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El TSJ tumba el primer presupuesto de À Punt porque no pasó por las Corts

El tribunal falla a favor de un recurso de dos diputados del PP y considera que era el Parlamento autonómico y no el Ejecutivo el que debería haber aprobado las cuentas de la televisión pública

La directora general de Presupuestos de la Generalitat, Eva Martínez, asegura que la sentencia "es administrativa y procedimental " y sin efectos para À Punt, puesto que las cuentas están ejecutadas y liquidadas

Enrique Soriano, presidente del consell rector de la CVMC

Enrique Soriano, presidente del consell rector de la CVMC

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tumba los primeros presupuestos de la televisión pública valenciana, correspondientes al año 2017, por no haber pasado por las Corts Valencianes. El tribunal falla a favor del recurso que dos diputados del PP presentaron por una cuestión de forma: las cuentas para esta entidad se habían aprobado después del debate de la ley presupuestaria.

Los primeros presupuestos de À Punt, aunque la televisión no existía formalmente, se dieron vía enmienda a la ley de Presupuestos. A través de una disposición transitoria de las cuentas de ese año, el Consell determinó que podría aprobar mediante un acuerdo las partidas de las entidades del sector público instrumental que iniciaran su actividad ese mismo año. "Se autoriza al Consell para que, mediante acuerdo, apruebe el presupuesto de los entes del sector público instrumental que inicien su actividad a lo largo del mismo. Dicha aprobación deberá acordarse con anterioridad a la efectiva puesta en marcha de las entidades u organismos", dice la disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 22 de marzo el acuerdo del Consell por el que se aprobaba un mes antes el presupuesto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para dicho ejercicio, por un importe global de 55 millones de euros. La ley de creación de la Corporació, integrada en el sector público instrumental, atribuye al Consejo Rector aprobar el anteproyecto de presupuestos anuales y así lo hizo en la sesión de 27 de enero de 2017, cuando aprobó la propuesta de anteproyecto de presupuestos de la corporación para 2017. Pero, según la ley del sector público, sus cuentas deben pasar por las Corts. El proyecto no pudo incluirse en los presupuestos autonómicos, aprobados en diciembre, porque el órgano rector acababa de constituirse y no había formulado su propuesta.

En el recurso, el PP muestra "su disconformidad con la vía seguida para la aprobación del presupuesto de la CVMC, al considerar que no cabía la aprobación por el Consell y que procedia su inclusión en la Ley de Presupuestos", posición que comparte el tribunal, que señala que "la Corporación se crea e inicia su actividad durante el año 2016, como lo demuestra que tuvo a su disposición 26,5 millones de euros para su desarrollo".

Cree el TSJ que "no cabe asumir la interpretación realizada por la Generalidad que identifica el inicio de la actividad del ente a lo largo del año 2017 con la prestación efectiva del servicio público audiovisual". La disposición, sostiene, hace referencia al inicio de la actividad del ente -la Corporación-, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades, -que no actividades, sostiene el tribunal- centradas en servir de instrumento para la prestación del servicio público. Así, el tribunal considera que el inicio de actividad se produce meses antes, en octubre de 2016, cuando la Cámara elige a Enrique Soriano como presidente de la Corporación y añade que un mes después se rindieron cuentas de la actividad del ente, como la aprobación del mandato marco.

Respuesta del Consell

La directora general de Presupuestos de la Generalitat, Eva Martínez, asegura que la sentencia "es administrativa y procedimental " y sin efectos para À Punt puesto que las cuentas están ejecutadas y liquidadas. "La discrepancia está en la interpretación de la norma que establece que el presupuesto de una entidad de derecho público lo tiene que aprobar primero la entidad y luego las Corts dentro de la ley de presupuestos de la Generalitat, salvo que la entidad inicie en ese mismo ejercicio la actividad, en cuyo caso el Consell podrá aprobarlo mediante un acuerdo" ha explicado. 

La sentencia no es firma y la Abogacía de la Generalitat estudia un posible recurso, ha anunciado Martínez. La directora general de Presupuestos ha criticado al PP por "intentar cerrar otra vez la televisión de los valencianos". "Por cierto, -ha añadido- una televisión que cuesta 55 millones, tres veces menos que cuando Bonig estaba en el Consell (el gasto real en 2012 fue de 164 millones) y seis veces menos que en los momentos de mayor despilfarro y corrupción a la que la llevó el PP (en 2008 el presupuesto fue de 314 millones). De este modo, acumularon más de 1.100 millones de deuda, al margen lo que le ingresaba la Generalitat cada año", ha sentenciado.

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