El consejo de administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) aprobó el pasado viernes la adjudicación de cuatro manzanas o parcelas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) a las empresas Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC y Medlog Iberia, firmas que presentaron sus ofertas y optaron al derecho de superficie para desarrollar sus proyectos empresariales en las instalaciones de la plataforma logística.
Como informó eldiario.es, la adjudicación de VPI Logística (empresa participada por la Autoridad Portuaria de Valencia en un 98,4% del capital) está condicionada a la finalización de las obras y la recepción del acondicionamiento de los terrenos por parte del Ayuntamiento de València.
Sin embargo, no todo el consejo de administración, integrado por la Autoridad Portuaria de Valencia (con una participación mayoritaria del 98,4%) el Ayuntamiento de la ciudad, la Generalitat Valenciana y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), votó a favor de esta adjudicación provisional de las parcelas.
Llama la atención que el SEPES, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, departamento que debe determinar si la polémica ampliación norte del puerto De València requiere de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que evalúe los cambios realizados sobre el proyecto original, se abstuvo en la votación y por tanto no avaló este procedimiento. De los dos representantes de la Generalitat, Inma Orozco (Compromís) también se abstuvo. Emilio Obiol (PSPV), director general de Puertos y Aeropuertos y Costas, votó a favo. La vicealcaldesa socialista de València, Sandra Gómez, delegó su voto en la APV.
Una cuestión que no es baladí, teniendo en cuenta que es el propio SEPES el que ha licitado y adjudicado por importe de 5,3 millones de euros las obras de adecuación del entorno de la ZAL, necesarias para que sean recepcionadas por el Ayuntamiento. Será entonces cuando las adjudicaciones provisionales se consoliden definitivamente.
La abstención demuestra las dudas del organismo estatal con respecto al procedimiento administrativo. También pone en evidencia las discrepancias al respecto existentes entre el PSPV y Compromís.
La adjudicación se produjo a pesar de que el plan urbanístico para dar cobertura legal a la ZAL está de nuevo en los tribunales pendiente de sentencia, tras la denuncia presentada por la plataforma 'Horta és futur, no a la ZAL' por presuntas irregularidades urbanísticas.
El Plan Especial de la ZAL fue impulsado, aprobado y firmado en diciembre de 2018 por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana.y según los denunciantes es prácticamente idéntico al que ya fue declarado nulo en 2009 y en 2013 por el TSJCV, una nulidad confirmada en 2015 por el Tribunal Supremo.