El sumario revela presiones a favor de “los compañeros del partido” en el caso que costó el cargo al presidente socialista de la Diputación de Valencia

El levantamiento del secreto de sumario del caso Alqueria, por el que tuvo que dimitir el presidente de la Diputación de Valencia socialista, Jorge Rodríguez, evidencia que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria concluyen que las siete contrataciones que la empresa pública realizó a personas de PSPV y Compromís son irregulares. Uno de los textos a través de mensajería instantánea que el fiscal arguye para realizar los registros de viviendas y que habría hecho una persona de confianza de Rodríguez revela presiones a favor de “los compañeros de partido”.

El informe de la Intervención General del Estado presente en el sumario de la investigación concluye que se utilizó la figura de los altos cargos para contratar en Divalterra a personas de los partidos PSPV y Compromís “para intentar dar apariencia de legalidad”. Además, añade, “no existe incremento ni evolución de la cifra de negocios ni en sus presupuestos que avale la contratación de los altos directivos”, como se defendía en algunos informes propios de la empresa pública.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional realizaron seguimientos al presidente de la Diputación de Valencia y a dos de sus máximos colaboradores, Ricard Gallego y Manuel Reguart. Un informe de la Udef acusa a los dirigentes investigados de crear “una estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración, formada tan solo por los consejeros miembros de los partidos políticos que sustentan a la Diputación”.

El sumario también evidencia que las actuaciones que instruye el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia no van más allá de la denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción sobre la contratación de siete altos cargos en la empresa pública Divalterra. Así, tanto los registros en la vivienda de varios de los ahora imputados, como la noche que pasaron en el calabozo, como también los seguimientos se habrían hecho por la contratación de siete altos cargos en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa, epicentro del caso Taula).

Se investigan por parte del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.