El Defensor del Pueblo urge a cambiar el “ineficiente, cruel y barato” sistema de acogida de migrantes

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha urgido este jueves a cambiar el sistema de acogida español, que es “ineficiente y barato” y en muchas ocasiones “cruel” con las personas que llegan a nuestro país y que “tan solo quieren vivir mejor”.

Durante una crítica comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso, Fernández Marugán ha abogado por “evitar las actitudes mostrencas y tener voluntad política” para emprender los cambios legislativos que sean necesarios y evitar “esta imagen de que estamos detrás de una valla o una especie de fortaleza inexpugnable”.

Así, ha censurado la precariedad y las carencias de los centros de primera acogida y asistencia de migrantes, con unas instalaciones “deficientes e incompletas” que no se corresponden con la generosidad de los profesionales que los atienden.

Madres con bebés en calabozos, menores no acompañados encerrados en celdas, hombres durmiendo en el suelo o en lugares sin calefacción a veinte metros del mar son situaciones inadmisibles, dijo, que esta institución ha podido ver en sus visitas a las dependencias en Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia.

El recibimiento es inadecuado, en primer lugar, porque se realiza en comisarías, que no son los lugares adecuados para ello; algunas son muy lóbregas e inaceptables para albergar “a mujeres y hombres que han hecho un recorrido complejo por el desierto y difícil por el mar”, ha afirmado.

“Lo que hay es una mezcla bastante desordenada de personas a las que recluyen 72 horas” hasta que se les ofrecen unas condiciones de recepción más definitivas. “Las ubican en los calabozos donde difícilmente hay luz natural y, en casi ninguna, agua corriente”, se ha lamentado.

Ingresar hasta 21 personas recién llegadas a las costas en un calabozo, como comprobó en una de sus visitas, “no es la mejor respuesta que cabría esperar, como tampoco lo es ingresar a menores o madres con bebés en esas instalaciones”.

Añadió que después están los centros de primera acogida y detención, que son como una “continuación de las comisarías” y “solo Dios sabe cómo cumplen su función”.

Pero el ejemplo “más sofisticado” son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que constituyen uno de los puntos “más críticos” del sistema español.

Además, al defensor le preocupa especialmente la dureza de la situación de los menores no acompañados en Melilla, donde están pasando “cosas demasiado desagradables” y ha apelado a diputados y senadores a averiguar “por su cuenta”.

No obstante, ha reconocido que “el comportamiento de las autoridades españolas es ejemplar y evidencia un espíritu de sacrificio”, si bien los medios que se ponen al servicio de estas personas presentan unas carencias estructurales que “tienen una compleja resolución”.

Por todo ello, Fernández Marugán ha reclamado un protocolo para la primera acogida que contemple desde unas instalaciones idóneas y próximas que puedan activarse inmediatamente con independencia del punto donde se producen las llegadas, hasta medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.

Asimismo, al tratarse de una “realidad cambiante”, propone equipos multidisciplinares móviles con capacidad de despliegue, en lugar de grupos permanentes para la identificación de las personas especialmente vulnerables, como los menores no acompañados o las víctimas de trata.

Por otra parte, el defensor se ha referido a la situación de los presos españoles en el extranjero, un colectivo al que la institución presta especial atención para que reciban el trato consular adecuado.

Sin embargo, ha percibido que “hay consulados en los que el interés, el afán y el deseo es más intenso, es mayor que en otros” donde puede hacerse algo más, ha recalcado.

El defensor se ha mostrado contrario a cualquier tipo de comportamiento vejatorio con las mujeres, y ha destacado, en este sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que se ha comprometido a hacer un seguimiento.