La ley del reparto de menores desde Canarias peligra ante las reticencias de las autonomías del PP y Catalunya

Menores que pasan meses mano sobre mano, sin ir a la escuela ni aprender español. Centros de acogida de emergencia sobreocupados sin las condiciones necesarias para acoger a niños que llegan solos, agotados, tras migrar en cayuco a Canarias. Personal insuficiente y, en ocasiones, contratado de urgencia sin la formación necesaria para trabajar con menores migrantes. Denuncias de agresiones, comida de “pésima calidad”, cucarachas, baños sucios y cables pelados junto a los colchones donde duermen los chavales. Casos de adolescentes con problemas de salud mental y adicciones a ansiolíticos que nadie parece atender. 

Se trata de algunas de las quejas recogidas en la última denuncia interpuesta por dos abogadas canarias ante la Fiscalía, anunciada este viernes, contra las condiciones de un centro de emergencia de menores no acompañados en Lanzarote, gestionado por la empresa SAMU. El relato de los hechos y las pruebas que lo acompañan evidencian parte de la situación de emergencia a la que plantea hacer frente la propuesta de ley acordada por el Ejecutivo autonómico y el central para crear un sistema de reparto obligatorio de menores migrantes por el resto de España ante situaciones de “emergencia” surgidas en determinados territorios, como Canarias. La medida, sin embargo, peligra ante las reticencias mostradas por distintas autonomías, a las que el Partido Popular ha delegado la decisión sobre su apoyo a la reforma en una posible tramitación parlamentaria. 

Tras la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios de esta semana, los impulsores de la medida,  el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tienen la vista puesta en el siguiente paso: la conferencia sectorial de infancia que planean celebrar en el Archipiélago en “las próximas semanas”.

La cita es clave porque los distintos gobiernos autonómicos mostrarán su posición al tiempo que el ejecutivo canario y el central tratarán de consensuar el texto para recabar los máximos apoyos posibles. Del respaldo de las autonomías depende la consiguiente luz verde en el Congreso del Partido Popular, que aunque comparte gobierno en las islas con Coalición Canaria, se resiste a apoyar la medida si no es con el sostén de las comunidades donde gobiernan. 

El reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades es una reivindicación histórica del Gobierno de Canarias. La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos recursos con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

La dirección nacional del PP ha optado así por dejar en manos de sus gobiernos regionales la negociación del método de reparto de estos menores no acompañados. Como en el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, las discrepancias entre sus barones territoriales impide a todo el partido tener una posición común, por lo que Alberto Núñez Feijóo ha optado por no dar su punto de vista sobre la solución al problema y centrarse en hacer oposición al Gobierno.

Ese papel lo cumplió a la perfección el portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista este viernes en la cadena Ser en la que no ofreció una sola propuesta concreta, más allá de pedir un “trato humano” para las personas que puedan ser objeto del traslado, y de exigir “financiación” para las comunidades autónomas que acojan a estos menores.

Sémper acusó al Ejecutivo de tratar a las personas migrantes como “paquetería exprés”, sostuvo que no existe “política migratoria” ni acciones “en origen” para contener los flujos de llegada, recordó que los menores son “seres humanos” y se limitó a reclamar más dinero para los gobiernos. Un hilo discursivo muy habitual en el PP: rebajar impuestos mientras exige más financiación al Gobierno central.

Feijóo también siguió el guion en declaraciones ante los medios. “Hay un problema evidente de falta de política migratoria del Gobierno, de improvisación permanente, de falta de fondos y de atacar el problema en origen”, dijo. Pero el líder del PP también salió al paso de las amenazas de Vox de romper esos ejecutivos autonómicos si se acepta la llegada de menores solos. “La solidaridad de las comunidades gobernadas por el PP está garantizada”, dijo. “No existe ninguna amenaza, existe una realidad”, remachó.

