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El origen de Lampedusa: por qué huye la población de Eritrea

Varios hombres reunidos en Asmara, capital de Eritrea. Imagen de archivo: Swiatoslaw Wojtkowiak (Flickr)

GuinGuinBali

María Rodríguez —

La ONU estima que 3.000 eritreos abandonaron el país cada mes del año pasado. Huyen de la pobreza, el servicio militar obligatorio, la falta de libertad de expresión, reunión y religión, las detenciones arbitrarias, las condiciones insalubres, y la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la muerte. Huyen de la muerte, aunque ello suponga toparse con ella, como pasó el pasado 3 de octubre, cuando más de 300 personas, la mayoría procedentes de Eritrea, murieron ahogadas cerca de Lampedusa.

La huída del país no es fácil, teniendo en cuenta sus herméticos contornos. A la probabilidad de que te detengan se une el evitar los campos de minas en las fronteras. Como señala el periodista Léonard Vincent, especializado en Eritrea y antiguo responsable de la oficina en África de Reporteros sin Fronteras, “tratan de atravesar las fronteras a pie, pasando por el desierto, unos cañones áridos y evitando ser localizados por las patrullas del ejército”. La principal ruta de escape de los eritreos no es por mar. La mayoría hace su camino por tierra. Unos 40.000 eritreos están refugiados en Israel; 87.000, en Etiopía; y 125.000, en Sudán. Según el Global Trends Report de 2012 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Eritrea es el décimo país del mundo en cuanto al origen de los refugiados, con 285.000 personas.

Eritrea es un país que fue delimitado cuando los italianos la tomaron como colonia en 1890. Estuvo bajo su poder hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando sus posesiones fueron tomadas por los Aliados y Eritrea fue ocupada por los británicos en 1941. En 1952, Naciones Unidas determinó establecer Eritrea como una entidad autónoma federada con Etiopía, un acuerdo que unía los intereses de ambos territorios, la demanda de soberanía de Etiopía sobre el territorio de Eritrea y las aspiraciones eritreas de independencia.

Diez años más tarde, este acuerdo promovido por la ONU fue incumplido por el emperador de Etiopía, Haile Selassie, quien anexionó el territorio de Eritrea a Etiopía desencadenando una lucha armada que terminaría en 1991, cuando el Frente Popular para la Liberación de Eritrea (FPLE), dirigido por Isaías Afewerki, el actual presidente del país, conquistó la capital y creó un Gobierno provisional.

Un referéndum de autodeterminación proclamó la independencia del país el 24 de mayo de 1993. Sin embargo, en lugar de ir hacia la democracia y el progreso económico, el camino del país se torció hacia un régimen autoritario, dirigido por Isaías Afewerki. Afewerki, ya líder de facto antes de la independencia, fue elegido presidente de la Eritrea independiente por la Asamblea Nacional en 1993. El país tenía previstas unas elecciones para 1997 que nunca tuvieron lugar: Eritrea no conoce las elecciones.

El actual Gobierno está acusado de autoritarismo, represión y de suprimir la democracia. En el año 2001, voces dentro del partido del presidente pidieron la aplicación de la Constitución ratificada en 1997 y una mayor apertura política y social. Afewerki respondió encarcelando a los disidentes, incluido su vicepresidente, y a los periodistas que informaron de la petición. En febrero de 2002, el máximo órgano legislativo de Eritrea, la Asamblea Nacional, decidió no permitir la creación de partidos políticos en el futuro. En 2009, la organización Human Rights Watch advirtió que el Gobierno estaba convirtiendo el país en “una prisión gigantesca”. Y en diciembre de 2010, cables diplomáticos estadounidenses revelados por Wikileaks contaban que “los jóvenes eritreos huyen de su país en masa, la economía parece estar en una espiral de muerte, las cárceles de Eritrea están desbordadas y el dictador desquiciado del país sigue siendo cruel y desafiante”.

