Doce países piden que la UE financie vallas contra la migración irregular

Luxemburgo, 8 oct (EFE).- Doce estados miembros de la Unión Europea han pedido que Los Veintisiete financien la construcción de “barreras físicas” para proteger las fronteras exteriores, ante el creciente uso de los migrantes como arma política por parte de terceros países.

En una carta dirigida a la Comisión Europea, Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia subrayan que “las barreras físicas parecen ser una medida de protección de las fronteras efectiva, que sirve en interés de toda la UE, no solo de los Estados miembros en primera línea”.

Por ello, añade la carta, “esta medida legítima debería ser financiada de manera adicional y adecuada de manera prioritaria a partir del presupuesto de la UE”.

“Hemos recibido (la carta) y la responderemos en su debido momento”, dijo hoy el portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Precisamente este viernes se reúnen en Luxemburgo los ministros de Interior de la UE para abordar la situación de las rutas migratorias y el fenómeno reciente pero “preocupante”, según Bruselas, de los países terceros que, como Bielorrusia, instrumentalizan la migración con fines políticos.

La Comisión alertó recientemente de que cada vez hay más estados que están recurriendo a esas prácticas y llamó a los Estados miembros a responder a esos ataques.

La carta de los doce países añade que “para asegurar una respuesta efectiva e inmediata a la instrumentalización de los flujos migratorios, necesitamos soluciones europeas sin demora”.

Considera que los medios disponibles, y en particular el Código de Fronteras Schengen, no permite abordar bien las entradas irregulares a través de tierra y mar y que no hay “reglas claras” sobre las acciones que los países deben tomar cuando se produzca un “ataque” creado de manera artificial a través de un flujo de migrantes irregulares impulsado desde un país fuera de la UE.

Se muestran convencidos de que “es más pertinente y sostenible” centrarse en “una protección fronteriza más sólida, en normas comunes para la vigilancia de las fronteras exteriores y en la prevención de cruces fronterizos ilegales”.

Para ello, añaden, hay que anticiparse a la situación, con “nuevas herramientas que permitan evitar las graves consecuencias” de los flujos migratorios excesivos sobre los sistemas de asilo y las instalaciones de acogida.