La dirección nacional del PP sale así al paso de un asunto complejo para Feijóo en varios niveles. Por un lado, debe intentar no soliviantar al sector más ultra, comandado por Isabel Díaz Ayuso, quien ha llegado a relacionar sin pruebas a personas migrantes con brotes de enfermedades o problemas de inseguridad. Un marco que Feijóo asumió en las recientes campañas de las elecciones catalanas y de las europeas. Pero tampoco puede volcarse en el discurso de la extrema derecha porque dejaría sin atender su flanco central, como ya le ocurrió en las elecciones generales de julio de 2023.

Brecha en el Gobierno canario

Además, la presión sobre el PP llega también desde el territorio más interesado en la aprobación de la medida: Canarias. La ley del reparto de menores -impulsada por Coalición Canaria- ha marcado la agenda política en las islas y ha abierto una primera brecha dentro del Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular. El presidente canario, Fernando Clavijo (CC), ha mantenido numerosas reuniones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para sacar adelante este acuerdo. Mientras tanto, su socio de gobierno se resiste a mostrar una postura clara con respecto al pacto e insiste en conocer los detalles sobre la financiación que recibirán las comunidades por parte del Estado. 

El vicepresidente canario y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, anunció esta semana su decisión de no participar en la ronda de contactos con los grupos del Congreso. Según aclaró su propio partido, Domínguez ha preferido hacerse a un lado para no mezclar “la política con la gestión” y que no se ponga el foco “en un tema político”. “Esto es un problema de Estado y, como tal, tenemos que solucionarlo”, justificaron desde el PP canario. 

Aunque ahora Manuel Domínguez ha decidido mantenerse al margen, el vicepresidente canario ya propuso en pleno repunte de llegadas a El Hierro que sus compañeros de partido en la Península viajaran a Canarias para conocer en primera persona la realidad migratoria de las islas. “Si tenemos un poco, solo un poquito de empatía… Si alguien viniese a cualquiera de los puertos, a La Restinga, a Lanzarote, a ver cómo bajan esas personas de la patera, estoy convencido de que la opinión cambiaría”, dijo. Domínguez respondió así al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP a la derivación de migrantes adultos a la Península.

Los matices de Andalucía

Con el recuerdo de sus crisis migratorias pasadas focalizadas en Andalucía, el Gobierno de la Junta espera que haya 'fumata blanca' a la nueva propuesta para el traslado de menores migrantes desde Canarias, pero con matices que llevará a la conferencia sectorial. “Tenemos los recursos colapsados. Andalucía cuenta con 645 plazas para menores migrantes y esta cifra se ha superado, alcanzando 676”, cifran fuentes de la Consejería de Inclusión Social dirigida por la popular Loles López, desde donde añaden que se ha atendido en lo que va de año a 1.949 menores migrantes, esto es, casi 500 más que en el mismo periodo de 2023 y casi lo mismo que todo el año pasado (2.242). Para la Junta, el Gobierno central “improvisa y no soluciona ni a medio ni a largo plazo el problema estructural de la inmigración irregular que está llegando a Canarias”, informa Javier Ramajo.

“El riesgo de colapso es real”, denuncian desde la Consejería, detallando que desde noviembre la Junta ha acogido a 410 menores llegados desde Canarias bajo el conducto del traslado de adultos y que ha supuesto un coste superior a los tres millones de euros. “Eso ha tensionado nuestros recursos”, sostiene la Junta, que apuesta por “coordinación, planificación y financiación”, teniendo en cuenta además que Andalucía mantiene un convenio con Ceuta para el contingente de menores procedentes de la ciudad autónoma y ha recibido un total de 90. La Consejería recuerda la “singularidad” de Andalucía como una de las puertas de entrada de la frontera sur, una “comunidad de riesgo” en este sentido junto a las ciudades autónomas (Melilla y Ceuta) y Canarias.

