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La contabilidad en las Corts Valencianes es una disciplina complicada. Los grupos reciben subvenciones fijas y variables en función de su representación y participación en la actividad parlamentaria, que luego deben justificar. En la pasada legislatura, el órgano abordó un cambio en la forma de fiscalizar los gastos de los grupos parlamentarios, más exhaustivo que hace décadas, después de varios tirones de orejas de la Sindicatura de Comptes y la Agencia Antifraude. Y por ese camino, algunos grupos se han vuelto a llevar un rapapolvo de los órganos de control por las cuentas presentadas sobre el año electoral.
El Parlamento valenciano obliga a Compromís a devolver 66.000 euros de una subvención mientras el PP sigue alegando para no reintegrar 83.500. La Mesa de las Corts Valencianes, presidida por Vox con el apoyo del PP; recibió el pasado miércoles el archivo del expediente relativo a las ayudas percibidas por los valencianistas en 2023, después de que la Intervención realizara un informe en el que apreciaba importes sin justificar en ambos grupos. Se da la circunstancia de que el citado año se celebraron elecciones autonómicas, con los consiguientes cambios en la Cámara.
En principio, el órgano fiscalizador apercibió a los valencianistas una cuantía de 140.000 euros a devolver, mientras que en el caso de las cuentas de los populares el desajuste ascendía a 317.000 euros. Tras las alegaciones iniciales, la Intervención rebajó la cifra del grupo de Joan Baldoví a 66.000 euros a reintegrar, que según la coalición son fruto de un cambio de criterio en la contabilidad –entendieron, apuntan, que eran gastos subvencionables–. Compromís abonó la cuantía el pasado 20 de junio, lo que motivó el archivo del expediente.
El PP abonó prácticamente dos tercios de lo requerido el pasado marzo y, tres meses después, continúa haciendo alegaciones sobre la cifra restante. El día 10 de marzo de 2025, el Grupo Parlamentario Popular ingresó en la tesorería de las Corts 234.000 euros, y posteriormente alegó para no devolver los 84.000 restantes. El 25 de marzo, tal como contó elDiario.es, el portavoz del grupo conservador, Juanfran Pérez Llorca, remitió un escrito a la Cámara en el que solicitó: “Que se permita realizar una dotación más acorde a la realidad legal en lo que al fondo de indemnizaciones de personal respecta. La validación del contrato suscrito entre el PPCV y un tercero que desde el Grupo Parlamentario se pone a disposición de la Intervención y los Servicios Jurídicos competentes, tras la comprobación de que se corresponde con lo establecido en el convenio entre el partido político y el grupo parlamentario. Respecto a la partida de gastos excepcionales recogida en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2023 entregado, se admita la aclaración de que ésta se destina a hacer frente a las obligaciones fiscales del Grupo Parlamentario Popular XI Legislatura, respecto al personal subrogado”. Con todo, visto el informe de los servicios jurídicos, la Mesa de las Corts insistió en que devolvieran los 834.000 euros, acto que los populares han vuelto a recurrir. Según las fuentes populares consultadas, se trata de un fondo para hacer frente a posibles despidos, como sucedió con los valencianistas.
La Sindicatura afea retrasos a los grupos
Este lunes la Sindicatura de Comptes ha emitido un informe en el que afea a los grupos parlamentarios retrasos e incorrecciones en la presentación de sus cuentas correspondientes al ejercicio 2023. La norma de control de las subvenciones de las Corts Valencianes establece que las cuentas anuales de las subvenciones recibidas y toda la documentación justificativa tiene que ser remitida por el grupo parlamentario a la Mesa de las Corts antes del 15 de febrero. Con motivo de las elecciones autonómicas, ese ejercicio comprendió dos periodos, ambos con retrasos en los grupos.
En el periodo del 1 de enero a 25 de junio, la Sindicatura indica que “todos los grupos presentaron inicialmente unas cuentas con mucho o cierto retraso”, y ha destacado los retrasos de los grupos Popular, Compromís y Unides Podem. Ciudadanos no presentó las cuentas. Además, las cuentas de los grupos Socialista, Compromís y Vox eran “incompletas o con errores, lo que comportó que se rectificaran posteriormente”.
Respecto al siguiente periodo, del 26 de junio a 31 de diciembre de 2023, los grupos Popular, Socialista y Compromís presentaron inicialmente unas cuentas con “mucho retraso respecto al plazo previsto de 15 de febrero de 2024”. La Sindicatura ha destacado el retraso del grupo Popular y ha detallado que solo Vox las presentó dentro de plazo. Además, las cuentas de los grupos Socialista, Compromís y Vox eran “incompletas o con errores, lo que comportó que se rectificaran posteriormente”.
Sobre los certificados de los grupos sobre estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, Ciudadanos no las presentó y los demás grupos lo hicieron fuera de plazo, destacando los retrasos de los grupos Popular, Socialista y Vox. No constan los certificados correspondientes a los grupos Compromís y Ciudadanos de la X legislatura. Los demás grupos los aportaron, si bien las fechas de emisión son anteriores o posteriores a las fechas de fin de la X legislatura y de cierre del ejercicio 2023. En la presentación de cuentas justificativas trimestrales, solo Vox y Compromís observaron los plazos de presentación. Los grupos Popular, Socialista y Unides Podem solo cumplieron el plazo en uno de los trimestres de 2023, apunta la Sindicatura.