Una ruptura constituyente desde la periferia

Cuenta Josep Pla que en junio de 1931 el comunista catalán Joaquín Maurín había pronunciado una conferencia en el Ateneo de Madrid. A juicio del periodista, el dirigente del POUM cosechó un triunfo indiscutible desde el punto de vista de los aplausos y vítores recibidos. Se manifestó a favor de aniquilar el ejército, la Iglesia, acabar con los terratenientes e incluso pulverizar la sacrosanta propiedad privada. Cada secuencia del discurso en la que el joven poumista añadía más soflamas de devastación, mayores eran las ovaciones y muestras de aprobación de los ateneístas republicanos. Pero llegó un momento en que el público enmudeció y dejó de aplaudir. ¿Qué había sucedido? Maurín se había proclamado abiertamente separatista y partidario de la destrucción de la unidad de España.

Algo parecido pasa hoy en muchos rincones de la península. Para no poca gente de izquierdas fuera de Cataluña, el creciente soberanismo que alberga esa comunidad provoca iguales reacciones de frialdad, desconcierto e incluso irritación que hace 80 años. De hecho, es posible que entre los propios lectores que han seguido pacientemente el debate promovido por este blog haya quienes, una vez llegados a este punto, comiencen a bostezar o a torcer el gesto de complicidad para dar paso a un abierto recelo. El desafío catalán, bajo su mirada, no sería más que una maniobra pérfida de la oligarquía para dividir las filas de la izquierda y recuperar posiciones perdidas tras el estallido de la crisis económica. A pesar de su reduccionismo, esa percepción funcionalista no está exenta de verdad. Las élites catalanas han tratado a menudo de manejar las reivindicaciones identitarias para esconder sus miserias o para esfumar responsabilidades en la gestión de episodios de crisis. No por casualidad, el “pujolismo” logró 30 años de victorias electorales gracias a su capacidad para encarnarse en la “voluntad del pueblo” e identificar sus intereses con los de la comunidad en su conjunto.

Con todo, nada de lo que acontece hoy en Cataluña es de su agrado o está bajo su dominio. Más bien sucede lo contrario. El mapa político catalán, hegemónico desde la transición, se tambalea de forma aparentemente irremediable. No solo por el ascenso electoral de fuerzas políticas, como ERC e IC-EUiA, que rechazan los consensos del régimen. También porque la actual ola de movilización popular que está marcando el ritmo de la agenda soberanista es de signo claramente rupturista. Gravita en unas coordenadas destituyentes muy lejanas a la órbita ideológica de CIU, un “partido de orden” que ha sido una pieza clave para sostener el régimen monárquico y bipartidista. La apertura de nuevas arenas políticas alternativas como las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) o el Procés Constituyente e incluso la Asamblea Nacional Catalana son un buen ejemplo del realineamiento del soberanismo a posiciones de izquierdas. Entre la gente de clases bajas y de izquierdas es donde, de hecho, más crecen los partidarios de la consulta y del estado propio. Eso es lo que revelan las encuestas, tal como nos lo cuentan Roger Pala y Sergi Picazo en este mismo periódico.

Si se parte de allí, no sorprende la radicalización del discurso del presidente Mas. Obedece, sin duda, a una estrategia de supervivencia política forzada por ese nuevo “sentido común de época” con la voluntad de disputarle su hegemonía a la izquierda. No es descabellado augurar, si la cosa se pone seria, que los nacionalistas más pronto que tarde cedan a la llamada al orden de los poderes fácticos del mundo empresarial para encauzar la pulsión secesionista hacia un puñado de simples demandas de mayor cuota de poder económico. En los momentos convulsos o revolucionarios de la historia de Cataluña, éstos no han dudado en cambiar de bando al sentir sus privilegios amenazados. La Liga regionalista de Cambó, sin ir más lejos, pasó apenas sin pestañear de defender la secesión de Cataluña a echarse a los brazos de las tropas franquistas cuando oyó tocar a su puerta la efervescencia revolucionaria vivida en Barcelona.

Es verdad, en todo caso, que la “desafectación catalana” en las últimas décadas se ha visto espoleada por la agudización de la crisis. Pero ello no tiene por qué quitarle legitimidad. Y mucho menos cuando el propio PP la ha aprovechado para lanzar una descarnada ofensiva neoliberal contra los derechos sociales y el propio principio de autonomía. El ascenso de ese empeño rupturista, de hecho, puede explicarse como una reacción ante el cierre autoritario de un marco constitucional a las aspiraciones de mayor autogobierno expresado en las calles catalanas. Pero también a las propias exigencias de democracia radical propagadas por el movimiento del 15-M. En Cataluña ambas movilizaciones revelan tensiones acumuladas en los últimos tiempos y son claramente indicativas del creciente número de gente que no se siente representada en el actual sistema político. Una y otra emergieron de forma casi entrelazada para sacudir los cimientos de la vieja política forjada tras la transición, pero se han estrellado en el mismo muro de incomprensión levantado por las fuerzas que la custodian.