Catalunya reclama otro modelo de acogida

Entre los obstáculos que debe superar la propuesta del Gobierno, se encuentran la negativa de dos de sus principales socios en el Congreso, los catalanes Junts y ERC. Los primeros se oponen frontalmente al reparto acordado e insisten en que se traspasen a Catalunya las competencias para decidir en todo momento cuántos migrantes asume y cómo, informa Pau Rodríguez.  

Los republicanos, al frente de la Generalitat, también han rechazado la propuesta, y exigen que se contemple para Catalunya una mayor singularidad, debido a que consideran que después de Canarias, Ceuta y Melilla, son la comunidad que más jóvenes migrantes no acompañados acoge. 

En realidad, lo que advierten desde el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat es que la distribución de los adolescentes que llegan a las Islas Canarias es una ínfima parte del total de expedientes de acogida que abren anualmente, y que si hay que reformar el sistema, habría que abordarlo en su conjunto y con mayor financiación del Estado. 

Los datos del Estado de 2023 para las comunidades autónomas reflejan que Catalunya asumió unos 1.300 menores solos, pero las cifras de la Generalitat son mucho mayores. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) registró 2.332 acogidas. Esto tiene varias explicaciones, entre ellas que muchos jóvenes que son registrados en otras comunidades acaban desplazándose a Catalunya porque tienen allí lazos familiares o de conocidos, porque está camino de Francia, porque Barcelona les despierta mayor interés o porque saben que tendrán más apoyo que en otras regiones, comenzando por el seguimiento hasta que cumplen 23 años. Pero hay otro motivo. En Catalunya, la Generalitat computa y atiende en su sistema de protección a todos aquellos jóvenes que están pendientes de la prueba de edad, para acreditar si son menores o mayores de edad. 

A día de hoy, el sistema de protección a la infancia catalán acoge a 2.396 menores migrantes solos, de los que el 61% tiene 17 años. Se trata de uno de cada cuatro menores tutelados en Catalunya.

Murcia y su localización

El Gobierno murciano ha mostrado sus dudas sobre la propuesta de reparto obligatorio de menores migrantes en momentos de crisis. “El Gobierno de España está haciendo una política de derivación y no de inmigración. Quiere poner parches a un problema que no ha sabido abordar”, han declarado a elDiario.es fuentes del Ejecutivo autonómico, informa Erena Calvo. Desde la Región recuerdan destacan la posición geográfica de su autonomía, que también es destino habitual de la migración irregular. “Pedimos al Gobierno central que haga política migratoria de una vez para afrontar la crisis migratoria que está viviendo España y que afecta muy especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, pero también a las regiones que como la de Murcia son puerta natural de entrada de migrantes”, sostienen.

En este sentido, el Gobierno autonómico solicitará en la conferencia sectorial “una financiación asegurada hasta que los menores tengan 18 años” y defienden “un acuerdo no por imposición sino por acuerdo”, dado que remarcan que el sistema de reparto debería tener en cuenta “la singularidad de regiones” como la murciana donde tienen un campamento con más de 700 migrantes derivados de Canarias.

Extremadura, en la encrucijada de Vox

El Ejecutivo extremeño no ha dejado clara la posición que defenderá en relación al reparto de menores aunque insiste en la necesidad de “cumplir la ley” en un caso que considera de gran “responsabilidad”. “La Junta siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos, pero si hablamos de menores, absoluto compromiso y sensibilidad”, ha afirmado este jueves el consejero de Presidencia y Diálogo Social de Extremadura, Abel Bautista, sobre la citada reforma. No obstante, Vox contempla todos los escenarios, incluido el de romper sus gobiernos en coalición con el PP en varias autonomías, como es el caso de Extremadura, si esa formación acepta la reforma legal para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades, como impulsan el Gobierno central y el de Canarias. Sobre esto, Bautista ha remarcado que la legislación vigente “hay que cumplirla”. “Si se quiere cambiar algo, hay que modificar la ley”, ha dicho.

