La batalla contra la impunidad por los ataques israelíes contra escuelas de la ONU en Gaza
Pocos incidentes removieron tanto a la comunidad internacional durante la tercera guerra de Gaza durante el verano de 2014 como los ataques del ejército israelí contra escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA). Dichos centros –que estaban siendo utilizados para dar alojamiento a cientos de miles de civiles que huían de las hostilidades– se convirtieron en trampas mortales, incapaces de prestar la protección que el derecho internacional humanitario teóricamente les confiere. Por aquellos días Gaza era una ratonera atacada por tierra, mar y aire.
Un ejemplo trágico de esta desprotección fue el bombardeo efectuado en la mañana del 3 de agosto de 2014 contra una motocicleta en la que se desplazaban dos sospechosos bordeando una escuela de la ONU en Rafah (al sur de la Franja de Gaza), según la versión del ejército israelí. El impacto del misil guiado por láser terminó impactando a pocos metros del portón de entrada del colegio de la ONU, provocando 14 muertos, entre ellos 8 menores, y dejando una treintena de civiles heridos.
Dos ONG de derechos humanos, una israelí Adalah (Centro de Asesoría Legal para la Minoría Árabe en Israel) y otra palestina Al Mezan, han presentado recientemente un recurso de apelación ante la Fiscalía General del Estado para que impida el cierre de este caso en el que supuestamente se pudieron perpetrar crímenes de guerra.
“No debemos ignorar que los mismos organismos militares que están involucrados en la guerra, son los que deciden si luego abren una investigación en relación a un evento particular o no”, denuncia la abogada de Adalah, Muna Haddad. En su opinión esta estructuración de la judicatura castrense no resulta propia de un estado de derecho, “dado que la Fiscalía Militar actúa como juez y también como parte”.
Esta jurista ha liderado la presentación conjunta por parte de su organización y de Al Mezan de un recurso de apelación ante la Fiscalía General del Estado, en la que reclaman que ésta anule la decisión de la Fiscalía Militar de sobreseer el caso y ponga en marcha otra investigación desde el ámbito civil aunque de carácter penal.
“Desde nuestro punto de vista el Ejército incurrió en serias violaciones de la leyes que regulan la guerra (Ius in Bello), hasta el punto en que pudo perpetrarse un crimen de guerra”, añade Haddad. “La decisión de disparar contra alguien que está circulando en moto a tan escasa distancia de una alta concentración de civiles vulnera claramente el principio de distinción entre combatientes y civiles, así como las reglas del juego que se derivan de ésta”, asevera.
El lanzamiento de un misil contra un objetivo en movimiento que se desplaza junto a una escuela con 3.000 desplazados internos, rodeada por un barrio con miles de civiles “va contra el principio de proporcionalidad, que queda estipulado por el derecho internacional”, concluye Haddad. Sin duda, asegura el jurista, asumieron un altísimo riesgo de provocar excesivos daños colaterales.
El ejército israelí tenía las coordenadas
Por su parte, desde la UNRWA afirman que el ejército israelí tenía las coordenadas de posicionamiento exactas de todas sus instalaciones. “Notificamos al ejército hasta en 33 ocasiones que nuestra escuela de Rafah estaba siendo utilizada para dar alojamiento a desplazados internos, la última de ellas apenas una hora antes del bombardeo”, dice su portavoz, Chris Gunness.
La escuela de Rafah albergaba a unos 10.000 civiles, que previamente habían abandonado sus casas y habían acudido en busca de refugio. “Este ataque plantea serias cuestiones sobre la conducción de las operaciones militares por parte de Israel y sobre sus obligaciones en el marco del derecho internacional humanitario, la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional público”, añade Guness.
Por su parte, un comité de expertos desplegados sobre el terreno por encargo del Secretario General de la ONU Ban Ki Moon concluyó que el misil utilizado contra las cercanías de la escuela de Rafah desprendía fragmentos en un radio de 20 metros del lugar de la explosión.
La moto que supuestamente era objetivo del ataque israelí circulaba a tan solo 5 metros del portón de entrada de la escuela. Una distancia difícilmente ignorable por quienes fueron los responsables de apretar el 'botón' desde la sala de mandos de la Kiria, la sede del ejército y del ministerio de Defensa en Tel Aviv,
Desde Israel, los portavoces militares aseguran que sus operaciones contra objetivos en las inmediaciones de las escuelas de la UNRWA sólo ocurrieron cuando en ellas se escondían milicianos de Hamás o se utilizaban como depósitos de cohetes y otras armas.
En el caso de la escuela de Rafah, fuentes militares confirmaron a eldiario.es que “nuestra investigación ya ha concluido y sólo queda margen de apelación por la vía civil”. Después, hacen referencia a su página web en la que aparecen listados todos los casos ya investigados y descartados.
Según Chris Gunness, la UNRWA demanda transparencia y rendición de cuentas por parte de Israel, mientras que reconoce que la ONU “no actúa ni como tribunal ni como juez” a la hora de investigar y juzgar una serie de hechos que, en su opinión, podrían ser juzgados por la vía penal pero en los que el sistema judicial israelí parece querer evitar a toda costa el procedimiento criminal, sobre todo debido al precedente que podría sentar.
“A día de hoy todavía hay dos investigaciones abiertas en relación con los ataques contra nuestras escuelas en Beit Hanoun (24 de julio de 2014) y Yabalia (30 de julio), en que fallecieron 29 civiles y varias docenas resultaron heridos, pero no nos dicen nada sobre cómo evolucionan las investigaciones”, concluye.
Dos años desastrosos
Cuando han pasado más de dos años desde el final de la operación “Margen Protector” -que provocó más de 2.100 muertos y de 10.000 heridos entre los palestinos, un alto porcentaje de ellos civiles– el recuerdo de aquel fatídico mes y medio de conflicto sigue presente en la retina de cientos de miles de gazatíes.
También en su vida diaria, pues a diferencia de la segunda ofensiva (operación “Pilar Defensivo”) en noviembre de 2012 en que la reconstrucción fue rápida, ahora está resultando una tarea lenta y ardua.
El resultado político también ha sido desastroso. No se han cumplido ninguno de los objetivos que se marcaron las diferentes milicias y partidos de la Franja –funcionamiento fluido de los pasos fronterizos terrestres con Israel y Egipto, reapertura del aeropuerto, construcción de un puerto marítimo, ampliación de la zona de pesca.
La frustración social no deja de aumentar, así como la sensación de que al final esa tercera guerra no sirvió absolutamente para nada excepto para generar más dolor a una población que aún tenía el mal recuerdo de la anterior contienda en 2012.
Desde las oenegés Adalah y Al Mezan afirman que “continuarán peleando para que estas acciones no queden impunes”, mientras en las calles de Gaza su población se pregunta cuándo comenzará la próxima guerra.
