El Parlamento Valenciano insta al Gobierno a “regular el mercado de alquiler de vivienda”
Los grupos del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) aprueban una proposición no de ley que insta al Gobierno central a regular el precio del alquiler de vivienda y la blinda como un derecho constitucional, frente a la interpretación de la misma como un bien de mercado que hizo el ministro socialista José Luis Ábalos.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de quién depende la redacción de la futura norma de vivienda, ha rechazado en varias ocasiones establecer un límite al precio del alquiler como sí han hecho otras capitales europeas como Berlín o Viena y opta por crear incentivos fiscales para quienes se ajusten a un sistema de precios.
La iniciativa contaba de entrada con el apoyo de Compromís, formación que se ha mostrado a favor de regular el mercado para garantizar a todos los ciudadanos del Estado español una vivienda digna y, tras varias horas de negociación, también con la de los socialistas valencianos. El PSPV presentó una enmienda transaccional a la propuesta original de Unides Podem, que incluye, en un segundo punto, “legislar para regular el mercado de alquiler de viviendas, para poner techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler en los contratos de arrendamientos”.
La iniciativa insta a las administraciones a movilizar la vivienda vacía y dotar de mecanismos a los ayuntamientos para facilitar las ayudas, una medida que la conselleria de Vivienda del Gobierno Valenciano puso en marcha en 2020, adaptando el decreto de tanteo y retracto, que da prioridad a la Generalitat en las operaciones inmobiliarias para ampliar el parque público. Con este decreto se incorporaron cerca de 300 viviendas al parque público en su primer año de adaptación que iban a ser vendidas a otros operadores inmobiliarios.
La proposición no de ley urge al Gobierno a aprobar una ley de vivienda que permita a las comunidades autónomas desarrollar sus competencias en cuanto a garantes de la función social de la vivienda. La ley valenciana, una de las primeras normas que aprobó el parlamento en la primera legislatura del Botánico, fue recurrida por el Gobierno del PP al Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos por una cuestión competencial. La propuesta incorpora a la ley la garantía de acceso a suministros básicos -luz, agua, gas- y la protección de los ciudadanos ante los desalojos en caso de que no cuenten con alternativa habitacional.
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