Por su parte, el consejero ha expuesto que a Extremadura han llegado personas sobre las que “se nos decían que eran adultos, pero al llegar aquí eran menores”, por lo que la tutela de los mismos ha recaído en el Ejecutivo extremeño “sin ayuda del Gobierno de España”, por lo que pide más apoyo estatal en estos supuestos, informa elDiarioex.

Castilla-La Mancha reclama fondos

Castilla-La Mancha dispone de unas 150 plazas a disposición de migrantes procedentes de Canarias. Se trata de diferentes recursos de alojamientos en las cinco provincias, pero a los que se pueden sumar algunas plazas más en colaboración con organizaciones de primera acogida.

Esta misma semana, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha vuelto a expresar el compromiso del Ejecutivo en cuanto a la acogida de migrantes, también menores no acompañados, si bien ha aprovechado para reivindicar una asignación de fondos para prestar una atención de calidad. “Si no, es materialmente imposible”, ha dicho. 

A este respecto, la portavoz ha subrayado que en Castilla-La Mancha se atiende a los migrantes “de la mejor manera”, pero ahora toca pedir al Gobierno de la nación “que escuche a las comunidades autónomas y que dé recursos para atenderlos en las mejores condiciones”.

“Estamos totalmente comprometidos, pero es muy importante que el Estado sepa los costes que necesitan”, concluye.

Aragón dice ser firme ante Vox

Preguntado por la cuestión del reparto autonómico de migrantes el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha incidido en que las comunidades autónomas sean “oídas” mediante el consejo sectorial y en qué haya una votación sobre el asunto en el Congreso de los Diputados. Ha indicado que desde el Gobierno de Aragón van a  defender que cualquier ley que se apruebe en el Congreso se aplique, “ nos guste más o nos guste menos”. Ha dicho también que “en Aragón defendemos una justa solidaridad, lo que significa que todas las comunidades autónomas tenemos que tener las mismas obligaciones, lo que me preocupa es que esa ley de inmigración no se vaya a aplicar en Cataluña o en el Paiz Vasco”, informa Candela Canales.

Sobre la posición de su socio de Gobierno, Vox, Azcón ha dicho que el Partido Popular mantiene su postura y que la Consejería de Bienestar social es “responsabilidad del PP”.

Navarra muestra su apoyo

La consejera Carmen Maeztu ha señalado que, en línea de lo que ha pedido el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra apoya el reparto de los menores no acompañados que llegan nuestras fronteras para su adecuada atención por las distintas comunidades autónomas, siguiendo criterios de solidaridad y proporcionalidad“. 

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, ha recordado que “desde hace años existen ya unos criterios de reparto consensuados, pero no todas las autonomías han mostrado su compromiso a sumar en este sentido. Desde el Gobierno de Navarra consideramos que es responsabilidad de todas las CCAA, sin excepción, atender a estos menores que llegan a España y hacerlo con unos criterios de distribución que desde Navarra consideramos justa, equilibrada y equitativa. No podemos dejar la atención en manos de unas pocas comunidades y del Estado. Debemos ser solidarios y acompañar”. Carmen Maeztu ha resaltado que “desde Navarra llevamos años trabajando y acogiendo a menores no acompañados, informa Rodrigo Saiz.

Balears critica “un acuerdo bilateral”

Desde la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear, donde gobierna el PP con el apoyo externo de Vox, insisten en la “solidaridad de Balears” y en el compromiso de acoger a menores “por responsabilidad y solidaridad”. No obstante, reclaman al Ministerio que impulse estrategias globales en política de migraciones, “no únicamente hablar de reparto de menores, sino que estos menores deben ser atendidos con dignidad y conforme a los derechos humanos, algo que no puede hacerse como corresponde cuando hay saturación”. 