Fronteras cerradas

En 1998, las disputas con Etiopía fueron fronterizas y volvieron a resurgir por la dominación sobre la ciudad de Badme. Estas hostilidades acabaron en conflicto hasta que finalizaron en junio de 2000 con un acuerdo de paz y con miles de jóvenes soldados muertos. La ONU, que patrullaba la zona, se retiró, sin cumplir su mandato, en 2008. Las relaciones entre Etiopía y Eritrea siguen siendo tensas, manteniendo Etiopía en Badme sus tropas, aunque esta región, según un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, pertenece a Eritrea.

Eritrea es un país cerrado de fronteras herméticas, una gran prisión. Por eso es considerada como la Corea del Norte del continente africano. La libertad de circulación, expresión y religión no existe, y hay una violación constante de derechos humanos. Claire Beston, especialista en Eritrea de Amnistía Internacional, explica que “Eritrea es uno de los países más represivos, opacos e inaccesibles del mundo”. Según el periodista Léonard Vincent, “el presidente Afewerki considera a su pueblo, que es controlado en permanencia, como su esclavo. El país se ha convertido en un inmenso campo de trabajo forzado. El servicio militar comienza a la edad de 17 años y termina a los 50. Vivir en Eritrea, donde la economía está totalmente deteriorada, es hoy un calvario”.

Libertad de expresión inexistente

Obtener información de este país es muy difícil debido a que ningún periodista extranjero puede entrar en él. Eritrea no tiene medios de comunicación de propiedad privada y, según Médicos sin Fronteras, Eritrea es el último país del mundo en libertad de prensa. El barómetro de la libertad de prensa 2013 de Reporteros sin Fronteras muestra que, de los 184 periodistas encarcelados entre los años 2001 y 2011, 28 han sido en Eritrea, cifra que superan Siria, con 33 periodistas encarcelados; China, con 29; y Turquía, con 28. Además, de los 13 colaboradores encarcelados, 4 han sido en Eritrea.

Pero la libertad de expresión no se limita sólo a los medios de comunicación. La oposición está prohibida. “Cualquiera que critique al presidente Isaías Afewerki es apresado sin proceso judicial, a menudo en las condiciones más duras”, explica Beston. En un informe de mayo de 2013 publicado por Amnistía Internacional consta que en Eritrea son más de 10.000 los encarcelados por motivos políticos, detenidos arbitrariamente y recluidos sin juicio “en unas condiciones atroces inimaginables” desde que Isaías Afewerki llegó al poder hace 20 años. Aunque, en realidad, es imposible conocer el número exacto de detenidos. Algunos de los encarcelados, según el informe de Amnistía internacional, son periodistas o críticos del Gobierno. Aunque otros, meramente, han tratado de huir del país, evitar el servicio militar obligatorio en el ejército o han practicado una religión sin registrar. En Eritrea, el 52% de la población practica el islam; el 45%, el cristianismo; y el 3%, otras religiones tradicionales.

Por otro lado está el servicio militar. Se trata de un sistema en el que todos los ciudadanos sirven al ejército durante una cantidad ilimitada de tiempo. Un servicio, que en principio dura tres años y que puede prolongarse hasta la edad de 50 años. Asimismo, el ejército lleva a cabo regularmente redadas para alistar a los jóvenes.

La tortura es habitual, generalizada en una red de centros de detención. “El Gobierno ha utilizado de manera sistemática los arrestos arbitrarios y la detención sin juicio para aplastar toda oposición, reducir al silencio toda disidencia y castigar a cualquier persona que se resista a someterse al sistema represivo”, explica Beston.

Los prisioneros son encerrados en centros de detención con celdas subterráneas o en contenedores de transporte metálicos instalados en pleno desierto, según Amnistía Internacional. En la mayoría de los casos, las familias desconocen que sus familiares han sido detenidos, no reciben ninguna información de su paradero y no vuelven a saber de ellos.

“Los eritreos en el exilio estiman que hay más de 200 centros de detención en el país. Antiguos detenidos describen las condiciones de detención como un infierno. Las celdas están generalmente superpobladas con prisioneros forzados a dormir amontonados, sin poderse mover”, narra un artículo de Amnistía Internacional de junio de 2013.

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Artículo original publicado en: Los conflictos olvidados de África

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