México ultima su Ley contra la Tortura cercado por los escándalos de abusos policiales
Lo llaman la calentadita pero tiene otro nombre: tortura. Las imágenes de policías golpeando a tres chicos y las de dos miembros del Ejército mexicano asfixiando a una joven, ambos actos para conseguir una declaración, han llevado la tortura a las portadas de los medios nacionales.
El Senado mexicano tiene previsto debatir esta semana una Ley General contra la Tortura, después de trabajar sobre la iniciativa propuesta por el Gobierno en diciembre. Varias organizaciones sociales esperan cambios “fundamentales” en el texto del presidente Enrique Peña Nieto porque temen que, de lo contrario, los abusos policiales sigan siendo diarios en los cuarteles y comisarías mexicanas.
“Hay que perder el miedo a llamar las cosas por su nombre. Porque esa calentadita les lleva a veces a dejar un pulmón perforado”, afirma la abogada y defensora de derechos humanos mexicana Alba Cruz Ramos. “Han aparecido cabezas. Gente que aparece sin uñas, cuerpos quemados... En el mismo caso de Ayotzinapa el cuerpo de un estudiante estaba desollado... Se nota que antes de muchas ejecuciones ha habido tortura”, añade la abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Cruz insiste en que quien no ve la tortura como una “práctica generalizada” en las fuerzas del Estado –“en la Marina, el Ejército, las policías federales y municipales”– (así como los miembros del crimen organizado) es que no quiere ver. El relator especial de derechos humanos sobre la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, lo dejó negro sobre blanco tras su visita al país en un informe de 2014: Méndez criticó la tortura como una práctica “generalizada”, “un modo habitual de investigar delitos” en México.
La tortura en dos mediáticos casos
Dos vídeos han dejado pruebas gráficas de ese clamor. En uno de ellos, varios miembros del Ejército asfixian a una chica de 21 años con una bolsa y llegan a apuntarle con un arma en la cabeza. Le amenazan también con “toques” (descargas eléctricas).
Las imágenes provocaron un hecho inédito: el Ejército mexicano pidió disculpas por primera vez por un caso de torturas. “Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas”, denunció el general y secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Días después, el perdón provenía del Gobierno de México. Las palabras de las autoridades fueron contundentes, tachando los actos de “repugnantes” e “intolerables”.
En un segundo vídeo conocido este abril (aunque los hechos sucedieron en 2014), los puñetazos y las tortas son el mecanismo con el que varios policías intentan obtener información de un robo. Los golpes llegan detrás de cada pregunta, casi sin tiempo para que los chicos hablen. Los presuntos sospechosos, de rodillas y esposados, lloran.
Ambas grabaciones se han saldado con investigaciones, según las autoridades mexicanas, y por el momento han retirado de sus puestos a los responsables. Para Amnistía Internacional, supone un “primer paso, que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México”, explica Olatz Castro.
Castro recuerda, sin embargo, que el discurso del Ejecutivo mexicano sigue siendo el de “los casos aislados” y, para afrontar y combatir la tortura, hay que conocer la magnitud real del problema. Y la tortura en México no es aislada, recuerda Amnistía Internacional. Alba Cruz coincide: “Se han contabilizado hasta ahora 7.000 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Este marzo, el Gobierno de Peña Nieto negó una visita de seguimiento al país al relator de la ONU Juan Méndez. Y la investigación del grupo independiente de expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa también documentó casos de tortura en varios detenidos. El trabajo del grupo ha sido obstaculizado, según el segundo y último informe de los especialistas, por el Gobierno mexicano. Queda mucho por hacer.
Exigencias a la Ley contra la Tortura
Las sanciones que han tenido estos dos mediáticos casos no son la norma, insisten desde la sociedad civil. “Entre 2005 y 2013, en ocho años, según los datos de la judicatura mexicana 123 tribunales federales tramitaron casos por tortura y solo siete desembocaron en condenas”, critica Olatz Castro, de AI. Las organizaciones sociales piden a las autoridades que este cambio de discurso, tras la aparición de estos dos casos, se extienda a un cambio de proceder de las fuerzas del orden. Ponen también su confianza en la Ley General contra la Tortura en la que trabaja el Senado y que se debatirá esta semana. Si se aprueba en esta Cámara, pasará al Congreso antes de convertirse en el nuevo marco legal al que se agarre la sociedad mexicana.
“Lo que pedimos es una herramienta que permita erradicar la tortura”, insiste la abogada Alba Cruz. El temor de Cruz, de Amnistía Internacional y de varias organizaciones sociales es que la norma genere un camino –una puerta de atrás– para legitimar estos abusos sobre los detenidos. En primer lugar, las organizaciones exigen una mención expresa al Protocolo de Estambul, una herramienta internacional que detalla cómo investigar los casos de tortura. En el texto de Peña Nieto no figura este referente.
Otro de los puntos negros de la ley es la división en dos tipos penales de estos abusos: “Diferencia un delito de tortura y otro de tratos crueles e inhumanos, con menos pena”, explica Cruz. Las ONG temen que el delito menor sea la vía de escape de las denuncias de tortura. “Las leyes internacionales recomiendan un solo tipo penal”, insiste.
Por último, “lo más grave”, es que el artículo 47 deja abierta una vía a la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura, condenan las organizaciones. “Es un escándalo”, denuncia Olatz Castro que pide la exclusión expresa y en todo caso de las informaciones obtenidas mediante malos tratos.
“Nosotras ya hemos hecho las recomendaciones, ahora los que pueden hacer algo son los senadores”, dice Cruz. El senador Fernando Yunes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia, admitió a eldiario.es que todavía había puntos que se discutían en estas semanas en las comisiones que trabajan la iniciativa de ley. “No se admitirán la obtención de pruebas ilícitas en un procedimiento judicial”, afirma. Yunes es tajante en este punto: “No es por un acto de gracia que nos distinga de las demás posiciones políticas, sino porque es un mandato expreso de la Constitución”
Sobre si habrá uno o dos delitos, no hay una respuesta por el momento, reconoce Yunes. Tampoco puede confirmar si el Protocolo de Estambul aparecerá en la norma mexicana. “En mi opinión, es un documento que, efectivamente, debe estar reproducido lo mejor posible en la próxima ley”, afirma el senador del PAN.
Las ONG esperan que estos ejemplos de tortura que han obligado a dar la cara a las autoridades fuercen a los legisladores para conseguir un marco legal lo más garantista posible. “Creemos que así se incentivará a la denuncia. Ahora todo el mundo tiene miedo a la policía, al menos en Oaxaca. Si se profesionalizan los cuerpos policiales y se investigan verdaderamente los casos, habrá más personas que se atrevan a denunciar”, considera Cruz. La denuncia, espera, no será la de una calentadita sino la de un caso de tortura.
