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Los siete días de huelga examinadores de DGT dejan en suspenso 50.000 pruebas

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Los siete días de huelga examinadores de DGT dejan en suspenso 50.000 pruebas

Los siete días de huelga examinadores de DGT dejan en suspenso 50.000 pruebas

Las siete jornadas de huelga de examinadores de tráfico convocadas por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) con el apoyo del sindicato CSIF han provocado ya la suspensión de 50.000 pruebas en toda España, cifra que se doblará en julio, por lo que serán 100.000 los exámenes sin realizar este verano.

Según denuncia CSIF en un comunicado, el seguimiento mayoritario de los paros -el primero el 2 de junio y los otros seis la semana pasada y durante esta de lunes a miércoles- unido al "silencio de la DGT" generarán una lista de espera de exámenes "inasumible", que se trasladará a los primeros meses de 2018.

CSIF recuerda que Tráfico ofreció la semana pasada a los sindicatos la creación de una escala específica de personal examinador, una iniciativa que valora la organización sindical porque podría acceder personal de fuera de la Administración por oposición libre y "se aleja el fantasma de la privatización".

No obstante, ven "insuficiente" porque la nueva escala no cuenta con un complemento específico en el ámbito de las retribuciones y no afectaría al conjunto de la plantilla, ya que de los 750 examinadores, 300 no verían reflejado ningún incremento en su nómina al tener ya una categoría superior.

El presidente de Asextra, Joaquín Jiménez Murillo, junto con funcionarios examinadores, mantuvieron ayer una reunión con diputados del PSOE, de Ciudadanos, Podemos y ERC a quienes trasladaron sus reivindicaciones y las propuestas de Tráfico para solucionar el conflicto.

Jiménez explicó que las causas de la huelga no son otras que "los incumplimientos y engaños de la DGT" en relación a los acuerdos de de 2015, cuando la administración se comprometió a elevar el complemento específico a este colectivo.

Durante la reunión, el presidente de la asociación de examinadores entregó a los diputados un informe jurídico que acredita la viabilidad de la integración de todo el colectivo en una única escala.

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