Acuerdo de Asociación entre España y la CEE), Daniel de Busturia (iniciado en la oficina que abrió en Bruselas la Cámara de Bilbao en 1969), los ex ministros Pedro Solbes Mira y Joaquín Almunia, Gerardo Canet Navarro (luego funcionario en la Comisión Europea), Juan Castro, Fernando Puerto (varias veces director de la representación) , Emiliano Alonso, Fernando Llanos (más tarde encargado de la oficina de la UE en Baleares), Fernando Ferrero (entregado secretario general del Consejo Superior), Fernando Zárraga, Luis Miguel Corral y Ana Benito. La Cámara de Comercio de València durante décadas desplazó a Bruselas parte de su gestión y actividad desempeñadas por técnicos y becarios que velaban y se desvivían por defender los intereses de las empresas valencianas.
Ceguera, injusticia e incompetencia
La injusticia y la ingratitud se han cernido sobre la trayectoria ejemplar y las múltiples posibilidades que tienen las Cámaras en España. Hoy muestran un panorama desolador por la desconsideración y por la ignorancia dolosa acerca de su misión truncada. La llamada Cámara de España, con sede en Madrid, más que un logro es un expolio inoperante. Un hecho: el vacío que han dejado las actuales Cámaras de Comercio en la Comunidad Valenciana y en España –por indefensión gubernamental e incapacidad de sus actores–, acrecentadas por los celos y envidias de políticos y patronales, nadie es capaz de cubrirlo ni de desempeñar las funciones que deberían estar ejerciendo y que les fueron encomendadas hace 137 años. A quienes impiden sus legítimas competencias y hacen dejación de la responsabilidad que les corresponde la historia y su conciencia se lo reclamará.