La policía de EEUU encerró y dio ibuprofeno a un inmigrante que llegó a la frontera con una herida de bala

Algunos días, Rolando sangraba por los ojos, los oídos y la nariz. Otros, se tumbaba en el suelo, mareado o casi inconsciente. Cada vez que este solicitante de asilo guatemalteco pedía ver a un médico mientras estaba encerrado, las autoridades del centro de detención de inmigrantes le ofrecían el mismo tratamiento: ibuprofeno.

Rolando, un hombre de 27 años, recibió un disparo en la cabeza en Guatemala. Padecía migrañas insoportables y probablemente tenía una hemorragia cerebral cuando se presentó en el cruce de frontera de San Isidro, a principios de este año. Las autoridades estadounidenses lo pusieron en aislamiento y lo retuvieron durante meses en el centro de detención Otay Mesa, en San Diego. Los registros muestran que solo tuvo acceso esporádico a consultas médicas y a medicamentos. 

“Pensaba que me iba a morir”, afirma a The Guardian Rolando, que pidió que no se publicara su nombre completo porque está amenazado de muerte. “Pensé que en este país había muy buena sanidad, pero a mí no me ofrecieron ningún tratamiento”. 

Rolando logró salir vivo del centro de detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU), pero su lucha no ha acabado. Todavía está intentando que le concedan el asilo, basado en las torturas físicas y la persecución que sufrió por ser indígena en Guatemala. En cada paso se ha chocado con los ataques y las crecientes restricciones del Gobierno de Trump contra los migrantes y los refugiados.

Ahora, la Casa Blanca está intentando impedir que ciudadanos centroamericanos como Rolando puedan presentar sus casos en la frontera, una medida que los expertos consideran que tendrá consecuencias devastadoras.

“Vine porque quería llegar vivo a los 30”

“Vine a Estados Unidos porque quería llegar vivo a los 30 años”, dice Rolando. Durante el encuentro con The Guardian, lleva el cargador de su tobillera, un dispositivo que deben utilizar, con frecuencia, los solicitantes de asilo que esperan una vista en los tribunales. A menudo le preocupa que la tobillera se quede sin batería.

Sentado dentro de un pequeño bufete de abogados llamado Al Otro Lado encima de una pizzería en San Diego, Rolando miraba hacia abajo e hilaba una pulsera con sus manos, una costumbre que desarrolló dentro del centro de detención para pasar el tiempo y distraerse de sus problemas de salud. Su lengua nativa es el quekchí, pero a su abogado le habla en español, idioma en el que lo obligaban a hablar en el centro de detención.

Rolando nació en 1992 en Petén, una región en el norte de Guatemala. Su padre había sido miembro de las fuerzas armadas pero renunció y se convirtió en seguidor del movimiento indígena. Poco después del nacimiento de Rolando, su padre fue asesinado por su activismo. Su madre murió poco después “por el trauma”, explica el joven. Con solo un año, ya era huérfano. “Mis hermanos y hermanas no podían cuidarme, así que me entregaron a los vecinos”. 

Rolando se quedó en la calle y luego se convirtió en blanco de las personas que él cree que mataron a su padre. Cuando pidió ayuda a las autoridades, la policía lo torturó. Según su solicitud de asilo, durante la tortura le hincaron clavos en las manos y los pies y le quemaron los brazos con cuchillos calientes.

En 2016, mientras veía un partido de fútbol, Rolando recibió un disparo en la cabeza. Además, le dejaron una amenaza escrita que hacía referencia al asesinato de su padre. Sobrevivió, pero como tuvo que esconderse, no pudo recibir atención médica. Dice que tuvo que extraerse la bala él mismo. Según su informe, la policía se negó a ayudarlo y lo agredieron. 

“No tengo a nadie”, afirma señalando que huir hacia Estados Unidos era su única opción. “Darme una oportunidad de estar aquí es darme la oportunidad de estar vivo”, dice. Escapó hacia México y el año pasado se unió a una caravana que llegó hasta Tijuana. Entonces comenzó la espera.

Los efectos de las políticas de Trump

Como parte de su embestida contra la inmigración, la Policía fronteriza de Trump ha implementado una política conocida como metering “dosificación”, que limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo cada día. En Tijuana, esto ha generado una lista de espera de más de 10.000 personas. Solo unas decenas pueden cruzar cada día, haciendo que el tiempo de espera sea de seis a nueve meses, según cálculos de los abogados. 

Además, la política de Trump “Permanecer en México” ha traído como consecuencia que unos 50.000 migrantes de Centroamérica fueron devueltos a México mientras se analiza su caso. Esto se ha traducido en centros de refugiados abarrotados, campamentos de tiendas de campaña y una lucha por lograr acceso a ayuda legal y atención médica. Estas políticas también dejan a migrantes como Rolando en un estado de vulnerabilidad frente a la misma violencia de la que escaparon en sus países de origen. Rolando afirma que en Tijuana fue golpeado, sufrió heridas en ambos brazos y tuvo que llevar una escayola.

En febrero, finalmente pudo entrar a Estados Unidos por el paso fronterizo de San Isidro. Cuando presentó su solicitud de asilo, las autoridades estadounidenses cogieron sus brazos heridos y lo esposaron. 

La agonía y la falta de asistencia durante la detención

Mientras estuvo bajo custodia policial, los problemas de salud de Rolando empeoraron. Sus más de 150 páginas de historial médico con el ICE muestran un panorama de repetidas crisis de salud y su lucha constante por lograr que lo ayuden. 

