Una jornada clarificadora

La noche del 23J pienso que estuvo claro para todos, o, al menos, para todos los ciudadanos y ciudadanas que valoran ser portadores de tal condición y que, como nos ponen de manifiesto tanto la audiencia de los debates televisados durante la campaña electoral como el porcentaje de quienes ejercen el derecho del sufragio, constituyen una muy amplia mayoría de la población del país, estuvo claro, repito, que el PP había fracasado en su pretensión de tener una mayoría, que si no llegaba a ser absoluta, sí sería lo suficientemente contundente como para que no pudiera discutirse que Alberto Núñez Feijoo sería el presidente del Gobierno de la Nación.

Aunque miembros destacados de la dirección del PP –Cuca Gamarra, Elías Bendodo…–, acompañados de algunos de los columnistas de sus medios de comunicación, han intentado mantener a lo largo de estas semanas que había todavía alguna posibilidad de que el candidato del PP podía ser presidente del Gobierno y han puesto en marcha, incluso, una operación para presionar al Rey a que hiciera pública ya la decisión de proponerlo como candidato a la investidura, saltaba a la vista que se trataba de una operación a la desesperada del propio Núñez Feijóo y de algunos de sus acólitos, que piensan, no sin razón, que tanto la posición del primero como presidente del PP y las suyas en los diferentes puestos de la dirección del partido pueden estar en peligro si Pedro Sánchez es investido candidato y la legislatura echa a andar.

Todas estas expectativas se han desvanecido en la mañana de este 17 de agosto, en una sesión enormemente tranquila de constitución de las Cortes Generales. Todo el ruido de estas últimas semanas ha cesado como por ensalmo y no hay que reseñar ninguna anomalía. El 17 de agosto ha confirmado en interpretación parlamentaria lo que fue la interpretación ciudadana la propia noche del 23J. 

Ahora queda la negociación de la investidura, que va a ser complicada, pero que no tiene por qué serlo más de lo que fue la negociación de 2019. Si el lector se detiene en echar la vista atrás con detención, verá que en este 2023 se superponen dos mayorías coincidentes en lo esencial, pero con un matiz diferencial. En ambas, el nacionalismo catalán en general, y el nacionalismo en clave convergente en particular, es el factor decisivo. Lo fue en la mayoría que está en el origen del rechazo a la derecha española, que se expresó a través de la moción de censura de julio de 2018. Sin el PDeCAT, no habría sido aprobada la moción de censura. En 2019 no ha sido necesario el concurso de Junts y en 2023 vuelve a serlo. Volvemos al punto de partida, a la mayoría de julio de 2018. Menos amplia que la de entonces y que la de 2019, incluso sin Junts, pero a la mayoría de la moción de censura.

La solidez de la mayoría que se ha puesto de manifiesto este 17 de agosto en la elección de la Presidenta del Congreso y de los miembros de la Mesa no tiene por qué tener, ni pienso que vaya a tener, menos solidez de la que ha tenido la mayoría de esta pasada legislatura. El 31 de julio, en “La suerte de tener que contar con Junts”, expliqué por qué va a ser así. Independientemente del número de escaños que el nacionalismo de origen convergente tenga en una legislatura concreta, es una pieza importante, clave llegaría a decir, para poder conformar una mayoría no solamente de investidura, sino de Gobierno. La abstención de Junts y no digamos nada de su voto en contra, afecta de manera subterránea pero inequívoca, a la “legitimidad”, esta vez sí, del Gobierno de coalición como el de la pasada legislatura. En ese Gobierno que es el resultado de la suma de diversas “legitimidades”, la ausencia de una tan significativa se nota y mucho. 

Como en esta legislatura Junts no puede no estar, el Gobierno de coalición que se constituya no va a tener ese problema. Va a tener otro en el momento de su constitución, que tendrá que resolver y que le va a costar mucho esfuerzo resolver. Algo parecido a la inversa le va a ocurrir a Junts. También tendrá que resolverlo.

Es importante que todos los integrantes de la “mayoría de coalición”, de la que forman parte todos los partidos sin los cuales tal Gobierno no es posible, independientemente de que formen parte del mismo en sentido estricto o no, sean conscientes de que el tiempo va a jugar un papel decisivo. Aunque el desmontaje del “franquismo” no ha dejado de estar presente en ninguna de las legislaturas constitucionales, con la excepción de las dos con mayorías absolutas del PP, la del 2000 y la del 2011, cada vez resulta más difícil avanzar en dicho proceso de desmontaje, que ha sido la dificultad principal de la pasada legislatura y que va a continuar siéndolo de la presente. Con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el PP todavía más. Pero es una tarea en la que hay que seguir sin caer en el desánimo. 

Y hay que hacer un esfuerzo enorme en que acabe calando profundamente lo que ha sido, en mi opinión, el mensaje más importante del resultado de todas las elecciones generales desde la del 20 de diciembre de 2015, que no es otro que el siguiente: la idea política de España de la derecha española, que no admite más que la existencia de una única nación que excluye a cualquier otra, es minoritaria. Es una idea que únicamente se puede imponer mediante la represión. De una manera brutal, como lo hizo el general Franco tras la Guerra Civil, o de una manera vergonzante, como lo hizo Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que abrió la puerta a que el “Estado Mayor judicial”, por así decirlo –Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado e incluso Tribunal Constitucional–, iniciara una persecución de la dirección del nacionalismo catalán, continuada por parte del poder judicial radicado en Catalunya contra un número importantes de dirigentes nacionalistas de menor rango. La persecución política del nacionalismo catalán ha sido una persecución judicial. Ha supuesto un uso vengativo del derecho difícilmente entendible a estas alturas del siglo XXI. Hacer uso como punto de partida del delito de rebelión para perseguir penalmente a los miembros del Govern y de la mesa del Parlament, como hizo el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, fue una barbaridad jurídica, que, sin embargo, fue aceptada por la Audiencia Nacional en un primer momento y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) después. Y que ha sido la posición mantenida hasta el final por todos los Fiscales que actuaron en el “juicio del procés”. 

La diversidad territorial de España tiene que hacerse visible en la síntesis política de la sociedad en la que el Estado consiste. Ello exige la supresión del Senado tal como está configurado y su sustitución por un Senado de las Comunidades Autónomas exclusivamente, que deje de ser un órgano colegislador excepto en aquellas materias en las que la distribución constitucional-estatutaria de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas así lo exija. 

Todo esto lo ha posibilitado el resultado electoral de 23 J y la interpretación del mismo que han hecho los 350 diputados este 17 de agosto.