La convención ciudadana encomienda a la Generalitat realizar un estudio autonómico, coordinar los recursos y visibilizar los problemas de salud mental

Un instante de la tercera sesión de la convención ciudadana sobre la salud mental / GVA

Laura Martínez


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Lo que no se nombra no existe y lo que no se comunica dice más que las palabras. “Todo comunica, incluso el silencio”, arranca uno de los argumentos de las recomendaciones elaboradas por la convención ciudadana sobre la salud mental, clausurada el pasado sábado, cuyas recomendaciones se centran en situar el bienestar emocional como eje vertebrador del bienestar colectivo. A los ciudadanos de la Comunitat Valenciana les preocupa que la salud mental sea una realidad invisibilizada en todas sus vertientes, desde la educación emocional hasta la falta de diagnósticos tempranos, pasando por la escasez de personal y el desconocimiento de los recursos disponibles en el sistema público. La pandemia ha puesto de manifiesto que la salud mental era un problema silenciado; la convención ciudadana, que los ciudadanos reclaman que se escuche.

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La última sesión del proceso deliberativo finalizó su principal cometido con la articulación de siete principios básicos y una veintena de recomendaciones que servirán de base para el plan de acción autonómico, una estrategia a dos años vista que se pretende incorporar en los últimos presupuestos del Ejecutivo del Pacto del Botánico de esta legislatura. Los setenta ciudadanos elegidos por sorteo cívico que comenzaron a trabajar el pasado 5 de marzo han elaborado un documento consensuado -todas las propuestas tienen un mínimo del 60% de los votos- tras cuatro sesiones escuchando a expertos académicos y expertos en primera persona para acercarse a la salud mental.

El proceso participativo coordinado por el comisionado de presidencia de Salud Mental, Rafael Tabarés, pionero a escala autonómica, muestra la preocupación ciudadana por la escasa visibilidad de los problemas relacionados con el bienestar emocional, -y los estigmas que ello acarrea-, la falta de recursos públicos, la coordinación entre administraciones y la prevención. Las recomendaciones con mayor aceptación son las enfocadas a afrontar el problema desde el espacio público, a incorporarlo en la agenda política y social, sacándolo de los márgenes. El primer mandato de la convención ciudadana es realizar una radiografía de la salud mental en el ámbito autonómico, la petición de un estudio centrado en problemas de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas, y de los recursos disponibles para la prevención y atención de esta en cada área de salud. “Lo recomendamos porque los problemas de salud mental han evolucionado y cambiado con la sociedad y existen desequilibrios de infraestructuras y recursos en los distintos territorios”, apuntan los participantes.

La segunda propuesta con mayor aceptación -ambas por encima del 90%- también atañe a información básica sobre los recursos existentes: “Recomendamos que la Generalitat visibilice los problemas de salud mental, conductas adictivas y drogodependencias realizando campañas de información y sensibilización en medios de comunicación masivos, y para que se conozcan los recursos disponibles. Lo recomendamos porque pensamos que hay un problema de desconocimiento sobre los problemas de salud mental, así como un rechazo social derivado del mismo, y sobre adónde acudir en caso de necesidad”, cita el texto. Otra propuesta, ratificada por amplia mayoría, detalla que la información debe ser accesible, mientras que una cuarta en este ámbito ahonda en la idea de divulgar a través de los medios de comunicación la “visibilización, inclusión, fomento de la inserción laboral, y divulgación de los canales de soporte”, con un grupo específico que trabaje con publicistas y periodistas en la elaboración de los mensajes.

El tercer punto, con tres votos menos que el anterior, aboga por realizar un plan de aumento/redistribución de los recursos existentes y revisarlo cada cuatro años para adecuarlo a las necesidades. Entre las recomendaciones en materia de recursos materiales y humanos -las más numerosas-, los participantes han puesto especial interés en la formación del personal que ya forma parte de la plantilla en Sanidad y Educación y en una distribución de los recursos que no obedezca a las ratios, sino a necesidades reales de las áreas de población. Los ciudadanos que han formado la convención enfatizan la necesidad de transversalidad de las actuaciones, aunque en su mayoría se centran el ámbito educativo -donde se pueden detectar los primeros signos de alerta- y sanitario -donde reside el grueso del personal-. Otra de las recomendaciones aboga por implementar la prevención en el trabajo a través de los planes de riesgos laborales y de los servicios públicos de empleo.

El documento redactado en la última sesión pasará una serie de filtros antes de convertirse en el plan de acción del Ejecutivo autonómico, apunta el catedrático de Psiquiatría, que pone en valor la colaboración ciudadana en el proceso. Las recomendaciones serán reagrupadas por temática y evaluadas técnicamente por colectivos profesionales, de personas con enfermedades mentales y sindicatos, además de por las conselleries implicadas en la gestión. El plan se proyecta para antes de verano, con la intención de incorporar las primeras acciones en los próximos presupuestos, que arrancan su negociación en septiembre. El proceso de elaboración será supervisado por una representación de los participantes de la convención, que formarán parte del grupo de seguimiento con los grupos políticos en las Corts Valencianes.

“Las recomendaciones servirán de herramienta para ensayar todos los futuros posibles”, apuntaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la última sesión de la convención, donde valoraba la implicación de los setenta ciudadanos, muestra de “una sociedad empática que no mira hacia otro lado, que no es indiferente” a los malestares colectivos. En la base de este proceso deliberativo, indicaba, “está el modelo social europeo, las políticas públicas” del Estado de Bienestar. Sacar el problema del cajón, como finalmente han señalado los participantes en la convención, es “un imperativo ético”.

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