La pandemia deja 641 mayores fallecidos en residencias valencianas, el 18% de los contagiados de COVID-19 en estos centros
La COVID-19 es una enfermedad que se ha cebado especialmente con los mayores, un colectivo donde la mortalidad ha sido considerable desde que comenzó la pandemia. En la Comunitat Valenciana ya son 1.907 las personas que han fallecido a causa del coronavirus desde el pasado mes de febrero, cuando se registró en València la primera víctima mortal del virus en España. De ellas, 641 eran mayores usuarios de residencias, lo que supone el 34% del total de defunciones.
En la Comunitat Valenciana hay unas 370 residencias en las que se han producido alrededor de 5.000 contagios, 3.524 residentes han dado positivo frente a los 1.436 trabajadores que han caído enfermos a causa del virus. Estas cifras se traducen en que el 18% de los residentes que han resultado contagiados de COVID-19 ha fallecido, lo que contrasta con la tasa de mortandad del virus en el territorio valenciano, el 2,73% del total de casos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos (69.625).
A pesar de que las cifras son preocupantes, la segunda ola no está afectando de una forma tan dramática como lo hizo la primera, ya que son unos 548 los residentes que han dado positivo y 32 los fallecidos desde el pasado 1 de octubre. Actualmente, 55 residencias de mayores contabilizan algún positivo, mientras que se encuentran bajo vigilancia activa del control sanitario de la Conselleria nueve centros.
Uno de los centros más afectados por el SARS-COV-2 fue la residencia Domus Vi de Alcoi, donde el coronavirus se cobró la vida de la mitad de sus residentes -74 mayores de sus 140 usuarios fallecieron a causa de la COVID-19-. La gestión de la empresa durante la pandemia provocó que los familiares de los afectados decidieran emprender acciones legales por las muertes y lesiones registradas y que la Generalitat estudie fórmulas para recuperar la gestión del centro.
73 centros con fallecidos, en el punto de mira de la Agencia Antifraude
La Agencia Valenciana Antifraude investiga desde hace meses la utilización de fondos públicos por parte de las grandes empresas del sector de las residencias de mayores por parte de la Generalitat Valenciana. El organismo que dirige Joan Llinares ha puesto la lupa en los 73 centros que han sufrido defunciones de ancianos con diagnóstico COVID-19.
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