A menudo, a Rolando le salía sangre por los ojos, los oídos y la nariz. Los médicos no tenían clara la causa, pero puede estar relacionada con el disparo que recibió en la cabeza. El hombre dice que comenzó a sangrar poco después de ser detenido y que entonces lo pusieron en aislamiento: “Me dijeron 'No sabemos qué es lo que te pasa’”.

No está claro cuántos días pasó Rolando en aislamiento, pero él asegura que no le ofrecieron ningún tratamiento durante ese tiempo, que pasaba el día entero en una celda pequeña sin ventana. El personal le entregaba alimentos a través de una pequeña rendija. “Ni siquiera sabía si era de día o de noche”, recuerda. “Ya estaba malo antes de entrar, pero allí empeoré. Nadie me venía a ver”.

Cuando le sacaron del aislamiento, Rolando siguió sufriendo sangrados constantes. A veces, los dolores en la cabeza eran tan fuertes que perdía la consciencia, o se tumbaba en el suelo para no herirse si se desmayaba. A menudo, Rolando pedía ver al personal médico, pero dice que esas visitas no lo ayudaron mucho. Los registros revelan que en una visita médica, una enfermera le aconsejó beber más agua y “lavarse a fondo el pelo/la cabeza”.

También le ponía enfermo la comida del centro, pero se negaban a darle otro menú, a pesar de que los médicos le recomendaban que cambiara de dieta. A veces hacía pulseras y se las vendía a otros detenidos para poder comprarse sopa instantánea, recuerda.

Los registros revelan que el principal tratamiento que recibió Rolando fue ibuprofeno, en dosis cada vez mayores a medida que sus dolores aumentaban. A veces, relata, se le terminaba el ibuprofeno y le costaba que le dieran más. También le recetaron una pomada para los ojos. 

Anne Ríos, su abogada de Al Otro Lado, dice que quedó impactada cuando logró que le entregaran una copia de su historial médico. “Parece increíble, casi demasiado absurdo para ser verdad, pero no solo está todo documentado sino que son los propios registros del Gobierno”.

En agosto, ICE ya se había negado dos veces a liberarlo mientras su caso estaba a la espera de una vista judicial, incluso cuando Rolando ya había sido atendido por médicos decenas de veces, incluyendo varias visitas a la sala de emergencia. Un médico de la sala de emergencias escribió que Rolando era “un paciente grave que presenta varias complicaciones de riesgo”, añadiendo que era posible que tuviera una hemorragia cerebral. Rolando no tenía antecedentes penales ni había violado las leyes migratorias. 

Rolando se desesperó cada vez más. Pensó en rendirse y pedir que lo deportaran a Guatemala, lo cual representaba una muerte segura. Ríos recuerda que en una visita, Rolando le dijo: “Me voy a morir aquí o en Guatemala, así que al menos quiero morir en mi país. Ya no lo soporto más”. 

Tras una tercera petición de los abogados de Rolando, un juez lo liberó, pero solo si pagaba una fianza de 5.000 dólares (4.500 euros). “Para muchos detenidos, 5.000 es lo mismo que 5 millones de dólares”, afirma Ríos. “Llegan aquí sin nada, sin recursos, sin familia, sin absolutamente ninguna forma de pagar ese monto de dinero”. Rolando pudo salir del centro cuando Al Otro Lado encontró la forma de pagar la fianza gracias a un fondo que tienen para este fin.

ICE se negó a comentar el caso de Rolando, alegando cuestiones de privacidad. Una portavoz de ICE dijo: “Todas las personas bajo nuestra custodia tienen un acceso adecuado a atención médica y tratamientos”, incluida una evaluación completa de salud a las dos semanas de detención, atención médica diaria bajo petición y servicios de emergencias de 24 horas. Un dietista, dice la portavoz,  asegura que los detenidos tengan cubiertas “dietas especiales (incluidas las alergias), razones médicas o religiosas” y que toda la comida es “visualmente atractiva y sabrosa”. 

“Cumplí las reglas y estoy diciendo la verdad” 

Rolando trata de comprender por qué Estados Unidos lo ha tratado como un criminal: “Cumplí las reglas y solicité asilo para entrar”.

Sin embargo, Trump está haciendo todo lo posible para que el proceso de solicitud de asilo sea mucho más restrictivo que lo que ha experimentado Rolando. En julio, su Gobierno aprobó una normativa que prohíbe que se presenten solicitantes de asilo en la frontera mexicana si provienen de un tercer país, argumentando que primero deben pedir ayuda en otro sitio. El mes pasado, el Supremo determinó que la prohibición de Trump puede implementarse mientras la batalla legal sigue su curso.  

Rolando fue liberado en septiembre y está esperando una vista judicial por su solicitud de asilo, programada para la semana próxima. Dice que quiere dar su versión porque le molestó mucho ver cómo tratan a otros detenidos en Otay Mesa. Algunos de ellos tenían discapacidad y no podían llegar al comedor a comer, relata, y cuando él les llevaba comida, lo castigaban.

“Las autoridades abusan de su poder con nosotros”, asegura. El centro de detención Otay Mesa ha sido señalado en varias ocasiones por graves negligencias médicas. A principios de mes, un detenido murió estando bajo custodia de ICE. 

Rolando dice que quiere que el gobierno comprenda que la gente solicita asilo porque no le queda otra opción y que los funcionarios deberían creerle. “Cuando solicitas asilo, juras decir la verdad y nada más que la verdad. Yo estoy diciendo la verdad”, sentencia.

Traducido por Lucía Balducci