La culpa Israelí

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, ante los horrores cometidos por el nazismo, los países aliados decidieron crear el primer Tribunal internacional, con sede en Núremberg.

En Núremberg tuvieron lugar numerosos juicios contra muchos altos cargos, dirigentes, abogados, jueces…, que en aplicación de la normativa nazi habían cometido graves delitos contra la Humanidad: genocidio, crímenes de guerra, torturas.

Al mismo tiempo, se realizaron campañas de concienciación para que la población se diera cuenta de que sin su aprobación, activa o silente, probablemente, nada de esto habría ocurrido. Es lo que cargó, como culpa colectiva, toda una generación de alemanes, que, incluso hoy en día es objeto de gran debate; como ejemplo, las reacciones tras la publicación de la novela The reader (El lector), de Bernhard Shlink.

El problema de gran calado jurídico que plantearon las defensas en los juicios de Núremberg es que los hechos enjuiciados no estaban tipificados como delito al tiempo de cometerse, los acusados se limitaron a cumplir la ley y si no lo hacían, podrían enfrentarse a graves consecuencias. Afortunadamente, estas teorías positivistas que apoyaban la obediencia ciega a la ley, aunque ésta atentara contra la vida humana, no prosperaron. Por encima de todo hay un categórico inapelable: los valores superiores del ser humano, la proscripción de malos tratos y torturas, la prohibición de masacres; el respeto, en suma, a la vida humana.

Los procesos de Núremberg marcaron un antes y un después en relación a la defensa de los derechos Humanos y la persecución eficaz de estos graves crímenes en aplicación de la llamada Jurisdicción Universal y, por cierto, es asignatura obligatoria en todos los centros docentes de Alemania.

Tal y como ocurriera en la Alemania nazi, en Israel existe un Derecho positivo, que en caso de incumplirse, podría acarrear graves consecuencias: normativas que restringen gravemente los derechos civiles de los palestinos como los límites a su libertad deambulatoria (continuos controles o checkpoints, prohibición de acceso a determinadas zonas, etc.), prohibición de matrimonios de palestinos y judíos, ocupaciones de territorios palestinos, creación del muro de Cisjordania con la consiguiente pérdida de territorio, aislamiento y degradación de la vida de los palestinos…

Este Derecho positivo viene complementándose con las resoluciones vinculantes de la Corte Suprema israelí; este supremo órgano jurisdiccional ha prohibido el matrimonio entre palestinos y judíos porque sería un “suicidio nacional” permitirlo, la raza judía se extinguiría; quienes contraigan matrimonio con palestinos perderán la ciudadanía y deberán abandonar territorio israelí.

Así mismo, la Corte Suprema israelí viene legitimando los asesinatos de objetivos militares, ejecuciones extrajudiciales, basándose en el derecho a la legítima defensa.

La Corte Suprema israelí, con claro olvido del principio de proporcionalidad o del principio de obtención de ventaja militar, también ha legitimado los asesinatos indiscriminados de población civil en Gaza, bajo el pretendido derecho a la autodefensa.

Este es el marco normativo del Estado de Israel que permite y obliga, por ejemplo, bombardear barrios enteros en Gaza, so pena de someter a Consejo de Guerra a quien desobedezca la orden militar.

Un marco normativo que permite detener a palestinos en régimen de “detención administrativa”, sin posibilidad de conocer ni los cargos ni si serán enjuiciados; un régimen que permite la tortura y los malos tratos contra los palestinos detenidos.

