La Generalitat Valenciana insiste en un fondo que compense la injusta financiación autonómica

Laura Martínez

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La posibilidad de aplazar una vez más la reforma del sistema de financiación autonómica, caduco desde 2014, ha indignado a los representantes de la autonomía que menos recursos recibe de España. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamado al presidente del Gobierno y al líder de la oposición que incorporen a su agenda de acuerdos a debatir el problema de la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas, en general, y de las infrafinanciadas en particular, una cuestión que, tras dos años de crisis sanitaria y dos meses con la guerra impactando en la economía, no puede “arrinconarse”. Es “el pacto de Estado fundamental” para el país, subrayaba el presidente valenciano en un acto este martes, recordando que la financiación autonómica es el principio para garantizar la igualdad entre ciudadanos.

El Ejecutivo valenciano insiste en reclamar un fondo compensatorio mientras se debate el modelo, una posición que se ha exigido en varias ocasiones en los últimos años, tanto desde el Gobierno autonómico como en el Parlamento valenciano y el Congreso de los Diputados. La petición, bajo el nombre de fondo de nivelación o fondo compensatorio, radica en que mientras se consensua el modelo entre los partidos mayoritarios y las comunidades autónomas, un debate que resultará largo y complejo, se garantice a las administraciones autonómicas los recursos para costear sus servicios públicos básicos.

El conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, recalca que su departamento va a seguir con las mismas reivindicaciones que eleva desde el inicio de la legislatura. “El Gobierno debe aprobar un fondo de nivelación o compensatorio con el que iguale los recursos que recibimos las comunidades autónomas financiadas por debajo de la media con el objetivo de poder proceder a financiar nuestra sanidad, educación y servicios sociales en igualdad de condiciones, sin tener que recurrir por ello al endeudamiento, puesto que no es ni económica, ni financiera, ni política ni moralmente aceptable”, señala Soler a elDiario.es.

El titular de Hacienda cree que al presidente gallego y recién elegido líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le interesa iniciar la reforma, puesto que ha sido el impulsor del bloque de comunidades autónomas “cuyo objetivo es mantener el statu quo actual”. “Es cierto que esta reforma requiere de amplias mayorías, una aprobación en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, el apoyo del grupo mayoritario de la oposición. Nadie dijo que fuese a ser un trámite sencillo, pero por ello con más motivo hay que seguir trabajando para que la reforma pueda aprobarse a la mayor brevedad posible”, considera el dirigente socialista.

El conseller admite que el calendario electoral dificulta la negociación, pero insiste en que “no es posible que gane el debate del miedo y el dramatismo como argumento para no cambiar nada entre los territorios que ahora están mejor financiados”. El dirigente socialista reconoce que el ministerio de Hacienda ha dado un paso al plantear la base del sistema con el documento para el cálculo de la población ajustada, al que las comunidades autónomas han presentado alegaciones, para establecer el primer pilar del nuevo modelo, pero considera que no es suficiente. “El debate debe empezar y continuar ahora en base a las alegaciones y documentos que ha aportado cada comunidad. Es fundamental que el ministerio las estudie y nos convoque a todas las autonomías a una reunión donde todas podamos conocer, desde el rigor y el debate técnico, las propuestas del resto, debatir cuáles son los puntos en común y configurar la base de un nuevo modelo”.

Cálculos sencillo y transparentes

La Comunitat Valenciana quiere obtener unos cálculos que sean sencillos, transparentes y claros y eliminar los fondos que distorsionan los cálculos, centrando la ecuación en el coste por habitante de la prestación de los servicios públicos. La propuesta elaborada por el comité de expertos señala que el conjunto de administraciones autonómicas tiene un problema de escasez de recursos para sufragar gastos básicos y reclama un reparto “que garantice la equidad por habitante” en todos los territorios. “Tenemos que diseñar un modelo cuyo reparto se base en criterios demográficos objetivos y cuantificables”, subraya.

Más vehemente se ha mostrado el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que ha suscrito varios acuerdos con el PSOE de Pedro Sánchez y en todos se incluye la reforma del sistema de financiación y la suficiencia financiera valenciana. El problema de recursos “ya se debería haber resuelto”, indica el parlamentario, que culpa al PSOE y al PP de la infrafinanciación valenciana y cree que en las elecciones habría que recordar a los dos grandes partidos que “son ellos los que hacen que los valencianos estemos en una situación de inferioridad respecto de casi todos los territorios del Estado”.

El diputado de Compromís recuerda que en la última legislatura muchos acuerdos han salido adelante con un margen mínimo y advierte al PSOE: “Hemos demostrado que somos leales. Si el PSOE decide romper los acuerdos con Compromís y no resuelve el problema de la financiación, Compromís se planteará seriamente su posición en aquello en que el voto resulte imprescindible”.