En el fondo, la forma en que se ha venido despachando ese tipo de movilizaciones no solo es una cuestión de arrogancia o intransigencia política. La falta de tradición democrática tiene que ver en ello. Nadie olvida que la Constitución se votó en circunstancias excepcionales. La amenaza latente de unas fuerzas armadas impredecibles (como se comprobó en 1981) dejó su huella en el texto y la persistencia de amplios sectores franquistas en las élites del poder impidió transitar hacia un régimen que rompiera amarras con el pasado. Es ese ruido de sables, precisamente, el que está en el trasfondo del régimen y condiciona su cierre. Y ello se pone en evidencia si se realiza una simple comparación con el comportamiento de otros gobiernos europeos con pasados menos brumosos. En Portugal, la impronta de la revolución de los claveles (1974) se percibe en las muestras de apoyo hacia las protestas sociales provenientes de las propias fuerzas armadas o en el especial sigilo con el que la policía suele intervenir. En Gran Bretaña, la propuesta de convocar este año un referéndum sobre la independencia de Escocia, lejos de sembrar la ira, fue vivida desde la plena normalidad democrática y sin ningún tipo de espaviento.

Nada que ver con los modales groseros y expeditivos con los que aquí se han encarado las recientes Marchas por la Dignidad del 22-M o el propio reclamo soberanista expresado hace poco desde la tribuna del Congreso. De hecho, ya tras el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña, algunos exabruptos se convirtieron en amenazas de suspensión de la autonomía, ilegalización de los comicios por plantearse como plebiscito e, incluso, con el viejo espantajo de los tanques y la intervención de la fuerza militar tan presente en la memoria colectiva de los catalanes. No es difícil oír en esas inflamadas diatribas el eco no tan lejano de advertencias como las del ex-ministro franquista Fraga Iribarne. En una entrevista realizada por Joan B. Cendrós en 1967, el fundador del PP llegó a exclamar que “debía hacerse todo lo posible para evitar la destrucción de la unidad nacional. Porque Cataluña fue ocupada por Felipe VI, fue ocupada por Felipe V, que la venció; fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939, y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario, y para ello estoy dispuesto a coger el fusil de nuevo. Por consiguiente, ya saben ustedes a qué atenerse, y aquí tengo el mosquetón para volverlo a utilizar”.

Éstas son invocaciones al imaginario del miedo propio de la Cultura de la Transición con escasa capacidad ya de provocar zozobra entre unas nuevas generaciones con conciencia de su ciudadanía europea. No es descartable, sin duda, un enroque neofranquista al conflicto que volviera a poner el marcador a cero en clave represiva. Resulta difícil de imaginar, no obstante, una salida democrática de la crisis que pueda plantearse ya, de manera realista, dentro del marco constitucional de 1978, o si se prefiere, de lo que se ha hecho con él. Con este contexto, la celebración de la consulta catalana puede ser una palanca de cambio para desatascar el conflicto político entre independentistas, federalistas y autonomistas. En el fondo, en Cataluña no pocos apoyan esa vía como la única realista para ensayar nuevos encajes federales y confederales, de abajo hacia arriba, de forma fraternal y en plano de igualdad con otros territorios. Pero no solo eso. Tras esa reivindicación existe también una fuerte movilización popular que, con prácticas de desobediencia civil, puede expandir y desbordar el campo político de lo posible más allá de la cuestión territorial.

Como parte de una revolución democrática y social, precisamente, fue como Maurín defendió ese desafío ante el auditorio republicano del viejo centro cultural de Madrid. Las izquierdas catalanas y del resto del Estado hoy deberían verlo también como una impugnación en toda regla de las instituciones de un régimen corrupto y oligarca. Como un resquicio que se abre desde la periferia para impulsar un proceso de ruptura que llevada a sus últimas consecuencias permitiría redefinir las reglas del juego y ampliar el marco decisorio a muchas otras esferas de la vida política del resto del Estado. Y convertirlo en un faro de esperanza, un estímulo para hacer saltar por los aires un marco constitucional que se ha convertido en un pesado yugo sobre las demandas populares tanto en el terreno social como democrático. El presidente de la Primera República, Pi i Margall, ya identificaba en 1876 la suerte de la revuelta catalana del 1714 con el anhelo de emancipación de las clases populares del resto de territorios ibéricos. “Allí en aquel fuego ardieron no sólo las instituciones de Cataluña -escribió- sino también la libertad de España”. Ojala que tal advertencia, antes de que sea demasiado tarde, alcance a aquellos sectores de izquierda que aspiran a un cambio de régimen.