El juez de València urge ahora a Sanidad a que en cuatro días dote al personal sanitario de todo el material de protección

El juez del juzgado de lo Social número 10 de València, Manuel Fayos Ros, urge a la Conselleria de Sanidad a que en los próximos cuatro días dote a todo el personal sanitario de la Comunitat Valenciana del material de protección necesario para afrontar la crisis del coronavirus. El juez amplía así su pretensión inicial de 24 horas propuesta el pasado 27 de marzo y tras escuchar tanto a la parte demandante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos CESM CV, como a la Abogacía de la Generalitat que reclamaba que no se fijara ningún plazo para cumplir con el mandato judicial.

En el auto de toma de medidas cautelares al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez asegura que no comparte el criterio de no establecer plazo alguno o de someter el requerimiento de que es objeto la administración demandada a que disponga de dichos equipos de protección, “puesto que es evidente que cuando disponga de tales equipos de protección frente a contagios, debe ponerlos a disposición de los facultativos expuestos a riesgo de contagio”. Porque, añade, “lo contrario no implicaría en ese momento una simple infracción de medidas de prevención de riesgos laborales sino una responsabilidad mucho mayor”.

Lo que pretende el juez con la fijación de un plazo de cuatro días es “excitar el celo de la Administración en la adquisición y distribución de dichos equipos de protección en el plazo más breve posible, ya que lo contrario supone dejar sin virtualidad también dicha medida”. Y añade: “La falta de medidas de protección suficientes, si no se solventa en breve plazo, puede contribuir a la extensión del número de contagiados entre los médicos, que se enfrentan, en muchos casos a esta situación sin suficientes medidas de seguridad”.

El pasado 3 de abril, tanto el Sindicato Médico como la Generalitat se vieron las caras ante el juez y presentaron sus prueba y testigos. Allí, los médicos reclamaron más celeridad y criticaron la falta de previsión de la Generalitat a la hora de hacer acopio de material sanitario. La primera compra de mascarillas se realizó en 17 de marzo, tres días después de decretarse el estado de alarma. La Abogacía de la Generalitat quiso parar el procedimiento al alegar que el juzgado no era competente e intentó que no se aplique la ley de prevención de riesgos laborales en este caso.

Finalmente el juez se ha declarado competente y considera que podría haber una “infracción” de la ley de pevención de riesgos laborales. Pero esa parte se verá más adelante, puesto que en estos momentos solo se debatía sobre las medidas cautelares.