Corrupción en la izquierda: ¿tu quoque?
La octava legislatura de las Corts Valencianes, o mejor dicho, el periodo que va de 2009 a 2015 entre el final de la séptima y toda la octava legislaturas, transcurrido en un ambiente de fuerte agitación y duros debates, marcó una ruptura en los usos y costumbres de la política valenciana y, por su repercusión, también de la española.
La importancia histórica de esa ruptura, que dio lugar a la caída del PP del poder en medio de una enorme polvareda de casos de corrupción que todavía no se ha disipado, la aquilatará el paso del tiempo. Pero sus efectos tangibles no radican tanto en el cambio político que propició (un hecho que no se ha llegado a producir en el Gobierno de España, todavía en manos del partido que en las elecciones de 2015 seguía haciendo trampas desde instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia), sino en la transformación del estándar de honestidad en la política y el establecimiento de nuevas exigencias de control y transparencia.
La investigación judicial, como consecuencia de una denuncia del PP, de la financiación del PSPV-PSOE y del Bloc (partido integrado en Compromís) en la campaña electoral de 2007, que habría reproducido comportamientos similares a los de la trama Gürtel (empresas que pagan gastos de los partidos a través, en este caso, de una agencia de comunicación con sede en Gandia, e incluso adjudicaciones de contratos desde el Gobierno, que entonces presidía Zapatero, a la empresa intermediaria) alude a una época anterior a esa ruptura. Pero eso no evita que se trate de una noticia muy fea para los demócratas.
El caso viene a apuntar que en alguna medida una parte de la izquierda valenciana participó del sistema corrupto de financiación. Y el sentimiento de frustración que esa sospecha desencadena es inmediato. ¿Tú también?, se pregunta con razón la ciudadanía.
El recorrido judicial del asunto es dudoso, dado que la investigación principal ha sido archivada porque el delito electoral, si lo hubiera, habría prescrito y el juez ha enviado a dos juzgados de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm diligencias por si dan pie a investigar otro tipo de ilegalidades. Pero su impacto político no puede obviarse. Así lo han asumido las dos fuerzas implicadas.
El Bloc Nacionalista Valencià lleva días recopilando información sobre cómo financió unas elecciones locales a las que concurrió preferentemente en solitario mientras paralelamente formaba parte de una coalición en las elecciones autonómicas, Compromís pel País Valencià, de la que unos años después surgiría la actual Compromís. Su líder de entonces y actual presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha sostenido tajantemente que la acusación a su partido es falsa, una afirmación que lo dejaría en evidencia si la información judicial demostrara lo contrario.
En el PSPV-PSOE, afectado más de lleno que el Bloc por la sospecha, se ha creado una comisión que elaborará un informe. La preside el responsable del área de ética del partido, José María Ángel, que es también el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, es decir, el responsable de la Policía Autonómica, alguien que no puede permitirse tergiversar los hechos salvo que esté dispuesto a jugarse el cargo.
Los dos líderes de la izquierda valenciana, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, han prometido claridad y “contundencia”. Puig ha llegado a hablar de hacer “un striptease absoluto” de la financiación de su partido. Y Podemos ha insistido en la necesidad de investigar a fondo a sus socios de pacto. Es un ejercicio que están obligados a cumplir si no quieren desprestigiar gravemente la lucha de tantos de los suyos, y de ellos mismos, contra el sistema corrupto sobre el que gobernó el PP valenciano durante más de dos décadas.
Un ejercicio, el de la “tolerancia cero” ante la corrupción, que no se puede amortizar con la pretensión de que fue algo del pasado porque implica a dirigentes todavía en activo sobre los que, en coherencia, deberían aplicarse medidas ejemplarizantes. Se equivocaría la izquierda valenciana si buscara excusas en la polémica con el desprestigiado y deslegitimado PP o con Ciudadanos. Sus dirigentes deben dar explicaciones, no en el viciado escenario de la batalla de partido, sino mirando a los ojos de tantas personas defraudadas que se preguntan: “¿Tu quoque?”. Y actuar en consecuencia.
