La decisión de Catalá de privatizar la Marina de València, origen del escándalo de las plazas a medida que investiga Anticorrupción

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron en diciembre de 2023 la privatización durante 35 años de la gestión de un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y parte de la zona sur y norte, perdiendo así la ciudad el control unitario del espacio y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades. Una labor que hasta ese momento realizaba el Consorcio Valencia 2007, ente público con una treintena de empleados que estaba participado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Esta decisión política es el origen del escándalo que ahora ha estallado tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en virtud de una denuncia de Compromís. La coalición valencianista considera en su escrito que hubo prevaricación y tráfico de influencias en la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de València y de la Autoridad Portuaria (APV), plazas que se convocaron a lo largo de 2024 de forma prácticamente simultánea y que ocuparon tres extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, que se encontraba entonces en proceso de liquidación para dar entrada al nuevo operador privado. La denuncia apunta a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao.

Posteriormente, tanto la coalición valencianista como el PSPV ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información a los empleados del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó. Por su parte, Catalá descarta cualquier irregularidad y asegura que aportará a la Fiscalía toda la documentación que se le requiera.

Con su apuesta por la gestión privada, Catalá rompió el camino que había iniciado su antecesor en el cargo, Joan Ribó, quien avanzó hacia la creación de un nuevo ente municipal para dirigir la Marina en el que reubicar a la docena de trabajadores afectados por los despidos tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. El resto, sobre todo los encargados de marinería, fueron subrogados por la nueva empresa gestora.

Así se les comunicó en el año 2022 a los propios empleados, según han confirmado a este diario, una vez el Estado decidió abandonar el Consorcio tras condonar el Gobierno la duda de 360 millones que pesaban sobre el ente para financiar las obras de la Copa América. La renuncia de uno de los socios dio lugar al proceso de liquidación, por lo que Ribó inició gestiones para la creación de ese nuevo ente municipal que siguiera con la gestión pública y unitaria de toda la Marina, un ente al que se podrían subrogar los empleados afectados.

En esa línea, en agosto de 2022 trasladó una carta a la APV, a la que ha tenido acceso este diario, en la que solicitó “su interés de mantener -tanto durante el proceso de liquidación del Consorcio València 2007 como una vez aprobada la misma- la unidad de gestión de la Marina de València para garantizar su uso parte de la ciudadanía y la continuidad de las actividades que vienen desarrollándose en ella”. Además, añade: “Dado que en estos momentos se encuentra abierto el proceso de liquidación del Consorcio València 2007, y con la finalidad ya expresada de garantizar la continuidad de la gestión unificada de La Marina de València, te solicito que la indicada autorización o concesión demanial gratuita de los indicados espacios portuarios se otorgue transitoriamente al Ayuntamiento de València, hasta que se cree una nueva entidad pública de gestión”.

Con la misma intención, Ribó se reunió en noviembre del mismo año con el ministerio de Transportes, a cuyos representantes solicitó la creación de una unidad de gestión en la Marina de València una vez quedara definitivamente liquidado el Consorcio. “Hay que buscar una unidad de gestión de la Marina con la finalidad de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores, como de los concesionarios, como de las empresas”, dijo el alcalde.

Todo cambió cuando el PP de Catalá llegó a la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2023. La dirigente popular optó por la gestión privada de la Marina que se acabó otorgando en julio de 2024 a la unión temporal de empresas Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar. Con su decisión, se abocó al despido a una docena de empleados. Aunque la alcaldesa esgrime informes jurídicos para justificar que no era viable la opción de la subrogación, es un aspecto judicializado sobre el que en breve se pronunciarán los juzgados.

Los empleados entienden que podían acogerse al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que regula este mecanismo cuando se produce una sucesión de empresas. Además, el convenio colectivo que firmaron en 2017 la plantilla, los sindicatos y los directivos del Consorcio preveía la posibilidad de subrogación. Si bien el documento no se remitió a las autoridades laborales para su validación, diversas fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que esa situación en ningún caso impide que se pueda realizar la subrogación. De hecho, consideran que si no existiera la posibilidad legal, no se habría reflejado en el documento.

Durante el proceso de liquidación ejecutado a lo largo del año 2024, tan solo tres empleados se recolocaron en las plazas creadas tanto en la APV como en organismos del Ayuntamiento de València, en unos procesos que investiga Anticorrupción. Una cuarta encontró acomodo en la Generalitat Valenciana. El resto de empleados, a pesar de que pudieron presentarse a algunas plazas de las que les informó el concejal Marí Olano, decidieron no hacerlo ante las dudas jurídicas que les suscitaron los procesos selectivos.