Para el Consell Jurídic Consultiu, ser alto cargo del Consell y concejal en un ayuntamiento no es incompatible

Hace unas semanas, la Conselleria de Transparencia trasladó al Consell Jurídic Consultiu un informe de la Oficina de Control de Intereses (OCCI) en el que advertía de una posible incompatibilidad de los altos cargos del Consell que son, además, concejales en la administración local en base a la ley de Incompatibilidades 8/2016. Se refería a supuestos en los que estos cargos públicos ejercen sus puestos en la Administración autonómica “en régimen de dedicación exclusiva, mientras que en su calidad de ediles carecen de ninguna dedicación, total o parcial, en la Corporación en la que fueron elegidos”.

El pasado 27 de diciembre, el organismo que dirige Margarita Soler emitió una resolución unánime en la que resuelve que “no concurre causa de incompatibilidad entre la situación de la persona con cargo público no electo de la Administración del Consell con la de concejal sin régimen de dedicación exclusiva o parcial en un Ayuntamiento de la Comunitat Valenciana, ni desde la normativa reguladora de la condición de concejal ni atendiendo al sistema de incompatibilidad retributiva”. 

Según el escrito del Consell Jurídic, “el ejercicio de alto cargo, que deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, determina -por cuanto afecta al asunto examinado- la imposibilidad de percibir retribuciones por el ejercicio de otras actividades o cargos públicos, como lo es el cargo electo de concejal, pero sin que pueda convertirse en una causa de incompatibilidad con la propia condición de concejal”.

El informe de la Oficina de Conflicto de Intereses basaba su argumentación en que los altos cargos de la Generalitat deben tener dedicación exclusiva, lo que les impide poder ejercer cualquier otra actividad. Sin embargo, desde la Generalitat consideraban que esta interpretación era muy restrictiva y apuntaban que la ley de Régimen Local sí que permite a los regidores ser altos cargos, tal y como ha avalado el Consell Jurídic Consultiu.

Los altos cargos que podían haberse visto afectados por esta resolución interna son María Teresa Cháfer, directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común y alcaldesa de Carrícola; Miguel Lorente, actual director general de Economía y concejal en Xàtiva; Xelo Angulo, directora general de Cooperación y también edil en Xàtiva; Emili Obiol, director general de Puertos en la Conselleria de Política Territorial y concejal en Vila-real; Daría Terrádez, directora general de Relaciones con la Unión Europea y regidora en Bétera y Antoni Such, director general de Administración Local y representante local en Alcàntera de Xúquer.