El PP se atrinchera en Alicante: la Diputación sigue sin negociar los fondos para los municipios con la Generalitat

La brecha territorial en la Comunitat Valenciana arranca por el sur. La Diputación de Alicante, bastión del PP en la autonomía, vuelve a plantearse contra la Generalitat Valenciana en el reparto de los fondos y otros recursos para los municipios. El presidente de la corporación y recién elegido presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha hecho de la discriminación al sur su principal arma. Si el lunes acusaba al Gobierno autonómico de “ningunear” a la provincia en turismo y agua, en referencia al trasvase, este martes cargaba contra el reparto de las ayudas de la Agencia Valenciana de Innovación.

En un comunicado, el dirigente popular criticaba que la agencia solo haya destinado a la provincia de Alicante 8,8 millones de euros de los 52 totales y el 16% de los proyectos financiados. “Esta resolución evidencia el profundo desconocimiento que en esa agencia existe sobre el tejido productivo de la provincia de Alicante y todos sus proyectos innovadores”, apuntaba Mazón, que considera que el Gobierno central y el autonómico “arrinconan a nuestro territorio y lo perjudican gravemente en el desarrollo y rescate de sectores fundamentales para el progreso de nuestra economía”.

El comunicado, enviado desde el correo de la Diputación, provocó la respuesta de los socialistas a través de su portavoz en Alicante, Toni Francés, que alertaba sobre una “deriva caudillista' del presidente de la Diputación de Alicante en el uso que hace de la Diputación como ”simple herramienta para tratar de alcanzar sus metas políticas“. ”Utiliza recursos de la Diputación para hacer frentismo contra el Gobierno de España, la Generalitat o ayuntamientos alicantinos con gobiernos progresistas“, insistió el también alcalde de Alcoy.

En paralelo, el Gobierno Valenciano ha reclamado al dirigente alicantino que se sume a la mesa de reparto de los fondos públicos del Fondo de Cooperación Municipal. El director general de Administración Local, Antoni Such, emplazaba a Mazón este martes a fijar una fecha para un encuentro bilateral con el que poder negociar las ayudas entre administraciones. Desde el Consell aseguran que el dirigente del PP solo acudió a la última reunión celebrada, en la que manifestó su intención de sumarse al fondo, pero que no se ha materializado.

Según Such, estas comisiones bilaterales, en las que sí han participado las corporaciones de Valencia y Castellón han servido “para poner encima de la mesa” cuestiones como la aportación de cada una de las instituciones a las ayudas de los planes Resistir y Paréntesis, puestos en marcha por la Generalitat para apoyar económicamente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias por la COVID-19. El responsable de Administración Local considera que “todo el mundo ha remado en la misma dirección, que es la de intentar ayudar a los empresarios, autónomos y pequeñas empresas a salir adelante en una situación de pandemia como la que estamos viviendo”. Los responsables autonómicos aseguran que no han tenido ningún conflicto con representantes municipales del PP e insisten a Mazón para que acuda a las reuniones. Mientras, el grupo popular asegura que ha enviado varias cartas al president de la Generalitat para arrancar esta comisión bilateral, al que acusa de retrasarla por sus intereses.

El Fondo ya ha recibido 40 millones de euros de la Generalitat Valenciana y de las corporaciones de Valencia y Castellón, una cifra que se abona cada año desde 2016. Según el director general de Administración Local, la ausencia de Alicante deja a los municipios alicantinos con una merma de ingresos de 70 millones de euros desde el inicio del fondo, dada la negativa de la Diputación a participar.

El presidente de la Diputación de Alicante planteó en marzo una serie de requisitos para incorporarse al fondo, como que se cambiara la fórmula de reparto para beneficiar a los municipios pequeños -una corrección por población que ya se hace en el sistema, según la Generalitat- o que la adhesión sea voluntaria. Según argumentó, la Diputación no se pudo adherir anteriormente por falta de remanentes de presupuesto -debe aportar 13 millones de euros al fondo-, y reclama una compensación por las competencias a la Generalitat Valenciana.

Dos meses después acudió a la comisión de Administración Local en las Corts Valencianes, donde mostró su rechazo a la ley del Fondo de Cooperación, que consideró un “atropello” a las corporaciones locales y una “imposición” desde el Gobierno autonómico. Desde entonces, aseguran en el Palau, no han vuelto a saber de él.