“No hay ninguna razón objetiva para el discurso de odio hacia los menores extranjeros”

“El Síndic de Greuges es el recurso de los que no tienen recursos”. Así lo describe el hombre ahora en el cargo, el exdiputado socialista Ángel Luna, tras cinco años como adjunto en la institución. Al defensor del pueblo valenciano acuden todos los ciudadanos que sienten que la Administración ha cometido excesos o no ha cumplido sus funciones.

Luna, alcalde de Alicante entre 1991 y 1995 y portavoz del PSPV en las Corts Valencianes de 2007 a 2011, acaba de tomar posesión y ya ha mostrado sus cartas. El Síndic cree que la institución necesita modernizarse y acercarse al ciudadano, aunque ha dado algunos pasos en ese sentido. “Hay que darla a conocer más. Y facilitar a los ciudadanos el acceso a la Sindicatura a través de los medios telemáticos. Ya estamos en ello, se pueden admitir las quejas en la web, por correo electrónico o por teléfono”, explica.

La ley de renovación del Sindicato de Greuges no llegó a aprobarse la legislatura pasada por la convocatoria de elecciones anticipadas y está pendiente de tramitarse de nuevo. “Vendría bien que se reformara la ley. La actual sigue hablando de artículos del Estatut modificados”, señala. Luna celebra que no hubiera ninguna enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma y espera que se apruebe cuanto antes. Las últimas jornadas de defensores del pueblo autonómicos se centraron en esta cuestión, que, reconoce, le preocupa especialmente.

El incremento del discurso de odio hacia los menores extranjeros no acompañados que airean los partidos de extrema derecha, a menudo con la complicidad de las formaciones conservadoras, en un asunto prioritario para el Síndic. “No hay ninguna razón objetiva para ese discurso de odio”, expresa, señalando que “es un discurso que apela a los sentimientos más primarios y tribales de la humanidad”.

Tras años en la institución como adjunto, corrobora que “el nivel de delincuencia que pueda existir entre menores extranjeros no acompañados tiene más que ver con las condiciones de exclusión en que se encuentran en muchos casos que con otro motivo. Se puede afirmar que en situaciones comparables el nivel de delincuencia es muy similar entre los extranjeros y los españoles. Es el contexto de exclusión social y de carencias de muchos tipos lo que determina el comportamiento en relación con los delitos”.

¿Qué debe hacer el defensor del pueblo con casos como este? “Lo que podemos hacer y hacemos es exigir a la administración, que tiene que tutelar y cuidar de esos menores, que garantice los medios y la atención adecuada para facilitarles un itinerario formativo para que puedan desarrollar un proyecto de vida razonable”, detalla Luna.

Las quejas ciudadanas

En 2019 el Síndic de Greuges ha atendido más de 4.000 quejas, ha abierto 40 de oficio y realizado cerca de 19.000 actuaciones. Las quejas planteadas suelen utilizarse como termómetro del sentir social, aunque advierte que el número tiene trampa.“El número de quejas es confuso porque si hay algún colectivo que moviliza a cientos de personas para un objetivo determinado aparecen mil quejas”, como sucedió hace unos años con colectivos por la educación religiosa y concertada. “Individualmente, los sectores que más quejas suscita son dependencia, discapacidad y sanidad”. El mal funcionamiento de estos servicios “es una cuestión de medios y de falta de organización”, considera.

Luna es especialmente crítico con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable del servicio de atención a la dependencia y discapacidad. Cree que se reciben más quejas en este ámbito porque los plazos están regulados: “La gente viene cuando lleva 12 meses sin valoración”, considera, aunque matiza que “las cosas han mejorado y la atención a la dependencia no es igual ahora que hace cuatro años, pero no ha mejorado lo suficiente”.

El Sindicato de Greuges tiene la facultad de abrir quejas de oficio, bien cuando advierte un exceso administrativo que nadie ha denunciado, bien cuando el objeto de abuso no puede presentarlas. “Este año llevamos cerca de 40 quejas de oficio. Por ejemplo, en un colegio de Alicante ni siquiera había barracones, habían puesto unos toldos para los niños”, fue cuando las lluvias torrenciales. Abrimos muchas quejas de oficio en el área de menores. Ellos, claro, no suelen venir a abrir una queja. Los menores no están suficientemente protegidos en muchos casos“, señala.

Otro de los aspectos que más quejas generan es la precariedad en la administración pública. Las bolsas de trabajo en Sanidad y Educación, el funcionamiento de tribunales de oposición o concurso, o los baremos para convocar dichos concursos las protagonizan, aunque Luna cree que la precariedad tiene otra consideración, como la de encadenar trabajos mal pagados. “Hablar de precariedad laboral en la Administración es difícil. Ser precario es otra cosa. En la Administración el problema es con los interinos. No es admisible el volumen de interinos que existe en todas las administraciones públicas: en el Consell, en los ayuntamientos... Las plazas o se cubren por los procedimientos legalmente establecidos o se amortizan”.