Lucky y Neko: los gatos que pusieron al Ayuntamiento de Cáceres ante la ley

Cáceres cuenta con un Plan de Gestión de Colonias Felinas, elaborado hace años con participación de personas expertas. Las colonias están registradas, las personas gestoras formadas y acreditadas por el Ayuntamiento, y las clínicas veterinarias que colaboran forman parte del plan. Sobre el papel, la ciudad parece tener control sobre sus gatos comunitarios. En la práctica, sin embargo, la ausencia de presupuesto convierte una obligación legal en una carga que recae casi por completo sobre asociaciones y mujeres voluntarias.

María José Tejeda, presidenta de la Asociación Protectora Felina de Cáceres, lo resume con claridad: “El plan existe, las colonias están registradas y autorizadas, y las gestoras estamos acreditadas, pero el Ayuntamiento no destina los fondos necesarios. Somos voluntarias, cumplimos una labor social que es obligación municipal y aun así nos sentimos tan abandonadas como los propios gatos”.

Las cuidadoras alimentan, esterilizan, medican, buscan refugios y atienden urgencias veterinarias a cualquier hora. Pagan de su bolsillo muchos gastos, desplazamientos, medicación y alimentación, porque el plan carece de partida presupuestaria. Esta situación no solo es insostenible económicamente, sino que genera desgaste emocional, ansiedad y un riesgo constante para quienes asumen esta labor.

Además, por si fuera poca la desazón, el voluntariado se enfrenta a conflictos vecinales. “A veces nos insultan, nos amenazan, nos sacan fotos y vídeos, les retiran la comida o incluso traen perros para que se la coman”, explica Tejeda. Estas situaciones, aseguran las voluntarias, convierten la labor en un esfuerzo que combina compromiso, pasión y una dosis de resistencia frente a la indiferencia institucional.

Cuando la participación es un peligro

En este contexto, según se explica desde las asociaciones de felinos, la intervención de particulares ajenos al plan municipal puede ser bienintencionada, pero peligrosa. La ley prohíbe expresamente que personas sin autorización municipal capturen gatos de colonias, enfermos o sanos. Tampoco se debe difundir la ubicación exacta de las colonias, ya que esto genera estrés, riesgo y peligro real para los animales.

“Que haya ciudadanos que se preocupen por un gato muestra que algo está cambiando y que los gatos ya no son invisibles, pero también es muy peligroso para ellos y para la colonia”, advierte Tejeda. La manera correcta de actuar ante un animal en peligro es avisar a la Policía Local o al 112, llamadas que quedan registradas y activan protocolos de protección y rescate.

Lucky y Neko: un caso que evidenció la dejación

Hace ahora un año, dos gatos comunitarios, Lucky y Neko, fueron rescatados en el marco del plan de colonias. Ambos pertenecían a colonias registradas y autorizadas; Neko incluso contaba con microchip municipal. Ambos necesitaban hospitalización, pero el Ayuntamiento no se hizo cargo de los gastos. Las facturas fueron abonadas íntegramente por la Protectora, la asociación Manuma y por personas particulares.

La presión, los escritos registrados en el Ayuntamiento, las llamadas telefónicas reiteradas y la denuncia en el juzgado consiguieron que finalmente se aprobara una partida de 15.000 euros para urgencias veterinarias. “Pero sacar una cantidad puntual no es cumplir la ley. La gestión de colonias felinas debe garantizarse todo el año, las 24 horas del día, como dice la Ley 7/2023 de 28 de marzo, que establece el régimen jurídico básico para garantizar la protección y el bienestar de animales de compañía y silvestres en cautividad en todo el territorio nacional, subraya Tejeda.

Durante el rescate de Lucky, y ante la complejidad y repercusión mediática del caso, la asociación solicitó una sobreactivación de acreditación al Ayuntamiento para cubrirse legalmente. La autorización fue concedida por escrito, garantizando que la intervención era completamente legal. Aun así, el rescate se vio amenazado por interferencias de terceros, conflictos vecinales y difusión indebida de la ubicación de la colonia, lo que demuestra que incluso con respaldo legal, las voluntarias se enfrentan a un entorno hostil.

Una labor que exige reconocimiento y protección

Más allá de los casos individuales, la situación revela un problema estructural. Cáceres presume de patrimonio histórico y cultural, pero su administración ha permitido durante años que la gestión de los gatos comunitarios dependa del voluntariado. Las asociaciones solicitan no solo recursos económicos, sino protección y reconocimiento de la labor que realizan. “Pedimos respeto por un trabajo que se hace de forma voluntaria pero de manera totalmente profesional, que nos cuesta dinero y que también termina afectando nuestra salud”, explica Tejeda.

El plan de gestión sigue activo gracias a la coordinación entre gestoras, asociaciones, clínicas veterinarias y un responsable municipal de contacto directo. Pero sin presupuesto estable, el sistema depende de la resistencia y el compromiso personal de unas pocas personas.

Pero es que Lucky y Neko no son casos aislados. Son un ejemplo de cómo la dejación institucional pone en riesgo a los gatos comunitarios y a quienes los cuidan. También muestran que cuando se ejerce presión y se visibiliza la necesidad, la administración reacciona. La pregunta es si lo hará de manera suficiente y permanente, antes de que el desgaste de las voluntarias sea irreversible.