La Audiencia de València salva la investigación del 'caso Aido': facturas falsas de 60 empresas, prostitutas y 30 millones de la UE bajo la lupa

El caso Aido, que investiga las supuestas irregularidades en la gestión de los 30 millones de euros de fondos europeos que recibió un instituto tecnológico con sede en Paterna (València), sigue adelante.

La Audiencia Provincial de València ha desestimado los recursos de varios imputados en la causa y ha avalado la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna, iniciada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia en 2014 de la Conselleria de Economia, aún en manos del Partido Popular, que detectó irregularidades en la justificación de los fondos del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) percibidos por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido).

Los principales imputados en la causa, en la que se investigan los presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa, prevaricación y malversación de caudales públicos, son el empresario y expresidente de Aido, Rafael Ros, y el xdirector general Emilio Pérez. La investigación incluye un correo electrónico, del que informó el diario El Mundo, sobre el supuesto pago a prostitutas con tarjetas visa de la entidad privada y sin ánimo de lucro.  

La investigación ha permitido localizar a 60 empresas “identificadas como proveedores, que proporcionaban facturas y documentación a Aido, con la finalidad de acreditar unas compras de Aido que no habían ocurrido para que el Ivace pagara el importe de ese gasto inexistente”, según señala un auto de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València al que ha tenido acceso eldiario.es.  

El auto argumenta que el volumen de investigados que son administradores o titulares de empresas es “muy numeroso” y aún faltan varias declaraciones por lo que no descarta que se tengan que practicar diligencias adicionales en la instrucción de la causa. La Audiencia de València también aclara que la investigación tiene bajo la lupa las subvenciones otorgadas desde el 2008 (y no sólo las del 2013), que suman unos 30 millones de euros inyectados a la entidad sin ánimo de lucro desde su creación. 

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional registraron la sede del instituto tecnológico para recabar la documentación de Aido sobre las subvenciones que recibió entre 2008 y 2014, incluyendo la contabilidad, la facturación y los correos electrónicos. Los agentes también recabaron la documentación sobre las subvenciones en manos del Ivace, tal como informó este diario. 

En otro auto sobre la misma causa, los magistrados de la sección quinta recuerdan que el plazo de prescripción se interrumpió con el auto de incoación y sucesivamente con las resoluciones que ha dictado la instructora. Así, teniendo en cuenta que se trata de delitos continuados, la Audiencia de València considera que “no procede en estos momentos procesales declarar la prescripción”.  

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna acordó, a instancias del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento provisional parcial de la causa respecto a una decena de investigados ya que ni estaban en España en el momento de los hechos, ni se desprende indicio alguno de que conocieran o participaran en los cambios de concepto o en la emisión de facturas que no se corresponden con trabajos reales.