Desde este departamento se remiten a las manifestaciones que efectuó la consellera, Catalina Cirer, 11 de junio, en las que pedía que se tengan en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma y recordó que Balears “ya se ha consolidado como ruta migratoria”: “Nos deben reconocer que tenemos menores no acompañados que nos llegan directamente a nuestra comunidad”, señaló, una postura que la Conselleria continúa a día de hoy manteniendo, informa Esther Ballesteros.

Asimismo, reclama al Ministerio que “no rehúya su responsabilidad en la gestión de las políticas de inmigraciones” y señala que “una problemática tan sensible debe abordarse con planificación y una estrategia general que incluya también políticas en los países de origen y absoluta coordinación entre ministerios, ya que da la sensación de que la ministra Rego desconoce lo que está negociando su compañero, el ministro de Política Territorial”.

Cirer lamentó que el Estado llegue a “un acuerdo bilateral con Canarias para el reparto de menores, sin escuchar a las comunidades” y criticó que “se negocie de espaldas a otras comunidades y que se gobierne con criterios de imposición y no de consenso”. Debido a su posición geográfica, el Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) siempre ha defendido la necesidad de articular una respuesta “de Estado” permanente y ajena a voluntades políticas puntuales al fenómeno de la migración infanto-juvenil. Según defiende el consejero de presidencia del Gobierno autonómico, Alberto Gaitán (PP), debe mirar “en primer lugar por el interés superior del menor, que es el primer perjudicado cuando la saturación de los recursos hace imposible prestarles la atención que precisan”.

Ceuta pide el reparto

Ceuta sabe lo que se juega. La ciudad, con todavía la mirada en la crisis humanitaria de menores de mayo de 2021, registra desde febrero niveles de sobreocupación de los centros y recursos para niños migrantes solos que gestiona directa o indirectamente (a través de la Fundación SAMU y la asociación Engloba) superiores al 300%. En 2022 se fijó en 88 el número máximo de menores extranjeros no acompañados que debería tutelar y en 132, un 50% más, el tope para crisis puntuales.

Gaitán, que se hizo cargo de las competencias de Menores después de que renunciase a ellas Mabel Deu (PP), a punto de sentarse en el banquillo por devolver a Marruecos a 55 niños en 2021 al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería como reclama Vox, ha dejado claro a sus homólogos del Partido Popular que para la Ciudad Autónoma es “de extrema necesidad” la aprobación de una vía de reparto permanente en momentos de crisis, informa Gonzalo Testa.

La Rioja habla de “caos”

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha calificado de “caótico” y “contradictorio” el reparto de menores migrantes por parte del Ejecutivo central. Algo que ha achacado que es algo “propio de un gobierno que tiene dos ministerios con dos competencias, que llevan dos partidos que los integran, que un día dice una cosa y la otra la contraria”, informa Europa Press.

Capellán ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de las negociaciones del reparto a las comunidades de estos menores migrantes. El jefe del Ejecutivo riojano ha asegurado que el Gobierno central “como hace con otros ámbitos, como la financiación que afecta al conjunto de España, este asunto lo negocia bilateralmente con una comunidad sin tener un acuerdo con el resto de comunidades, por lo tanto no puede avanzar bien”.

“Un gobierno responsable lo que tiene que hacer es calificar bien todas esas cuestiones y dialogarlas con las comunidades autónomas y mientras eso no sea así, de estos balones de humo prefiero no pronunciarles”, ha añadido el presidente riojano, que ha apuntado, también, que “hoy están diciendo una cosa y mañana lo contrario”.

Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León ha reiterado en los últimos días que la comunidad “es una tierra de acogida” ante la reforma que obligará a las comunidades a acoger menores migrantes. Y lo hacen pidiendo “más información” al Gobierno central, pero siempre por boca de la parte del PP en el gobierno de coalición con Vox. El portavoz de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el autonomía tiene la “máxima disposición” para la acogida y que la postura corresponde a la consejera del ramo, en manos del PP, informa Antonio Vega.