Guatemala contra Ríos Montt, ayer y hoy

Ciudad de Guatemala, 10 de mayo de 2015. Es el segundo aniversario de la sentencia dentro del proceso por genocidio contra el antiguo dictador militar Efraín Ríos Montt. A mi lado, sentado en el panel de ponentes, está Edgar Pérez. Este abogado de complexión robusta, viejo luchador, representó en el proceso histórico a la mayoría de los supervivientes indígenas y testigos. Durante su discurso muestra una edición de la sentencia de 2013, en la cual se argumenta que los asesinatos y masacres que el general Ríos Montt y sus subordinados cometieron contra los Maya-Ixil se deben categorizar como genocidio, a la vez que se prueba la responsabilidad directa en ellos de Ríos Montt.

Pérez resume el problema: “Yo represento a las víctimas de antes, y a las de hoy”. Hace referencia a la injusticia que gran parte de la población indígena sufre, aun después de la firma de la paz entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras, y a que muchos de los grandes proyectos -especialmente de empresas mineras- violan constantemente los derechos de los indígenas. Pérez sufre con ellos, pero el trabajo le obliga a creer en la justicia en Guatemala, le obliga a medirla sobre la base de las exigencias y medidas de un sistema judicial estatal justo.

Yo estoy de visita en la Ciudad de Guatemala por invitación de organizaciones y juristas de derechos humanos y participo en diferentes eventos, en los cuales se discute la relevancia histórica del veredicto. Pero también para hablar sobre la corrupción dentro del sistema jurídico guatemalteco. Sobre la corrupción que provocó que la Corte Suprema anulase en mayo de 2013 la sentencia contra Ríos Montt.

En Guatemala se precipitan actualmente los sucesos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue creada en 2006 entre otras organizaciones por Naciones Unidas, ha tenido un rol importante en el proceso de genocidio, y lo tiene hasta el día de hoy. Tan importante que el actual gobierno del militar Otto Pérez la ve como una carga. Y es que al presidente Pérez se le reprocha haber cometido personalmente violaciones de los derechos humanos. El presidente quiere que el mandato de la Comisión concluya en septiembre.

Pero los juristas de Naciones Unidas contraatacan. Llevan amplias investigaciones, sobre todo relativas a la corrupción endémica, y encuentran lo que buscaban: la vicepresidenta se vio obligada a renunciar y, debido a llamadas telefónicas interceptadas, altos funcionarios del sistema se encuentran en una situación difícil.

Un rol funesto en la corrupción -en parte por maniobras fraudulentas que llevaron a la anulación (provisional) de la sentencia de genocidio- lo desempeñan varios abogados. Rodolfo Rohrmoser, reconocido y respetado expresidente de la Corte Suprema, cuenta como uno de sus antiguos estudiantes le ofrece un puesto en un bufete, pero le advierte cuidadosamente: “Debes reducir tus altas pretensiones éticas, aquí manda la lex mercatoria”. De lo que significa se entera Rohrmoser en la práctica, dado que una y otra vez le solicitan participar en violaciones de derechos. “Si no cooperas, estarás fuera del mercado”, le dicen.

Dentro del contexto del proceso de genocidio se encontraban fiscales y jueces honestos, pero fueron bien sometidos a procedimientos disciplinarios y prohibiciones de salidas del país bien forzados a irse del país, como es el caso de la fiscal general Claudia Paz y Paz. Pero las juristas atacadas se mantienen firmes, al igual que los abogados. Defienden la sentencia contra Ríos Montt; una sentencia que un día, de eso estamos todos seguros, estará en la misma línea histórica que las sentencias de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis o la condena del expresidente de Liberia Charles Taylor. Los acontecimientos más recientes dejan la esperanza de que juristas jóvenes e íntegros como Edgar Pérez, Rodolfo Rohrmoser o Claudia Paz y Paz podrán aportar a la superación de la injusticia histórica, así como al impedimento de la injusticia actual.