El Parlamento Europeo pide a España mayor esfuerzo para que los bebés robados conozcan la verdad

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) recomendó hoy a las autoridades españolas más “compromiso” y la toma de “medidas urgentes” para resolver todos los casos de supuesto robo de bebés y adopción ilegal en España desde el franquismo hasta los años noventa del pasado siglo.

En un informe del que se desmarcó el Partido Popular Europeo, la mayoría de eurodiputados abogó por la creación de una comisión de investigación en el Congreso o el Senado, así como por la creación de un banco de ADN gratuito y accesible por los afectados sin que sea necesaria orden del juez o de un fiscal.

Las recomendaciones se elaboraron tras la visita a Madrid, en mayo pasado, de una delegación de la comisión parlamentaria, que se reunió con autoridades y representantes eclesiásticos, entre otros.

En primer lugar, los eurodiputados reclaman la creación de un banco público de ADN para verificar la identidad de las posibles víctimas de secuestro de bebés, unos test que deben ser “gratuitos” y “no requerir una orden judicial o de la fiscalía”, apuntan.

También apelan a la Fiscalía a investigar las denuncias en profundidad y recomiendan el nombramiento de un fiscal especial y un grupo de jueces para investigaciones “ad hoc” para estos casos.

Asimismo, reclaman la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito.

En el plano político, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara también recomienda la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer si los robos de bebés fueron casos aislados o si tras ellos hubo una trama organizada.

El informe pide que el Gobierno y la Iglesia faciliten el acceso a los documentos del registro civil, los registros de nacimiento de los hospitales y de las parroquias y congregaciones religiosas.

Igualmente, los eurodiputados animan a las autoridades eclesiásticas a reconocer “su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales” y a disculparse ante las víctimas.

El texto incide en diversas ocasiones en ese sentido en la necesidad de dar más apoyo a los afectados, y entre otras cosas pide un incremento de los fondos para la oficina de apoyo a las víctimas creada por el Ministerio de Justicia.

“Este informe es un paso importante en el proceso de dar respuestas a los afectados por el escándalo. (...) El Gobierno español debe seguir nuestras recomendaciones y tomar la iniciativa para investigar qué sucedió, y quiénes fueron responsables”, señaló tras el voto del informe la jefa de la delegación a España, la eurodiputada laborista Jude Kirton-Darling.

En su visita a Madrid, los eurodiputados se reunieron con el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza (fallecido el pasado día 18), representantes de la Conferencia Episcopal, miembros de la comisión de Justicia del Congreso y la adjunta a la Defensora del pueblo, Concepció Ferrer.

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara lleva meses analizando el asunto y envió en mayo una delegación a España a petición a propuesta de la eurodiputada Marina Albiol (IU), que dijo tras la votación tener una sensación “agridulce”.

“Por un lado estamos satisfechas por el informe, pero por otro que haya tenido que intervenir en esto el Parlamento Europeo pone de manifiesto la complicidad del Estado todos estos años con estos delitos de lesa humanidad”, señaló.

Hace más de un año, un grupo de ciudadanos afectados remitió ante el PE sus quejas contra las autoridades españolas de no investigar los casos de robos de bebés que abarcan el franquismo (1939-1975) y se extienden hasta los años noventa.

El informe aprobado, que será ahora reenviado al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, fue avalado por 20 votos a favor y 9 en contra.

Se da la circunstancia de que Tajani pertenece a la familia política del PPE, que se ha desvinculado del texto aprobado y emitirá su propio texto discrepante.

La eurodiputada del PP Rosa Estarás señaló que las enmiendas introducidas por los grupos de la izquierda al informe “tenían como único objetivo criticar a las autoridades españolas sin tener ningún motivo ni objetivo concreto para ello”.