El juicio por la legalidad del baremo de las bolsas de empleo de À Punt se ha vuelto a aplazar. La titular del juzgado de lo Social número 5 de Valencia ha suspendido la vista oral que arrancaba este miércoles para decidir sobre su competencia en esta causa después de que sindicatos UGT, CCOO e Intersindical y la Generalitat aseguren que debe ser la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano el órgano que aborde el caso. Antes, un juez de primera instancia de lo contencioso-administrativo ya se declaró no competente para juzgar este hecho administrativo.
Los sindicatos presentes en el proceso -Intersindical, CCOO y UGT- han mostrado este miércoles en la vista oral sus cartas que coinciden con las de À Punt, representada por la Abogacía de la Generalitat. Los cuatro letrados han defendido que el recurso interpuesto por la Unió de Periodistes y la Asociación de la Prensa de Alicante (APA) los debe juzgar un tribunal superior: la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Con esta cuestión de competencias han conseguido que la vista se haya suspendido un mínimo de 15 días que podrían ser meses si la magistrada atiende a sus peticiones y deriva el caso a una instancia superior.
Los sindicatos alegan que al tener À Punt empleados en Madrid y Barcelona el tribunal que atienda la causa debe ser superior. En ningún momento se ha hablado de la injusticia o legalidad de las bolsas de la corporación valenciana que ha primado a los extrabajadores de la antigua RTVV, clausurada por el PP de Alberto Fabra.
Por su parte la Unió de Periodistes y la APA han pedido a la juez que el competente para juzgar la causa es el juzgado de lo Social porque ha recurrido una decisión del Consejo Rector de À Punt, que en ningún momento se refería a la creación de puestos de trabajo fuera de la Comunitat Valenciana. Un paso administrativo anterior. De hecho, el recurso de la Unió de Periodistes contra legalidad de los criterios de selección se fijó antes de que la televisión empezara a contratar.
Es más, la Unión de Periodistes y la APA intentaron que se paralizaran las contrataciones para poder dirimir si los baremos de las bolsas de empleo fueron legales.
Pero el conflicto de competencia no será el único palo en las ruedas del procedimiento sobre las bolsas de À Punt. Los sindicatos ya han comunicado a la juez que cuando se reanude el juicio pedirán que se dé audiencia a los 400 trabajadores contratados en À Punt. Esta petición retrasará otros varios meses el juicio, puesto que se tendrá que comunicar desde el juzgado a todos los empleados la posibilidad de personarse para posteriormente tener que estudiarse la causa. El juicio se podría ir a después del verano o más tarde.
Llama la atención que los sindicatos soliciten ahora la personación de los empleados y no durante el procedimiento previo de presentación de pruebas y testigos. La Unió de Periodistes sí que pidió a la jueza en marzo de 2018 que se diera parte a todos los trabajadores interesados de À Punt y ni los sindicatos se sumaron a la petición ni tampoco la juez pidió que se les diera audiencia.