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DESALAMBRE

Unicef constata que el sistema de acogida de menores en España no protege a los niños migrantes

UNICEF concluye en un nuevo informe que el sistema de acogida de España empuja a "situaciones de riesgo" a los menores migrantes no acompañados

Hacinamiento, retención en los recursos de acogida, falta de abogados e intérpretes, retrasos en la escolarización... son algunas de los fallos identificados

La organización de la ONU exige a los partidos políticos un Plan Nacional de Acción para arreglar un mecanismo de protección "que no funciona"

Ismael, uno de los menores migrantes entrevistados por UNICEF.

Ismael, uno de los menores migrantes entrevistados por UNICEF. UNICEF

Los han encontrado durmiendo hacinados en centros de acogida españoles. Ellos quieren ir a la escuela, pero su acceso a la educación se retrasa, por lo que se desesperan sin tener nada en qué emplear cada día. Algunos tienen ocho años, y duermen en la misma habitación que adolescentes de 17. A otros les piden que no se asomen al balcón: su simple presencia, dicen, puede enfadar a los vecinos. O se les prohíbe salir del centro durante un mes porque "es necesario comprobar antes su conducta". Pocos acceden a un abogado o a un psicológo y, si optan a ellos, no llegan a entender su idioma. Y entonces, un día, desaparecen.

Es el trato con el que, según una nueva investigación de UNICEF Comité Español, se chocan los menores migrantes no acompañados a su llegada a España. Las comunidades autónomas son las responsables de su cuidado, pero la organización de la ONU ha denunciado un sistema de acogida que "no está adaptado a la realidad" y empuja a la desprotección a los menores que viajan solos.

Los investigadores de Unicef han detectado una situación "de riesgo" para estos menores en algunos de los centros visitados en Ceuta, Melilla y Andalucía debido, entre otras razones, a las condiciones de "saturación y hacinamiento".

Así, el informe constata que "los niños o niñas que entran en el sistema de protección, en lugar de encontrarse en un entorno protector, comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables". UNICEF lo describe como "una cadena de retrasos, falta de recursos, procedimientos inadecuados, decisiones descoordinadas y escasa supervisión" que acaban "perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro". 

"La saturación tiene efectos en el disfrute de sus derechos", ha apuntado Collantes en la presentación del estudio. UNICEF ha identificado la inexistencia de personal suficiente en las dependencias de acogida, así como situaciones de incomunicación con el exterior, en las que pueden llegar a pasar "semanas" hasta que a los menores se les permita llamar a sus familiares. "Nos decían que tenían miedo que sus familias pensasen que se los había tragado el mar", detalla la investigadora.

Otro de los obstáculos identificados por la organización es el "retraso" en el acceso a la educación, así como la escasez de actividades educativas dentro o fuera del centro. "Estos niños quieren estudiar, quieren hacer algo. Está generando mucha frustración pasar horas y días sin hacer nada", ha alertado Collantes.

Sin embargo, los problemas no acaban una vez logran ir a la escuela. "Aquí también se los encuentran porque no hay mecanismos de acompañamiento", detalla la experta en migraciones, quien recuerda el caso de un adolescente guineano con el que pudo conversar. "Me decía: después de seis horas de clase, cada día, me explota la cabeza. No entiendo nada", cita la especialista, en referencia a las deficiencias detectadas en la enseñanza del castellano.

La organización conecta esta falta de atención personalizada y los fallos detectados en el conjunto del sistema de acogida con los posteriores abandonos de los centros, una "realidad cotidiana" según Unicef. Cuando estos menores deciden irse de un centro donde no se sienten protegidos y continuar su camino por cuenta propia, se acaban enfrentando a "grandes riesgos" ligados a la situación de calle, como la posible captación en redes de tráfico o trata de menores o el peligro de explotación sexual o consumo de drogas, como el pegamento.

Según Unicef, en niguno de los centros visitados existe un plan para abordar el consumo de drogas, a pesar de que su dirección suele conocer la penetración de esta realidad en estos menores en riesgo de exclusión.

Todos estos obstáculos a su protección, afirman, no solo son responsabilidad de las comunidades y ciudades autónomas (de las que depende su acogida), sino a también de instituciones estatales como el Ejecutivo central o la Fiscalía, debido a las deficiencias detectadas en la coordinación de los procedimientos de protección o en los mecanismos de supervisión.

El documento critica la "arbitrariedad" detectada en la acogida de los menores migrantes no acompañados. La descentralización de las competencias, sumado a la saturación de los recursos de acogida, la falta de estándares mínimos comunes y mecanismos de coordinación concluye en que la situación del menor acabe dependiendo del centro en el que se encuentra.

Para paliar la desprotección de los niños migrantes, Unicef ha exigido a todos los partidos políticos acordar la creación de "un Plan Nacional de Acción que cuente con apoyo político y presupuestario a nivel estatal y autonómico a largo plazo". Entre las medidas que, a su juicio, debería incluir  un "mecanismo nacional de derivación" basado en un "registro único de datos", así como un "protocolo de traslados entre comunidades autónomas".

En esta línea, Unicef apela a un sistema de corresponsabilidad entre comunidades autónomas. Durante el pasado verano, los gobiernos regionales se reunieron en diversas ocasiones con esta finalidad, aunque las declaraciones de intenciones se materializaron en un vago compromiso: solo aceptaron recibir un total de 199 menores no acompañados.

Para la organización de la ONU, "no fueron suficientes" las plazas ofertadas ni el presupuesto de 40 millones aportado por el Ejecutivo central a las regiones con más niños acogidos. Unicef también propone el desarrollo de estándares mínimos comunes en la determinación de la edad, un procedimiento donde las organizaciones especializadas han documentado numerosas vulneraciones de los derechos del niño.

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