En fin, un marco normativo que cobija las constantes masacres de marcado carácter genocida en la franja de Gaza, como la que se está cometiendo desde el pasado 8 de Julio, en la conocida operación “Margen protector”. Operación muy sistemática, por cuanto los objetivos militares no son otros que los civiles, con claro ánimo de exterminarlos: edificios enteros volados por el fuego de aviación, hospitales, sedes de prensa, niños que juegan en la playa al fútbol…

Junto con esta armazón jurídica, se encuentra la propaganda, con el fin no sólo de limpiar su imagen ante la Comunidad Internacional, sino de aleccionar a la población israelí sobre su “legítimo propósito de autodefensa”; algo más refinado que la campaña llevada a cabo por Goebbles en la Alemania nazi, por cuanto la tecnología punta, la era de Internet y de las redes sociales, así como la progresiva propiedad de los medios de comunicación en manos de poderosísimos entes financieros consiguen que el ideario criminal israelí se halle justificado y legitimado hasta el último rincón del planeta. Así, no extrañe que se difundan comunicados institucionales detallando cómo y dónde Hamás colocaría estratégicamente escudos humanos, sacrificándolos a las potentes fuerzas militares israelíes, lo cual explica la matanza sistemática de civiles; así mismo, leeremos en artículos de reputados medios de comunicación que el objetivo de Israel, al entrar en Gaza, no es otro que destruir los túneles que Hamás ha construido para sus propósitos criminales, salir a través de ellos a matar israelíes, cuando cualquiera sabe que estos túneles no son de salida sino de entrada de víveres para la supervivencia de la población bloqueada y sitiada desde hace una década.

Y, por fin, la sociedad israelí legitima y justifica estos actos criminales, en el llamado derecho a la legítima defensa. No extraña, por tanto, que disfruten desde un cerro cercano a la franja de Gaza, sentados en cómodos asientos, del siniestro espectáculo de la destrucción y muerte de los palestinos, según imágenes muy difundidas por las redes sociales.

Por tanto, marco normativo genocida, propaganda y legitimación social, tres características que comparten con la Alemania nazi; elementos comunes que, así como ayudaron a masacrar a judíos en el régimen de Hitler, ahora vienen a ayudar y contribuir al exterminio de los palestinos por parte de Israel.

Lógicamente, si existe este común denominador entre uno y otro, debiéramos exigir el consiguiente castigo para que Israel no sólo pare en la masacre sino para que en el futuro no se repita.

Habría que crear un Tribunal Internacional tomando como modelo el de Núremberg, el de Ruanda o el que enjuició los crímenes en la ex Yugoslavia; pero, claro, esta iniciativa debiera partir de la ONU, y ya sabemos cuál sería el fundamental veto que lo impediría.

Bien, pues habrá que acudir a la Corte Penal Internacional, creado con vocación de permanencia, para enjuiciar los crímenes más graves que conocemos; pero, ay, Israel no es miembro ni ha firmado el Tratado de Roma y, vaya infortunio, Palestina, que aún no ha sido reconocida plenamente como Estado, aún no puede suscribir dicho Tratado de Roma, ni por tanto, acudir a este Tribunal a denunciar los criminales actos genocidas del gobierno israelí.

Nos quedará entonces el Derecho de cada estado que conforma la Comunidad Internacional, que en aplicación de la llamada Jurisdicción Universal tiene obligación de perseguir al “enemigo del género humano” (hostis humani generis).

Sin embargo, el último reducto para aplicar la Jurisdicción Universal, España, ya no está en condiciones de seguir haciéndolo, por las sucesivas reformas de nuestros gobernantes.

Pese a todo, como ciudadanos miembros de una Comunidad Internacional comprometida con el efectivo respeto a los Derechos Humanos, por ahora, nos queda lo único que está al alcance de la sociedad civil: la concienciación.

Igual que tuvimos grandes campañas de concienciación que acercaron el Holocausto judío al mundo y lo sensibilizaron, hasta conseguir una conciencia colectiva en claro repudio del nazismo, proclamamos la necesidad de difundir y denunciar los crímenes de Israel contra la población palestina; informar de los contactos y acuerdos políticos de nuestros representantes con los mandatarios del Estado de Israel; desenmascarar la manipulación informativa y la propaganda pro genocida no sólo de Israel sino de medios afines.

La población israelí, así como la alemana, debe concienciarse y responsabilizarse colectivamente; una culpa colectiva que les lleve a repudiar estos actos criminales, que les provoque la necesidad del castigo a sus máximos responsables; responsabilidad y castigo, ambos aleccionadores y, reparen, en parte, los terribles daños infligidos al pueblo palestino.