Una visión diferente del Principado de Asturias a través de sus protagonistas, con noticias, reportajes, entrevistas y análisis sobre su actualidad política, social y económica.
Políticos y empresarios se ven las caras con los jueces del Principado
Asturias —
Asturias, una de las comunidades menos afectadas hasta ahora por la acción de la Justicia en materia de casos relacionados con acciones poco claras de responsables políticos y empresarios, se ha visto agitada en las últimas semanas por diligencias judiciales ante las sospechas de malversación, prevaricación, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
Al caso del diputado y portavoz de IU en el parlamento asturiano, Ángel González, para el que la fiscalía pide siete años de inhabilitación por una presunta prevaricación en la gestión administrativa de los monolitos de homenaje a de la Guerra Civil, se han sumado en los ultimos días dos nuevos casos. Por un parte, la alcaldesa socialista de la localidad de Avilés, Pilar Varela, está imputada en una presunta falsedad de facturas, relacionadas con la inauguración del cúpula del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Por otra, los indicios de delito contra el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, por un presunto fraude a Hacienda con el IVA de su empresa Energía de Asturias (Enastur), que puede terminar en juicio oral.
La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo parte de la querella que la Fiscaía presentó en abril contra García Vigón y miembros de su familia. Las consecuencias de esta acción, provocaron una profunda crisis en la organización empresarial, con voces exigiendo su dimisión y empresas de peso como ALSA, HC Energía o Duro Felguera, abandonando o siendo expulsadas de la Federación.
Ahora, la jueza ve indicios de delito en la actuación del presidente de FADE, que hace extensible a dos de sus hijos por los mismos presuntos delitos de fraude en las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, cometidos entre los años 2009 y 2011 contra la Hacienda Pública.
Los abogados trabajan a destajo, buscando que sus defendidos salgan limpios de todos estos procesos. Los del empresario García Vigón le han asegurado que no habrá juicio oral, o eso es lo que él mismo ha manifestado, porque “ya pagué a Hacienda más de lo que me correspondía” y si no hay juicio oral, no hay dimisión. “Estoy muy tranquilo”, dice. Sólo si hay proceso, el presidente de la FADE abandonaría su mandato, que finaliza en 2015. “Soy un hombre de palabra”, asegura.
El 'caso Niemeyer' y el Ayuntamiento de Avilés
En el ‘caso Niemeyer’, en el que se ve envuelta la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, los tentáculos de la Justicia abarcan a más de un nombre: en el sumario figuran los de personas relacionadas con el Ayuntamiento y el de Natalio Grueso, actual responsable de la gestión cultural del ayuntamiento de Madrid y ex director del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Todos ellos tendrán que comparecer como imputadas en el juzgado el próximo 29 de noviembre.
El proceso judicial abierto sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de este complejo cultural lleva tiempo coleando, pero este año el juez del caso ha tomado la decisión de abrir una investigación paralela a la instrucción principal que se sigue contra Grueso, su exesposa y la agencia de Viajes el Corte Inglés.
Esta vía de investigación intenta esclarecer la falsedad en algunas facturas de la Fundación Niemeyer pagadas por el Ayuntamiento de Avilés, que en su día fueron denunciadas por el propio Consistorio y que terminaron en la mesa de la Agencia Tributaria. En su informe, la Hacienda pública observó algunas irregularidades, aunque se descartó la existencia de delito. Al informe, se aportaron correos electrónicos cruzados entre el Ayuntamiento y la Fundación que gestiona el centro cultural, que ponen de manifiesto el acuerdo con algunos proveedores para retocar las facturas.
La investigación se centra en los doscientos mil euros que el Ayuntamiento había consignado en el presupuesto de 2012 para los gastos de inauguración de la cúpula del centro cultural y que se destinaron a otras actuaciones previas. Con posterioridad, y tal como se desprende de los correos electrónicos, los gestores del centro acordaron con el respaldo del gobierno municipal que se modificasen esas facturas para introducirlas en la partida de los gastos inaugurales. El perito de Hacienda encargado del informe lamenta en sus conclusiones “la ausencia de un mayor control por parte del ayuntamiento en esas facturas”.
La dirección del PSOE local ha dado su respaldo a la alcaldesa y ha puesto a su disposición todos los medios jurídicos que requiera mientras decide si recurre o no el auto del juez. En todo este proceso el más perjudicado ha sido el complejo, que ha tenido que devolver subvenciones concedidas para sus actividades culturales, según la orden firmada por la consejera de Cultura del nuevo Gobierno, Ana González.
