“Queríamos que el cierre fuera lo más rápido y lo menos traumático posible”
El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha analizado este viernes los hechos sucedidos hace una semana, cuando tras doce horas de resistencia en antena de los trabajadores de Canal 9 la emisión se fue a negro tras aprobar Les Corts la ley que dictaba la sentencia definitiva para la disolución y liquidación de RTVV, “no estamos contentos con la imagen que se dio en todo este proceso”.
Respecto a la 'desconexión', el portavoz del gobierno autonómico explicaba que respondió al cumplimiento de una ley “que aunque no nos guste, hay que cumplir”, y se tomó siguiendo criterios políticos (en referencia a la decisión adoptada por el pleno del Consell en la tarde del jueves 28 de noviembre, que daba respuesta a la ley aprobada por Les Corts el día anterior), operativo (marcado por la comisión liquidadora) y técnico.
En este punto, Císcar ha querido aclarar que no conoce al ya famoso Paco Signes 'Telefunken', con quien apunta que se pusieron en contacto desde el comité liquidador. También ha reconocido Císcar que la empresa encargada de la desconexión estaba contratada antes de la publicación del cierre en el DOCV, “la idea era que el proceso fuera lo más rápido y lo menos traumático posible, por eso se decidió hacerlo por la noche, para que hubiera la menor cantidad de trabajadores en la casa”.
En cuanto a la elección de una empresa externa para llevar a cabo el apagado del ente público en lugar de recurrir a personal propio del ente público, el vicepresidente del Consell explica que “no queríamos poner a los técnicos de la casa en una tesitura complicada, obligándoles a obedecer unas directrices con las que no estaban de acuerdo”.
Actuación policial
La Policía Autonómica, que el viernes todavía de madrugada tomó el Centro de Producción de Programas de RTVV en Burjassot, tenía órdenes explícitas de no hacer uso de la fuerza, “no debían emplearse con contundencia, y así lo hicieron”, asevera Císcar, quien añade, “preferimos las críticas por la dilación del proceso que por una actuación policial que hubiera desalojado el edificio”.
Al respecto, insiste en que actuaron con “prudencia” y “cautela”, esperando a que llegara la orden judicial -se solicitó a las 3 de la madrugada y se firmó alrededor de las 11 de la mañana- para proceder a la desconexión de la señal y al desalojo del edificio, “no dependía de nosotros que se dificultaran los accesos o que desde un plató no se facilitara el cumplimiento de la ley”.
El vicepresidente comenta que era un proceso “necesario” y que eran conscientes de que “no iba a ser fácil”. Asímismo, resalta que se va a analizar lo sucedido en el plató “desde la comprensión por la tensión que estaban viviendo los trabajadores”, aunque puntualiza que “no todos eran trabajadores, había quien pretendía sacar un rédito político y a quien no se les ha visto tanto ímpetu en otros EREs”.
Liquidación
En cuanto al proceso de liquidación y la negociación con los trabajadores, Císcar ha asegurado que no se van a tener en cuenta los hechos sucedido en los últimos días, con las protestas que acompañan al presidente Fabra en cada acto al que acude desde el pasado viernes, “no influirán a la hora de fijar las indemnizaciones”. Así mismo, revelaba que los 'liquidadores' no van a percibir dos nóminas ni van a a cobrar por liquidación, sino que van a ser retribuidos por sus servicios según lo acordado con el Consell, “sin variables”.
Protestas Canal 9
Y mientras tanto, en las proximidades del Palau de la Generalitat, cientos de personas se concentraban de nuevo para protestar por el cierre de RTVV y pedir la dimisión del President Alberto Fabra. Además, a las 12.19 horas, cuando se cumplía exactamente una semana de la desconexión definitiva de Canal 9, los trabajadores guardaban un minuto de silencio en señal de duelo por la ejecución del ente público.
Sobre esto, Císcar ha reiterado lo que comentaba Fabra el pasado jueves, “entendemos las protestas, que son lógicas y legítimas”, al tiempo que hacía un llamamiento a la “serenidad” y la “calma”. Al respecto, puntualizaba que los trabajadores tienen todo el derecho a manifestarse, “pero dentro de las normas de la convivencia. No se pueden legitimar algunas conductas individuales”, en referencia a las patadas y puñetazos que algunos de los concentrados lanzaron contra el coche oficial del President.
